Luego del golpe de Estado de Pedro Castillo, en diciembre del 2022, la incertidumbre primó entre los analistas económicos. El nefasto desgobierno de Castillo ya había generado impactos negativos en el crecimiento del 2023, al ahuyentar la inversión privada. Al desconocerse qué tipo de gobierno asumiría su exvicepresidente Dina Boluarte, quien, durante su período como ministra de Estado, apoyaba el cambio constitucional y se había manifestado en contra de la actividad extractiva en foros internacionales.
Ante ello, lo recomendable era observar con cautela las decisiones del nuevo mandato presidencial. La elección de ministros mayormente técnicos, con cierta experiencia pública, era una mejor noticia. Pero era difícil predecir la sostenibilidad de un gobierno sin habilidades políticas en el equipo, pues la presidenta no tenía partido en el Congreso que la respaldase, a lo que se añadió el luctuoso estallido social, que dejó en el limbo una atención focalizada a los reclamos en las regiones afectadas, y paralizó muchas actividades productivas, en el primer trimestre del año. Fue entonces que el primer ministro Alberto Otárola jugó un rol político crucial, porque –nos guste o no– logró un acuerdo tácito con el variopinto conjunto de congresistas, basado en el “no adelanto elecciones”, que le dio estabilidad –precaria y hasta potencialmente explosiva– al régimen de Boluarte.
Es cierto, el año comenzó complicado también por fenómenos externos, como el ciclón Yaku, que afectó duramente a sectores como agricultura y pesca, y también el entorno internacional estaba complicado con problemas inflacionarios y de desaceleración del crecimiento de varias economías socias comerciales del Perú; los bancos centrales, incluido el nuestro, subían la tasa de interés para contrarrestar el crecimiento de la demanda agregada debido a estímulos monetarios que se utilizaron en la pandemia, aunque ya están retrocediendo y controlando la inflación. Nuestro Banco Central estuvo a la altura, regresando la tasa de inflación a la tasa meta del 3%, más pronto que otros países de la región. Sin embargo, el nuevo gobierno de Boluarte no estaba preparado para afrontar estos hechos, si bien su equipo fue una mejora sustancial frente al caótico, cambiante y corrupto de su antecesor, pareciera que fuera simplemente un administrador del día a día.
Mucho gasto y pocas políticas públicas que nos den claridad hacia dónde van. Comprensible al inicio, inaceptable a fines de su primer año de mediocre gestión, que resulta en crecimiento negativo en el 2023 (-0,5% según el BCRP), el primero desde la crisis financiera mundial del 2008-2009. El déficit fiscal, según la mayoría de los analistas, superará la regla fiscal, justificable porque había que destinar recursos para prepararse frente al potencial Niño costero y, lamentablemente, la recaudación fiscal había disminuido como consecuencia de la menor actividad económica. Sin embargo, el propio ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, al no asumir rápidamente el hecho de que estábamos entrando en recesión, no pudo poner freno al gasto no focalizado del Ejecutivo ni al incontrolable activismo fiscal del Legislativo, que se ha dedicado a crear gasto corriente permanente, comprometiendo las finanzas públicas a futuro. La falta de liderazgo se traduce en discursos incoherentes que hablan de promover la inversión privada, pero mantienen la agenda laboral de la era Castillo y hablan de aumento de la remuneración mínima vital sin concertación tripartita, cuando la productividad laboral cae y la informalidad aumenta. Las incoherencias en la agenda de inversiones pasa por errores en el discurso como el repetido y populista “Tía María no va”, para no generar olas de protesta en Arequipa, en vez de buscar una salida negociada al tema, hasta por la entrega de lotes petroleros para operar (e invertir, aunque lo nieguen) a Petro-Perú, en vez de cumplir su rol subsidiario y cuando es público que es una empresa con graves problemas financieros y de gestión.
Si bien el crecimiento esperado para el 2024 es positivo (alrededor del 2,5%), sigue siendo bajo para un país que debe reducir pobreza y los impactos negativos en el capital humano, por lo menos, debe crecer al 5% anual por un período prolongado. El gobierno de Boluarte debe tomar el liderazgo y cambiar la agenda económica hacia el crecimiento y la formalización, con reformas que aseguren inversión, empleo y desarrollo, la población se lo agradecerá.
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