Transferencias monetarias contra la tuberculosis

La tuberculosis (TB) es actualmente la segunda enfermedad infecciosa más mortal del mundo, solo superada por el COVID-19. En 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó más de 1.25 millones de muertes a nivel global. En el Perú, durante 2024, se notificaron 33,049 casos, incluyendo 1,456 de tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR) y 10 extremadamente resistentes (TB-XDR), lo que posiciona al país entre los de mayor carga en la región de las Américas.

La TB está estrechamente vinculada a la pobreza. Las personas en situación de vulnerabilidad enfrentan mayores barreras para acceder al diagnóstico, tratamiento y seguimiento, lo que compromete la eficacia de los programas de control. Aunque el tratamiento es gratuito y altamente efectivo, su duración prolongada y los efectos secundarios frecuentes dificultan la adherencia, generando resultados subóptimos. Garantizar que los pacientes completen el tratamiento es esencial para controlar la enfermedad, y para ello se requiere evidencia sólida sobre intervenciones que ayuden a superar esta barrera.

En este contexto, la protección social, la lucha contra la pobreza y las acciones multisectoriales sobre los determinantes sociales de la TB son pilares fundamentales de la Estrategia “Fin de la TB” al 2035. Diversos estudios internacionales han demostrado que las transferencias monetarias condicionadas (TMC) no solo mejoran las condiciones de vida, sino que también promueven conductas saludables, fortalecen la adherencia al tratamiento y reducen la incidencia y mortalidad por TB. En Brasil, por ejemplo, un estudio publicado en Nature Medicine (Jesús et al., 2025) reveló que el programa Bolsa Familia redujo en 41% la incidencia de TB y en 31% la mortalidad. Resultados similares se han reportado en Sudáfrica, India, Zimbabue y otros países de ingresos bajos y medios.

En el Perú, el proyecto CRESIPT (Wingfield et al., 2015) demostró que la combinación de apoyo económico y social mejora significativamente la adherencia al tratamiento. Revisiones sistemáticas posteriores (Richterman et al., 2018; Andrade et al., 2018) confirmaron que la protección social tiene un impacto positivo en la curación, la reducción del abandono y el éxito terapéutico.

Además, las TMC alivian la carga económica de los hogares, reduciendo gastos médicos, de transporte y pérdida de ingresos, factores que pueden profundizar la pobreza. También mejoran el acceso a alimentos nutritivos, fortaleciendo el sistema inmunológico de los pacientes, aspecto crítico durante el tratamiento.

A nivel nacional, el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y su Familia (PANTBC), liderado por el MIDIS, busca apoyar la recuperación de los pacientes ambulatorios mediante la entrega de canastas alimentarias. Sin embargo, evaluaciones han identificado demoras en las adquisiciones, problemas logísticos y alertas sobre la transparencia en la gestión, lo que ha afectado la eficacia del programa.

Ante este escenario, el MIDIS, con asistencia técnica del Programa Mundial de Alimentos (WFP), está implementando en 2025 un piloto de tarjetas electrónicas de alimentos para personas afectadas por TB, en coordinación con la Dirección de Prevención y Control de la Tuberculosis del MINSA. Esta experiencia, desarrollada en establecimientos de salud de cinco distritos de Lima Metropolitana, está mostrando múltiples beneficios: acceso oportuno a alimentos, mejora en la calidad de la dieta, reducción de costos logísticos y mayor transparencia en la gestión.

Los resultados son alentadores: el 97% de las transferencias fueron utilizadas, el 98.5% se destinó a alimentos adecuados para la salud, y la satisfacción de los usuarios alcanzó el 98%. Los pacientes valoran especialmente la posibilidad de elegir productos frescos y proteicos —como carne, pescado, huevos, lácteos, frutas y verduras— adaptando sus compras a sus necesidades y mejorando su adherencia al tratamiento.

En línea con estos hallazgos, el MIDIS ha anunciado la ampliación de esta modalidad en 2026, con el objetivo de consolidarla como componente permanente del PANTBC. Este avance representa un paso firme hacia la integración de políticas de protección social con el control de la tuberculosis, y subraya la importancia de una gestión pública basada en evidencia.