Hace una semana, en este mismo espacio, comentaba acerca de la peligrosa alianza que, a todas luces, existe entre la congresista chalaca Patricia Chirinos y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se vio claramente evidenciada con la célere investigación fiscal que se abrió contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional (que concedieron una medida cautelar a favor de la JNJ) menos de tres horas después de que la legisladora presentara una denuncia. El artículo cerraba en que la fiscalía, la institución encargada de perseguir el delito y de velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales, no estaba para esos fines. Y menos aún para ser instrumentalizada como mecanismo de presión.
Veamos los antecedentes. Desde hace un tiempo, Benavides y Chirinos compartían, digamos, objetivos a vencer. Por ejemplo, la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, que finalmente fue inhabilitada por el Congreso a raíz de una denuncia de Chirinos. Aquí no quiero hacer una defensa de Ávalos, pero claramente la actuación de la referida parlamentaria fue funcional a los intereses de Benavides (y, desde luego, los votos de los congresistas que la secundaron). Hoy la historia se repite con la JNJ. Por más críticas que pueda tener esta entidad, resulta preocupante que haya una suerte de “juego en pared” entre la cabeza del Ministerio Público y una legisladora presta a denunciar para sacar del camino a quienes considere una amenaza.
Si a Ávalos se la acusaba de ser indulgente con un determinado sector político, el tándem Chirinos-Benavides terminaría haciendo lo mismo, pero apuntando hacia otros objetivos. Ambas, además, comparten un entorno chalaco. Chirinos, como se sabe, fue alcaldesa de La Perla en el 2014 por el partido Chim Pum Callao y, si uno revisa los principales funcionarios que rodean a Benavides (como su gerente general de logística, planificación, subgerencia de inversiones, etc.), tienen en común que trabajaron en la Corte Superior del Callao en la gestión de Ruth Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, que llegó a presidir esa corte entre el 2019 y el 2020, luego del escándalo de Walter Ríos en Los Cuellos Blancos (un caso especial es el de Miguel Girao, exasesor de Ruth Benavides y hoy gerente central, junto con Jaime Villanueva, con quien coincidió en la Escuela del Ministerio Público del 2015 al 2018, del despacho de la Fiscalía de la Nación).
Alianzas de este tipo no le hacen nada bien a la independencia de poderes. Menos aún a la imagen del Ministerio Público, que es el encargado de perseguir el delito, como dicta la Constitución. No para actuar por cálculos políticos ni ser instrumentalizado.
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