¿Existe una pandemia de corrupción en Perú?, por Denisse Rodríguez

Es indudable que la pandemia producida por el COVID-19 plantea desafíos en todo nivel, y la lucha anticorrupción no es una excepción. Con una respuesta global que supera cualquier tipo de medida antes realizada, se estiman pérdidas de al menos 455 mil millones de dólares en el sector de salud (U4 Anti Corruption Resource Centre, 2020). La escasez y la alta demanda de servicios de salud durante emergencias conlleva a la priorización de la rapidez por sobre la transparencia lo cual podría dar lugar a corrupción en compras públicas, controles internos, donación de alimentos, respuestas humanitarias, entre otras.

Por ejemplo, durante el brote epidémico del virus del ébola en África Occidental (2013 – 2016), la corrupción se manifestó de forma directa en la desviación generalizada de fondos y suministros médicos, sobornos y procesos de compras públicas poco transparentes. Se podría pensar que son los países con menos recursos son los más propensos a sufrir este tipo de corrupción. No obstante, economías más establecidas también sufren los embates de la corrupción.

De este modo, durante la pandemia causado por la llamada ‘gripe porcina’ (H1N1) en 2009, los laboratorios estuvieron en el ojo de la tormenta. El gigante farmacéutico Baxter fue acusado de fraude por vender vacunas con un sobreprecio de 1300% al programa Medicaid para la población más vulnerable de Estados Unidos. La empresa llegó a acuerdos extrajudiciales con diversos gobiernos federales de dicho país por varios millones de dólares (Syal y Ojha, 2009). Cabe señalar que esta empresa también está produciendo materiales para tratar a pacientes con Covid-19, y ha realizado donaciones de más más de dos millones de dólares a sus socios en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina a fin de apoyar a las comunidades afectadas por el coronavirus

Volviendo al caso peruano, en 2018 el Estado peruano perdió más de 215 millones de soles solamente en casos de corrupción en el Seguro Integral de Salud según un informe de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Actualmente, la Contraloría General de la República indicó 166 casos de corrupción en el estado de emergencia por COVID-19. Las modalidades más comunes serían el peculado, cohecho y proselitismo político. Lamentablemente, países con economías y democracias más estables como Estados Unidos vienen entregando cheques con el nombre de Donald Trump, actual presidente y camino a la reelección, en un claro uso político de las políticas de alivio económico a raíz del Covid-19. Más de tres billones de dólares repartidos sin mayor focalización a adultos que alguna vez hayan pagado impuestos.

La existencia de ‘egoístas racionales’ de acuerdo con los términos de Elinor Ostrom, politóloga ganadora del Premio Nóbel de Economía de 2009, que persiguen intereses particulares por sobre la distribución equitativa de recursos no necesariamente es mayor durante estos tiempos, pero sí más perjudicial. La necesidad de medidas eficaces ante la emergencia se contrapone a mecanismos existentes de control y rendición de cuentas.

Sin embargo, concebir la corrupción como una enfermedad, o como el ex presidente del Banco Mundial James D. Wolfensohn dijo célebremente en 1995, ‘el cáncer de la corrupción’ resulta problemático. Esto significaría que es un agente externo que eventualmente podría ser erradicado. Con frecuencia, esto conduce al diseño e implementación de medidas ‘talla única’ que no toma en cuenta las particularidades de los país, o incluso los sectores y unidades organizacionales que los componen (Heywood, 2017). Las redes clientelares, compañías o individuos en busca de beneficios personales en medio de esta crisis no es nueva. Simplemente es un reflejo estructuras fallidas a través de los años y los gobiernos. La forma de contratación, adjudicación de millonarios contratos o el organigrama de los diversos sectores encargados de responder a esta crisis han funcionado de manera deficiente permitiendo espacios para la corrupción desde hace mucho tiempo.

Bajo estas circunstancias, la respuesta estatal debe seguir una lógica firme pero realista. La lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad, pero la rapidez y urgencia de las decisiones a tomar supone que se actúe de forma más pragmática sin perder de vista mecanismos de rendición de cuentas e integridad. El gran flujo de dinero proveniente del sector público, privado e internacional es terreno fértil para transacciones corruptas que debilitan la credibilidad de las medidas, y erosiona la confianza pública. He aquí la importancia de controlar la corrupción, pero apostar también por fortalecer la integridad y probidad del sistema de salud a largo plazo. De ahí la reticencia de hacer una analogía entre la pandemia y la corrupción. Aunque sí podría decirse que comparten una similitud: el Covid-19 y la corrupción afectan a todos, pero no golpea a todos por igual.