‘No hay derecho’

Esta frase –que se usa coloquialmente para describir una injusticia– resulta ser el estado de situación en el Perú de hoy cuando se trata de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Y es que, para muchos, los derechos de otros no existen.

Maritza es una extrabajadora del hogar que laboró con una familia limeña. Un día, frente a un desacuerdo con su empleadora, fue despedida de manera intempestiva, amenazada con una posible denuncia si no se retiraba inmediatamente de la casa donde laboraba hacía seis años. Maritza se dirigió a la comisaría del barrio para hacer constar su separación laboral, pero no quisieron recibirle la denuncia. Este despido –reflejo de una relación desigual y discriminatoria– ocurre por la escasa protección contra el abuso y las malas condiciones de trabajo que enfrentan las trabajadoras del hogar.

La ley de trabajo doméstico, actualizada en setiembre del 2020 y reglamentada durante el gobierno de transición, promueve derechos laborales a las y los trabajadores del hogar, pero hoy es letra muerta para el actual Gobierno. Es paradójico que la gestión del presidente Castillo –supuestamente preocupada por las personas en situación de vulnerabilidad– no se preocupe por implementar la ley 31047. Y es decepcionante la falta de voluntad política para que desde el sector Trabajo y Promoción del Empleo existan mecanismos que monitoreen su cumplimiento.

¿Qué se necesita para hacer cumplir la ley? Primero, un sistema más robusto que cuente con más presupuesto público y personal técnico capacitado e informado para exigir el cumplimiento de la norma. Segundo, un sistema que atienda las demandas de las trabajadoras y que les facilite hacer sus denuncias de manera presencial y no solo virtual. Tercero, información pública disponible y facilidad para la gestión de los empleadores.

Un cuarto aspecto muy importante es promover un cambio cultural. El 95% de las trabajadoras del hogar son mujeres que enfrentan relaciones sociales basadas en la discriminación por género, origen étnico y condición social. Maritza fue objeto de una doble discriminación: en la casa donde trabajaba y en la comisaría donde no pudo denunciar y, más bien, fue culpabilizada.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), cuya función es promover, supervisar y fiscalizar la seguridad y la salud en el trabajo, debería implementar e integrar mecanismos adecuados de atención a las y los trabajadores del hogar. Las denuncias deben presentarse a través de una mesa de partes virtual, que no siempre es de fácil acceso para una trabajadora del hogar, o mediante una línea telefónica que nadie responde.

Tampoco los empleadores tienen facilidades para cumplir con la ley. La información disponible es insuficiente, los procedimientos engorrosos y, cuando debiera aplicarse una sanción por incumplimiento de la norma, esta tarda o nunca llega.

Con estos grandes cuellos de botella, su cumplimiento es muy complejo. Es preciso trabajar para desterrarlos; es clave que apostemos por aquellas personas que se ‘ponen la camiseta’ por las familias con las que trabajan. Es justo vivir en una sociedad donde podamos decir ‘sí hay derecho’.