Antes de criticar

Más allá de entender cómo se hacen las encuestas, conviene entender el contexto en el que se realizan. La confiabilidad de los estudios de opinión pública no depende únicamente del rigor metodológico con el que se diseñan las muestras o se formulan las preguntas. También está influida por el entorno democrático, institucional y mediático en el que los ciudadanos forman y expresan sus opiniones. Para medir ese contexto, se ha desarrollado el Public Opinion Research Environment Index (Porei), un indicador compuesto que evalúa las condiciones en las que se produce la investigación de opinión pública en distintos países.

El índice parte de la premisa de que la calidad de las encuestas no puede analizarse solo desde la técnica. La libertad de expresión, la pluralidad de medios, la fortaleza del Estado de derecho o el nivel de corrupción influyen directamente en la disposición de las personas a decir lo que realmente piensan. Estas ideas se apoyan en distintas tradiciones teóricas que destacan la importancia de un espacio público abierto, instituciones sólidas y condiciones que permitan a los ciudadanos expresar sus opiniones sin temor.

En términos operativos, el Porei combina cinco indicadores internacionales ampliamente reconocidos: derechos políticos y libertades civiles, calidad de las instituciones democráticas, Estado de derecho, control de la corrupción y libertad de prensa. El resultado no mide la calidad de una encuesta en particular, sino el ambiente en el que se produce. En otras palabras, el índice permite evaluar si las condiciones institucionales y mediáticas favorecen o dificultan que las personas expresen sus opiniones con libertad. Al hacerlo, ofrece un marco comparativo para entender por qué la investigación de opinión pública puede enfrentar desafíos distintos según el país en el que se realice.

El Perú se ubica en el puesto 70 de los 133 países analizados, con un índice de 47 puntos, lo que lo sitúa en la categoría de “ambiente restringido” para la investigación de opinión pública. Esta posición refleja un entorno en el que, si bien existen condiciones para realizar encuestas, factores como la debilidad institucional, la desconfianza en la política, la polarización y las tensiones en el ecosistema mediático pueden influir en la disposición de los ciudadanos a expresar abiertamente sus opiniones. En contextos como este, comprender el entorno en el que se forman las percepciones públicas resulta tan importante como la rigurosidad metodológica con la que se realizan las encuestas.

Pero las encuestas no solo se rigen por criterios estadísticos; se sustentan en principios éticos. La investigación de opinión pública debe realizarse de manera legal, honesta, transparente y veraz, siguiendo estándares internacionales que buscan proteger a los ciudadanos y preservar la credibilidad. Un principio central es la debida diligencia en el trato con los encuestados. Las interacciones deben ser respetuosas y los investigadores deben explicar con claridad cómo se recopilarán y usarán los datos personales. Además, mantienen la responsabilidad sobre todo el proceso de investigación, independientemente del método o tecnología utilizada, y deben actuar siempre de forma ética para no dañar la confianza en las encuestas.

En el caso peruano, además, existen obligaciones al publicar. Según el Reglamento del Registro Nacional de Encuestadoras, todas las empresas que difunden encuestas de intención de voto deben presentar la ficha técnica detallada y entregar al JNE un informe adicional que explique con mayor amplitud cómo se realizó el estudio.

Contribuir a mejorar el ambiente en el que se producen y difunden las encuestas también implica entenderlas: cómo se hacen, qué miden y cuáles son sus límites. La información metodológica está disponible públicamente; basta con revisarla antes de cuestionar sus resultados cuando estos no coinciden con nuestras expectativas.