3 cambios que el gobierno de Joe Biden ya introdujo en las relaciones de EE.UU. con América Latina

Paso a paso y sin el estruendo habitual de su antecesor, el presidente Joe Biden ha comenzado a cimentar una nueva relación de Estados Unidos con América Latina.

A menos de un mes de su inicio, el gobierno de Biden tomó diversas acciones hacia la región que contrastan como el día y la noche con las políticas del expresidente Donald Trump.

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A continuación, un análisis de tres de esos cambios:

1. Mayor presión por democracia, corrupción y derechos humanos

EE.UU. ha vuelto a poner en la mesa de su trato con América Latina temas de democracia, corrupción y derechos humanos, aumentando la presión sobre algunos países.

Esto supone una novedad respecto a Trump, quien relegó esos asuntos en su vínculo con los gobiernos de la región, excepto los de Venezuela, Cuba y Nicaragua por motivos ideológicos, señalan expertos.

Sobre Nicaragua, Washington indicó este mes que está “profundamente preocupado por la creciente represión del gobierno del presidente (Daniel) Ortega”.

“Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura”, indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, y reclamó un “cambio de rumbo” al mandatario.

Pero también ha lanzado advertencias a otros gobiernos de la región que solían escapar de las críticas de Trump.

A finales de enero, Price indicó en un comunicado que EE.UU. seguía de cerca el intento del Congreso de Guatemala de colocar en la Corte de Constitucionalidad a un juez con acusaciones de obstrucción de la justicia y vínculos con un empresario acusado de corrupción.

El gobierno de Biden también rechazó un pedido de reunión del presidente salvadoreño Nayib Bukele durante un viaje que este realizó a Washington días atrás, informó la agencia de noticias AP.

Esto fue visto como una muestra de la inquietud de Washington por la situación del Estado de derecho y la democracia en El Salvador.

“Están enseñando que están dispuestos a enjuiciar los regímenes de la región sin ideología, de una manera muy objetiva”, dice Christopher Sabatini, investigador senior para América Latina del centro de análisis Chatham House en Londres, a BBC Mundo.

EE.UU. también expresó preocupación el jueves por la violencia contra defensores de los derechos humanos en Colombia.

“Reducir esta violencia e investigar estos crímenes es una de las principales prioridades tanto para EE.UU. como para Colombia”, dijo Price, “y es un tema que planteamos al gobierno colombiano”.

2. El fin de los acuerdos de “tercer país seguro”

La mayor inquietud de Trump respecto a América Latina era detener el flujo de migrantes hacia EE.UU., y para ello endureció políticas dentro y fuera del país.

Biden quiere desmantelar ese legado y su gobierno ya ha tomado una acción concreta: suspendió los acuerdos de cooperación de asilo firmados por Trump en 2019 con Guatemala, El Salvador y Honduras.

Esos pactos de “tercer país seguro” obligaban a los solicitantes de asilo de la región a pedir refugio en esas naciones del llamado Triángulo del Norte, antes de hacerlo en EE.UU.

El secretario de Estado, Antony Blinken, indicó que las interrupciones de los acuerdos eran “los primeros pasos concretos” para poder gestionar la migración en la región.

El objetivo señalado por Biden es crear un nuevo marco regional para eso y procesar de forma ordenada las solicitudes de asilo en la frontera de EE.UU. con México, algo que requerirá más tiempo.

“Llevará entre cuatro y seis meses poner en marcha un sistema de asilo viable. Mientras tanto, creo que dependerá de los países de tránsito y de México asegurarse que no haya un aumento (del número de migrantes) en la frontera”, dice Muzaffar Chishti, un experto del Instituto de Política Migratoria en Nuevas York, a BBC Mundo.

Biden firmó una orden ejecutiva este mes con el objetivo de abordar las causas de la emigración y el desplazamiento forzado hacia EE.UU., como la violencia o la inseguridad económica, y prevé destinar US$4.000 millones al Triángulo del Norte.

Biden también pidió revisar el programa Protocolos de Protección a Migrantes, también denominado “Quédate en México”, lanzado por Trump y por el que miles de solicitantes de asilo fueron enviados a ese país mientras se tramita su pedido en EE.UU.

Washington ha indicado que comenzará a procesar esas solicitudes a partir del viernes 19, lo que permitiría el ingreso gradual a EE.UU. de migrantes.

Miembros de la oposición republicana sostienen que estos cambios y el abandono del proyecto para construir el muro fronterizo con México que quería Trump atraerán más migrantes hacia EE.UU., pero el gobierno de Biden niega que la frontera esté abierta.

3. Revisión de sanciones a Venezuela

Otro cambio que se esperaba del gobierno de Biden era un relajamiento de algunas sanciones a Venezuela, y eso ha comenzado a ocurrir.

El Departamento del Tesoro habilitó este mes ciertas operaciones en puertos y aeropuertos del país sudamericano que habían sido vedadas por el gobierno de Trump.

La medida está lejos de significar un fin de las sanciones al sector petrolero venezolano: el Tesoro aclaró que la nueva autorización excluye actividades de exportación de diluyentes a Venezuela, necesarios para refinar el crudo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro tampoco incluyó en el permiso a funcionarios del gobierno venezolano de previamente sancionados.

Pero este leve cambio es visto como un anuncio de que Washington ya revisa la política de sanciones a Venezuela implementada por el gobierno de Trump, que buscó restringir la mayor cantidad posible de actividades en ese país.

“Esto enseña que no van a mantener la misma inflexibilidad con las sanciones”, dice Sabatini. “Pero es posible que esta acta también sea para abrir las puertas a ayuda humanitaria”, agrega.

Y recuerda que, pese a las excepciones previstas por ejemplo para la llegada de alimentos y medicinas al país, las organizaciones dedicadas a esas tareas se sentían inseguras sobre cómo proceder.

De hecho, un informe de un organismo de control del gobierno de EE.UU. indicó este mes que las sanciones a Venezuela pudieron haber obstaculizado la ayuda humanitaria y agravado la crisis económica del país.

Tras conocer el informe de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO, por sus siglas en inglés), el presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., el demócrata Gregory Meeks, pidió asegurar “que las sanciones no impidan la entrega de asistencia humanitaria a quienes más la necesitan”.

Blinken ha calificado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de “dictador brutal” y muchos descartan que Washington levante las sanciones impuestas a miembros de su gobierno por abusos de derechos humanos y corrupción.

Pero EE.UU. podría ajustar sanciones económicas mientras coordina con otros países su reclamo de elecciones generales libres en Venezuela.

“Es hora de avanzar de cuatro años de política fallida del gobierno de Trump hacia Venezuela y trabajar con nuestros aliados del Grupo de Lima y la Unión Europea en un enfoque multilateral más efectivo para las múltiples crisis del país”, sostuvo Meeks, considerado un posible articulador de esos esfuerzos.

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