Sunedu culminó proceso de licenciamiento: una de cada tres universidades fueron denegadas

Actualización

Esta nota fue publicada originalmente el día 5 de agosto del 2020. Ha sido actualizada debido a que hoy, 13 de enero del 2021, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció la culminación de la primera etapa de licenciamientos.

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El 9 de julio del 2014, el diario oficial “El Peruano” incluyó entre sus páginas la Ley 30220, conocida también como Ley Universitaria. Ese fue el punto de partida para la reforma del sistema de educación superior del país, cuyo componente principal es el proceso de licenciamiento al que se sometieron las 145 universidades públicas y privadas que hay en el Perú. Un procedimiento regulado y llevado a cabo por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que también llegó con la norma.

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Seis años después, la primera etapa del licenciamiento acaba de culminar. Con ello, 94 casas de estudios fueron licenciadas (65%) y 50 resultaron denegadas (35%) y tres están pendientes de resolución (2%). Es decir, una de cada tres universidades peruanas no acreditaron el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la ley.

Los alumnos, el eje de la reforma

De las 94 universidades y escuelas de posgrado licenciadas, 46 son públicas (49%) y 48 son privadas (51%). Asimismo, 37 de estas instituciones tienen su sede en Lima (39%), y 57 en las diferentes regiones del país (61%).

De acuerdo con la Sunedu, más de 1′320.000 alumnos se han beneficiado con la reforma debido a que sus casas de estudios cumplieron con la normativa vigente. “El licenciamiento ha permitido que tengan la seguridad de recibir una formación profesional en universidades, con programas académicos y filiales, con condiciones básicas para su funcionamiento y eso se traduce en una oferta con mayor garantía para todos los jóvenes del país “, explicó el superintendente encargado Oswaldo Zegarra.

La otra cara de la reforma es la denegatoria. De las 50 universidades con licencia denegada, casi todas son privadas (47) y tres son de gestión pública: la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica), la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UPRG) y la Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA). Como consecuencia, unos 239.000 estudiantes se han visto afectados por estas casas de estudios.

Este es el ranking de las universidades denegadas con el mayor alumnado, que tiene entre sus primeros diez lugares a las conocidas Alas Peruanas (UAP), Telesup, e Inca Garcilaso de la Vega (UIGV):

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Inversión y ordenamiento

La Ley Universitaria establece que, tras la denegatoria, las instituciones educativas tienen hasta dos años para cesar sus actividades, un proceso en el cual deben asegurar la continuidad de los estudios de su alumnado. Debido a la pandemia del COVID-19, este plazo se amplió a cinco años.

Solo las universidades públicas denegadas pueden acogerse a un plan de emergencia implementado por el Ministerio de Educación (Minedu), a fin de optar por un nuevo licenciamiento; la Unica ya inició este procedimiento. Hace unas semanas, la Comisión de Educación del Congreso intentó que este rescate estatal alcanzara a las universidades privadas, pero la iniciativa fue retirada debido al cuestionamiento público.

La Dirección General de Educación Superior Universitaria (Digesu) del Minedu informó a este Diario que el sector había transferido casi S/1.000 millones a las universidades públicas, a fin de asegurar la calidad educativa en el marco de la reforma. La inversión estuvo vinculada a la mejora de las CBC para el proceso de licenciamiento, la asistencia técnica continua y el incremento en la remuneración de los docentes.

Pero la gestión presupuestal fue diferente en las universidades privadas denegadas. De acuerdo con la Sunedu, por alumno estas instituciones invirtieron menos de la mitad de lo que gastó una casa de estudios licenciada.

Solo entre los años 2016 y 2017, las casas de estudios que finalmente obtuvieron su licencia reportaron –en promedio– un gasto anual de S/10.084 por cada estudiante; las denegadas solo S/4.431. Ambas cifras aún están lejos de las registradas por aquellas universidades de Latinoamérica que ingresaron al ranking QS este año: S/20.316 (en promedio en el top 200) y S/17.142 (en el top 400).

