En marzo de 1999, Margaret Thatcher fue a tomar el té a una casa de las afueras de Londres donde Augusto Pinochet cumplía arresto domiciliario. Frente a las cámaras, la mujer que había combatido a la Argentina agradeció al dictador la ayuda chilena de 1982, una ayuda cuyo detalle sería público décadas después: pilotos, radares y operaciones clandestinas. Al comenzar la guerra, el oficial británico Sidney Edwards viajó a Santiago para coordinar con el jefe de la aviación chilena, Fernando Matthei, en una colaboración que debía permanecer secreta. El radar de Punta Arenas vigilaba los movimientos aéreos argentinos y sus alertas permitían a los británicos prepararse para los ataques. Según contaría Edwards, Chile facilitó además una pista en la isla de San Félix, y aviones británicos pintados con insignias chilenas participaron en misiones de reconocimiento. Así pues, mientras los pilotos argentinos arriesgaban la vida sobre el Atlántico, desde el otro lado de los Andes salía información que ayudaba a sus enemigos a derribarlos. Santiago temía que una victoria argentina reabriera el conflicto del canal de Beagle y actuó en consecuencia. Claro que la colaboración tuvo también una contrapartida material: Chile recibió aviones de combate y equipos militares británicos. Diecisiete años después, frente a las cámaras, Thatcher reconocía la deuda: la escena duró apenas unos minutos. La relación que explicaba aquel agradecimiento, en cambio, venía del siglo anterior.
Y sigue siendo útil para leer el presente. En los últimos días, Donald Trump dejó abierta la posibilidad de revisar la posición estadounidense sobre las Malvinas, y Javier Milei anunció un endurecimiento de las medidas contra las empresas que explotan hidrocarburos en las islas. En el centro de la disputa está Sea Lion, cuyo primer barril de petróleo se prevé para marzo del 2028. El petróleo todavía no sale; los contratos, las inversiones y las alianzas ya se están moviendo. Chile respondió con un comunicado que reiteraba su respaldo al reclamo argentino y, en el mismo documento, extraía de Buenos Aires el reconocimiento escrito a la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes. Esa soberanía estaba establecida por tratados, pero reafirmarla después de las controversias recientes tiene un valor evidente. El respaldo chileno a las Malvinas tampoco es nuevo: lo revelador es la manera de asociarlo a la defensa de un interés propio. En 1982, Santiago ayudó a Londres a derrotar a un vecino que consideraba peligroso; hoy acompaña a ese vecino después de obtener el reconocimiento formal de sus fronteras. Cambian los interlocutores, permanece la agenda. Un país reconciliado con su historia negocia en permanencia. Un país que la ignora, en cambio, conmemora. Al Perú le convendría detenerse en esa diferencia, porque alguna vez tuvo capacidad para hacer bastante más que enviar un saludo.
La tuvo incluso antes de que existieran Argentina o Chile. Durante buena parte del período virreinal, Lima fue el centro político de una inmensa porción de Sudamérica, y las guerras de independencia terminaron por borrar al Perú como centro espiritual de las nuevas repúblicas. La letra original del himno argentino, aprobada en 1813, hacía estremecer las tumbas del Inca ante el renacimiento del antiguo esplendor. Tres años después, Belgrano propuso una monarquía encabezada por un descendiente de los incas, con el Cusco como capital. El proyecto fue rechazado, pero alcanzó a formular una posibilidad hoy casi inconcebible: que la nueva nación del Río de la Plata buscara su centro en los Andes peruanos. Esa historia no nos concede una autoridad eterna. Sí vuelve más difícil aceptar nuestra condena reciente a la irrelevancia. En 1982, de hecho, Belaúnde no la aceptó. Mientras Chile proporcionaba inteligencia a Londres, el Perú enviaba aviones a la Argentina, y Lima impulsaba un plan de paz. El 2 de mayo, el hundimiento del General Belgrano, con su saldo de 323 argentinos muertos, agravó las condiciones de la negociación propuesta por el Perú. Lima había tomado riesgos, comprometido recursos y procurado detener la guerra. Hoy solemos recordar el episodio como una prueba de generosidad, antes que de astucia o método patriótico. Dicho de otro modo, hemos conservado un cierto orgullo por las proezas de nuestros aviones. Corresponde recuperar la ambición diplomática que viajaba con ellos.
