Asociación de Museos del Perú pide al Presidente de la República que observe nueva ley aprobada en el Congreso

Multas, censuras, suspensiones, retiro del registro, ejecutores coactivos. La Ley General de Museos, aprobada recientemente por el Congreso de La República, puede, según los especialistas, convertirse en una amenaza para el desarrollo de los museos en el país. Así de grave es el panorama que describe Pedro Pablo Alayza, presidente de la Asociación de Museos del Perú, ente especializado conformado por instituciones públicas y privadas que, de pronto, advierten que este intento por regular sus funciones solo desincentivará su desarrollo.

Vayamos al principio: ¿Cuán necesaria es una ley de Museos? Ya en abril pasado, esta asociación había enviado una carta al Congreso de la Republica, dirigida al congresista Alcides Rayme Marín, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, cuando se aprobó el proyecto de Ley con dictamen en mayoría. En ella, se solicitaba, previo al debate en el Pleno del Congreso, convocar a los distintos actores del ámbito museístico para, en un diálogo amplio, expresar la opinión técnica y especializada del gremio. No hubo respuesta.

En aquella misiva, la asociación alertaba que la sobrerregulación en el ámbito museístico podía resultar una seria amenaza a la heterogeneidad y diversidad del sector, sino que varios aspectos de la ley suponían una peligrosa posibilidad de censura a la hora de definir sus actividades. En efecto, la ley aprobada posee varios incisos vinculados a la potestad fiscalizadora y sancionadora del Ministerio de Cultura, facultado para sancionar actividades que, según el criterio del funcionario de turno, sean contrarias “al orden público”, “buenas costumbres” o “apología del terrorismo”, conceptos en extremo subjetivos. Incluso, como “infracción muy grave”, la ley dispone que el Mincul castigue con multas o suspensiones la implementación de exposiciones o la ejecución de actividades “que busquen tergiversar la verdad de los hechos o situaciones pasadas con el fin de modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía”, dice el texto legal. Si bien ya especialistas han señalado que un museo como El Lugar de la Memoria pareciera ser directamente afectado, este marco legal afectaría a cualquier institución que quiera proponer una lectura de la historia crítica a la oficial.

“Es una ley plagada de errores, problemas y suspicacias”, lamenta Pedro Pablo Alayza, presidente de la Asociación de Museos del Perú y director del Museo de Osma. En as próximas horas, su institución enviará una carta formal al Presidente de la República y al Ministro de Cultura, donde explica las razones por las cuales se debe poner freno a la promulgación de esa ley planteando argumentos técnicos que Alayza expone en esta entrevista.

¿Qué tan necesaria resulta una Ley de Museos, cuál es el marco legal en el que actualmente los museos se desarrollan?

Desde nuestro punto de vista, no es necesaria una Ley de Museos. En la legislación vigente, contamos con la Ley de Patrimonio y la normativa internacional del ICOM (Consejo Internacional de Museos). Eso es suficiente para que los museos funcionen. Esta nueva ley regula lo que ya está regulado, y por eso resulta innecesaria. Asimismo, contempla una serie de disposiciones y sanciones punitivas que el Estado podría tomar hacia los museos en caso de problemas de orden administrativo. En realidad, si se aprobara una ley de museos, esta debería ser de promoción, que fuera fiel a los lineamientos de las políticas de cultura oficiales, para que los museos se integren más al desarrollo cultural, social, urbano, etc. El museo cumple un rol muy importante y hay que darle facilidades.

Una de las principales críticas que se le hizo al proyecto de ley es su sesgo punitivo y censor…

Es el tema de interpretación de fondo. La ley aborda ambiguamente ciertas actividades curatoriales que pueden ser consideradas como “apología del terrorismo”, o estar enfrentadas a las “buenas costumbres”, cosas que son, obviamente, muy delicadas. Estaríamos frente a una especie de inquisición, a la espera de qué cosa se dice para salir a censurar. El gremio de curadores ha manifestado su preocupación por eso.

La ley convertiría al ministerio de cultura no solo en un ente censor sino policial: cobra multas, retirar o suspender el registro de un museo, contar con ejecutores coactivos…

¡E incluso señala que las multas que se cobren ayudarán a “la caja” del Ministerio de Cultura! Viéndolo fríamente, ¿a quién aplicarían esos reglamentos? ¿El estado se va a auto censurar? El Ministerio de Cultura tiene medio centenar de museos a su cargo, muchos de ellos con muchas dificultades, que no cumplen con los requisitos básicos como mantener sus inventarios en orden. Y hay que ver qué pasa con los museos privados, los museos estatales que no dependen del ministerio, los museos de las universidades públicas, los museos de los municipios y de las regiones. Nada de eso está claro en la ley. Hay muchos vacíos.

Además de estas propuestas punitivas, en la primera parte de la ley se clasifican los museos con una serie de incisos enunciativos ¿Cuán enfocada ves ese diagnóstico legal?

No se aclara bien el sentido de qué cosa es un museo público y qué uno privado. Si bien dice que es potestad de cada museo organizarse, se trata de una ley en exceso reglamentarista. En la realidad, cada museo encuentra su camino según sus necesidades y públicos, sus recursos se adecúan a ellos. Si nos remitimos a la normativa internacional, como la del ICOM y la Unesco, realizadas por consenso mundial, es más que suficiente para decantar las categorizaciones de los museos. No vale la pena hacer nuevas definiciones. El Perú es un país firmante de estas normativas, las cuales son vinculantes y tienen fuerza de ley para nosotros.

¿Crees que esta ley es inconstitucional?

No tengo la competencia para decirlo. Probablemente lo sea, pero prefiero plantearlo así: una ley es pertinente o no lo es. En este caso, esta ley no responde a una necesidad pública. No contribuye a que los museos estén en mejores condiciones. El sentido último de una ley es regular una práctica social, pero en este caso solo se está configurando una suerte de reglamento poco preciso, sin claridad e innecesariamente punitivo.

¿Cuál es el siguiente paso, cómo se manifestará la Asociación?

Mandaremos en breve una carta al Presidente de la República y al Ministro de Cultura, explicando las razones por las cuales no se debe promulgar esa ley. Con los argumentos que ya habíamos planteado en abril pasado, añadiendo otros más técnicos.

¿Confías que el Presidente Sagasti observe la ley?

Pienso que sí. El presidente debe oír las voces de la opinión pública y, especialmente, de los especialistas. Estamos hablando de una ley nociva: que va a perjudicar el funcionamiento de los museos.

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