El servicio de justicia y los Panamericanos, por Juan Monroy

Construir la infraestructura para los Juegos Panamericanos podría costar aproximadamente 4.000 millones de soles. Suponiendo que todos los beneficios que se avizoran con su realización se concretaran, ¿debemos hacerlos?

Si algún rasgo distingue a nuestra actividad política es el peligroso descenso de contenido razonable en los fundamentos de cualquier medida. Una lástima porque ante la inminencia de tomar una decisión trascendente –invertir más de 4.000 millones de soles lo es– serviría mucho saber diferenciar lo importante de lo esencial.

En el 2013, el 68,80% de los locales judiciales eran alquilados o, en cualquier caso, no de propiedad del Poder Judicial. Como el aumento de la demanda de justicia es inversamente proporcional a los medios para satisfacerla, a la fecha el porcentaje debe ser mayor. Quién no recuerda la desolación y muerte que soportamos por la vesania terrorista. Si un departamento sufrió más, fue Ayacucho. Por ello merecía un apoyo especial. No para compensarlo sino para evitar que el desastre se repita. Sin embargo, su Corte Superior, competente para los casos de narcotráfico del Vraem, funciona en 28 locales, de los cuales solo dos son propios.

Podría argüirse que es demagogia utilizar datos solo de provincias. Falso. Antes de decidir sobre los Juegos Panamericanos debemos saber que el presupuesto de la Corte Superior de Lima para el presente año ya está agotado, aunque el calendario, majadero, muestre que aún faltan más de dos meses. En el edificio Javier Alzamora del Parque Universitario –a diez cuadras del Congreso y de Palacio de Gobierno– se agotó el dinero de este año para papel y tinta de las impresoras. Como el sistema no puede parar –sin actas judiciales o notificaciones impresas el sistema colapsa ipso facto– la partida para pagar los alquileres se usa para comprar los faltantes. Los arrendadores, en cambio, deberán demandar desalojo (¡a un juzgado en un juzgado!). Eso demorará el tiempo necesario para pagarles con dinero del 2017. La conducta es cínica, ¿hay otra?

La inseguridad ciudadana es el problema público más grave que enfrentamos. Más temprano que tarde se confirmará que la disfunción del sistema judicial es un factor esencial en la comprensión y eventual solución de esa patología social. Sin embargo, nada se propone para remediar esta anomalía. De los últimos cinco años, solo en uno se adicionó ocho millones de soles al presupuesto de mantenimiento del Poder Judicial para realizar innovaciones en su estructura. En síntesis, en los últimos cinco años los gobiernos han invertido en mejorar el servicio judicial menos del 0,2% de lo que se piensa gastar en los Juegos Panamericanos. 

En la práctica política actual no es fácil calificar a una propuesta de ser de izquierda o derecha, liberal o conservadora. Pero cuando se debe elegir entre lo importante y lo esencial, se estará resolviendo un dilema que no puede sustentarse privilegiando pequeñas rencillas partidarias o menudas revanchas cicateras, ni siquiera de la mayoría. Se trata de asumir el compromiso de construir un país en perspectiva histórica. Ojalá este drama no supere a sus actores, una vez más.