Y el Perú tiene una razón histórica adicional para comprender qué ocurre cuando un territorio disputado encierra una riqueza que otros empiezan a explotar. En 1875, el Estado peruano había emprendido la nacionalización de las salitreras de Tarapacá, compensando a sus propietarios con certificados. Cuatro años después comenzó la guerra que acabaría por arrebatarnos la provincia. Entre los instrumentos de la superioridad naval chilena estaban el Cochrane y el Blanco Encalada, construidos específicamente por astilleros ingleses para aniquilar a la marina peruana en el Pacífico; bajo sus cañones se decidió en Angamos la suerte de Iquique y Arica. Pero Londres no solo se valió de terceros para imponer sus intereses. Mientras chilenos y peruanos se mataban en el desierto, el empresario John Thomas North compraba a precio depreciado aquellos certificados salitreros. Chile ocupó el territorio y dispuso la devolución de las propiedades a los tenedores de los títulos: los papeles adquiridos durante la catástrofe peruana se transformaron en derechos sobre su riqueza. North sería conocido como el Rey del Salitre en Londres. Y Londres tenía motivos para homenajearlo: en 1895, las firmas inglesas poseían el 59 % de la propiedad salitrera; las chilenas, apenas el 12 %. Basta detenerse en aquellas cifras para entender el origen de la guerra: el recurso que el Perú había intentado colocar bajo control nacional terminó, después de la agresión chilena, mayoritariamente en manos británicas. La victoria había cambiado la frontera y deshecho la nacionalización. Chile se quedó con el territorio; los capitales ingleses recuperaron el recurso. El mapa escolar muestra lo primero. Para comprender lo que perdimos hay que mirar también lo segundo.
En Sea Lion, el petróleo todavía está bajo el mar, pero su destino empieza a decidirse sin la Argentina. Mientras Buenos Aires reclama la soberanía, las empresas autorizadas por las autoridades británicas preparan la extracción. El reloj de los contratos avanza aunque el de la negociación permanezca detenido. Para nosotros, esa distancia entre reclamar un territorio y disponer de su riqueza debería resultar inquietantemente familiar. Pero la historia del Perú nos ha legado también algo más que la experiencia de la derrota en el desierto: la memoria de una civilización cuyo pasado congregó el sueño de la América independiente, y la experiencia de haber sido, durante los siglos que duró el virreinato, el eje político y económico de Sudamérica. Hasta las propias Malvinas quedaron enmarcadas, desde la creación de su gobernación en 1766 hasta 1776, en el virreinato del Perú. Por increíble que resulte, la presencia de las islas concitó la atención de Lima antes de que existiera Argentina como república. Hoy podría volver a hacerlo por iniciativa peruana. Mientras Washington insinúa cambios y Chile protege el Estrecho de Magallanes, Lima podría aspirar a sentar en una misma mesa a Donald Trump y Javier Milei para convertir la apertura estadounidense en un respaldo concreto a la reivindicación argentina. Una iniciativa de esa magnitud exigiría reconstruir influencia, pero también daría un propósito a esa reconstrucción: devolver al Perú un papel en las decisiones que afectan el equilibrio del continente. Es posible que Belaúnde haya entendido en 1982 que ese papel se ejercía tomando la iniciativa. Después de todo, para nosotros, el vínculo entre territorio perdido, riqueza ajena y poder británico tiene un nombre: Tarapacá. Para los argentinos, se llama Malvinas. Haberlo aprendido a ese precio debería servir para algo más que guardar luto.
