Familias peruanas en estado de incertidumbre

¿Cuándo fue la última vez que los peruanos nos sentimos colectivamente tan vulnerables? La pandemia del COVID-19 nos obliga a reflexionar de manera inmediata no solo sobre nuestro sistema de salud pública, sino sobre la necesidad de contar con un sistema de seguridad social integral que responda a realidades complejas: una crisis sanitaria impacta la economía de nuestras familias, nuestros trabajos formales e informales, nuestras viviendas, deudas, etc. ¿Estamos preparados?

Acaso ningún sistema en el mundo esté preparado, pero el Perú enfrenta la pandemia con un sistema de seguridad social mínimo, fragmentado y volátil. Si bien la Constitución consagra el derecho fundamental a la seguridad social, nuestro “sistema” se reduce a las prestaciones de salud y a prestaciones económicas enfocadas casi exclusivamente al pago de pensiones o a subsidios por incapacidad temporal, maternidad o lactancia otorgados por Essalud.

Ciertamente, la forma en la que se organiza el Estado refleja el modelo determinado por la arena política. No olvidemos que hasta 1992 se contaba con el Instituto Peruano de Seguridad Social–IPSS que concentraba en una sola institución, al menos, las prestaciones de salud y de pensiones.

Desde entonces, se inicia un proceso de mayor fragmentación que llega hasta el día de hoy, donde la ONP se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas; el Seguro Social de Salud (Essalud) se encuentra adscrito al Ministerio de Trabajo y el Sistema Integral de Salud (SIS) se encuentra adscrito al Ministerio de Salud. Las prestaciones de ayuda social se reparten entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer y se conciben como temporales. El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres–Juntos, por ejemplo, fue creado en el 2005 mediante decreto supremo, norma reglamentaria que puede ser modificada solo por decisión del Ejecutivo.

Así, las familias peruanas, sobre todo las más pobres, se enfrentan a una diversidad de riesgos y crisis en soledad. El Estado responde como puede y cuando puede.

¿Por qué no se consideran las políticas sociales como parte de un sistema de seguridad social integrado si estas también tienen por objetivo brindar protección a las ciudadanas y ciudadanos frente a aquellas contingencias que no pueden cubrir por sí mismos?

En el mundo existen mecanismos de seguridad social que atienden dichas necesidades con un enfoque integral. En Alemania, por ejemplo, desde la década de los 60 se estructuró un sistema de seguridad social amplio. A través de sus XII Códigos de Derecho Social (Sozialgesetzbuch), define la intervención estatal en materia social al regular el seguro de salud, de accidentes, de desempleo, las pensiones. También prevé un apoyo básico para niños, jóvenes, familias, discapacitados, vivienda y garantiza “ayuda social” para cualquier persona, según su estado de necesidad. Todas las prestaciones con una sola finalidad: cubrir las situaciones de riesgo y de vulnerabilidad de sus ciudadanas y ciudadanos.

Dar un giro a nuestro enfoque puede significar superar una política implementada desde hace 30 años bajo una lógica del mínimo Estado en materia de seguridad social y con una visión de las prestaciones de ayuda social como medidas temporales y poco institucionalizadas, sujetas al gobierno de turno.

Hoy, la incertidumbre reina en las familias de los más desfavorecidos. Si bien el Gobierno ha emitido una serie de medidas para cubrir las necesidades básicas de las familias en situación de pobreza, pobreza extrema y de trabajadores independientes en situación vulnerable para afrontar la crisis del COVID-19, día a día, los peruanos se encuentran a la expectativa de cuáles serán las siguientes medidas de ayuda social. Luego de cada mensaje presidencial, nadie sabe qué sucederá.

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