Superando el estado de negación, por David Tuesta

El Informe de la Comisión de Protección Social es una propuesta que ha iniciado una etapa de debate. Debemos felicitar al Gobierno por decidirse a darle amplia difusión al tema, lo cual dista muchísimo de experiencias pasadas.

Se puede estar de acuerdo o no con la propuesta, pero he observado que algunos han levantado afirmaciones erróneas. No sé si ello es desconocimiento o una reacción típica de negación ante lo evidente. Quizá las sentencias más ligeras han sido: (i) propuesta suntuaria; (ii) insostenibilidad fiscal; (iii) no plantea soluciones para la cobertura; (iv) amenaza a la competencia; (v) estatización del ahorro.

Vayamos en orden. La comisión presenta una “visión” de futuro alcanzable, planteando diferentes etapas a seguir con el acompañamiento necesario de una fuente sostenible de recursos. Así, en una primera etapa, se podrían aplicar algunas recomendaciones que no requieren recursos adicionales, tales como la automatización del ahorro individual a través de compras para incrementar la cobertura –que explicamos más abajo– o el cambio en el funcionamiento del mercado privado de pensiones. Continuar con más acciones deberá contar con más recursos como lo señalamos.

También se dice que la comisión no aborda el tema de la participación de los informales. Lo cierto es que el informe presenta un conjunto de acciones potentes para una mejora sustancial, ajustada a esta realidad. Por ejemplo, aplicando técnicas de la economía conductual, planteamos un esquema de afiliación automática de todos los peruanos a través de los flujos masivos de compras (e.g. consumos de servicio telefónico, electricidad entre otros). Así, se aplicaría una retención de un porcentaje de estas compras que iría directamente a su cuenta de ahorro individual, manteniéndose la opción de renuncia. Los efectos estimados en mayor participación son muy potentes, y no requieren recursos fiscales.

Otro argumento esgrimido es el de la amenaza a la competencia. ¿Qué competencia? El mercado privado de pensiones actualmente es un oligopolio que toma ventaja de las elevadísimas barreras de entrada. Ello se refleja en altas comisiones pagadas por el indefenso afiliado y los consecuentes ratios de utilidades de estas empresas que son la envidia de cualquier industria. Algún columnista con principios libertarios dirá: “así es el libre mercado”. Sin embargo, dos premios Nobel como George Akerlof y Robert Shiller, en su libro “Phishing for Phools”, demuestran cómo es que el libre mercado, cuando no está bien estructurado y regulado, es una fuente de engaño y manipulación a los ciudadanos. En ese sentido, las propuestas que planteamos de la centralizadora, esquema de cuentas ciegas, comité de notables, gestión estratégica de activos y asesoría al afiliado ayudarán a fortalecer el ahorro privado. Y hay que precisar que el enfoque de la centralizadora, que se inspira en los modelos de “monopolio regulado” es una propuesta seria, recogida en libros de texto y trabajos académicos como forma de generar mercados más eficientes.

Finalmente, otro fantasma levantado como parte de una campaña del miedo, es el argumento de la estatización. El informe menciona que la centralizadora puede ser pública o privada. Si se quiere que sea privada, estará muy bien. Pero si fuera pública, no se entiende el salto con garrocha para afirmar que ello puede significar estatización. La verdad es que más riesgo de ello veo en la reciente propuesta del gremio pensionario de crear una AFP pública. Y en realidad –Dios no lo quiera– el día que un político se decida a estatizar los fondos de pensiones lo hará incluso con el esquema de AFP existente. ¿O no recordamos cómo fue la estatización de esta industria en Argentina? La estructura organizacional actual no es ni técnica ni políticamente sostenible, y entrar en negación no es la respuesta.