Así fue la inversión anual por estudiante de algunas instituciones educativas que fueron parte del proceso de licenciamiento, según la superintendencia:

Para cumplir las CBC que estipula la Ley Universitaria, las universidades públicas y privadas debieron pasar por un proceso de sinceramiento de su oferta académica. En esa línea, 65 instituciones desistieron de un total de 3.695 programas (56% de pregrado, 30% de posgrado y 14% de segundas especialidades). La gran mayoría de estos no alcanzaba el estándar requerido. Otras 16 universidades cesaron las actividades en 115 locales y 75 filiales ubicados en 22 regiones del país.

Los intereses políticos

En las últimas semanas, en la Comisión de Educación del Congreso se discutieron distintas iniciativas que –nuevamente– buscaban modificar el rol de la Sunedu y el objetivo de la reforma. Todas fueron retiradas debido a las críticas; como la creación de una instancia superior a la superintendencia (el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios) que revisaría los licenciamientos, o la aplicación de un rescate estatal para las universidades privadas denegadas.

Sin embargo, una propuesta de este grupo de trabajo sí prosperó: el pleno aprobó su pedido y le otorgó facultades de comisión investigadora contra la Sunedu por presuntas irregularidades en los licenciamientos de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y de la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).

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Según los congresistas solicitantes, habría un posible “favoritismo” de la Sunedu al otorgarles la licencia cuando estas instituciones no contaban con la infraestructura requerida ni con alumnos matriculados. Al respecto, la superintendencia aclaró que esos argumentos eran “falsos” y que el proceso fue realizado de acuerdo a ley.

De hecho, tanto el ministro de Educación, Martín Benavides, como el superintendente Zegarra fueron citados a diferentes sesiones virtuales de la comisión, en las que explicaron los procedimientos de supervisión y fiscalización en ambas universidades. Sin embargo, el titular del Minedu dijo a El Comercio que “no nos escucharon”.

Este Diario investigó a cada uno de los miembros de la Comisión de Educación que han criticado abiertamente a la Sunedu. Varios fueron elegidos tras haber postulado con los partidos Podemos Perú (cuyo presidente es José Luna Gálvez, dueño del Consorcio Telesup); Unión Por el Perú (vinculado a Virgilio Acuña, promotor de la denegada Universidad de Lambayeque); y Fuerza Popular (relacionado a la denegada Alas Peruanas y detrás de tres intentos del Congreso disuelto para investigar a la superintendencia).

De hecho, quien promovió el pedido facultades para conformar una comisión investigadora fue el congresista Orestes Sánchez (Podemos Perú); lo hizo el mismo día en que su colega de bancada, María Gallardo, anunció que presentaría una moción de interpelación contra el ministro Benavides (que nunca oficializó).

El vocero de este grupo, Daniel Urresti, dijo que se retirarían de la Comisión de Educación para evitar posibles cuestionamientos por el vínculo con Luna Gálvez, pero –a pesar de ello, y de alguno u otro modo– las propuestas de Sánchez y Gallardo ya tuvieron luz verde en el pleno.

Pero los cuestionamientos a la reforma universitaria desde el Congreso no son nuevos: desde el 2018 van cuatro intentos para investigar la Sunedu, tres de los cuales surgieron con la anuencia de las exparlamentarias Paloma Noceda, Milagros Salazar y Tamar Arimborgo (Fuerza Popular), quienes presidían el grupo de trabajo de Educación. En ninguno de estos casos hubo un informe final debatido.

El ministro Martín Benavides, quien además fue titular de la Sunedu entre marzo del 2018 y febrero de este año, dijo a El Comercio que en los últimos años se ha logrado “mejorar el sistema universitario, la investigación, la infraestructura y el uso de los recursos para fines académicos”.

“Queda claro que hay y hubo intentos para debilitar la independencia y fortaleza de la Sunedu, tratando de empañar su credibilidad. Existen sectores que buscan regresar a las situaciones donde aumentaban los márgenes de ganancia de las universidades, pero no incrementaba la calidad académica. Eso no volverá a pasar gracias a la ley”, agregó Benavides.