El 27 de julio no solo se instala el primer Congreso bicameral en 31 años: se instala el Parlamento con la legitimidad de origen más delgada de nuestra era democrática reciente. Los partidos que obtuvieron escaños suman apenas el 33,65 % del electorado hábil, la mitad del 68,2 % con que arrancó el Congreso del año 2000. No es un accidente del 2026: desde el 2016 ningún Parlamento ha vuelto a representar a la mitad de los electores. No estamos ante una caída, sino ante la consolidación de una tendencia de diez años.
Tres datos dibujan el problema. Dos de cada tres peruanos hábiles no tienen hoy un partido con escaño que los represente. Los partidos que sí entraron carecen de base partidaria relevante: la primera minoría del nuevo Congreso tiene un padrón equivalente al 0,23 % del electorado; franquicias electorales que ganan curules sin militancia real. Y en 20 de las 27 circunscripciones, los diputados electos son los menos votados registrados: en mi tierra, Tumbes, la diputada electa ingresó con 1.275 votos preferenciales; en Amazonas, con 1.444. La legalidad de sus credenciales está fuera de duda; su respaldo social, no. Legalidad no es legitimidad.
La primera complicación es aritmética: bancadas que representan a un tercio del electorado adoptarán las decisiones más sensibles del diseño bicameral; desde el Senado se elegirá al Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo y al directorio del BCR. Decisiones de dos tercios con respaldo social de un tercio: esa brecha será el flanco débil de todo el período. La segunda es la volatilidad: bancadas sin partidos reales detrás son propensas al fraccionamiento y al transfuguismo, y con dos cámaras la indisciplina cuesta doble. La tercera es la más delicada: el bicameralismo debuta sin colchón de legitimidad, y la ciudadanía no distinguirá entre el nuevo sistema y los nuevos parlamentarios. Octubre, pasadas las dos primeras batallas —mesas directivas y reparto de comisiones—, nos dirá cómo queda el campo.
La legitimidad de origen ya no se corrige; la de ejercicio se construye desde el primer día. Tres tareas están en manos de los electos: una agenda legislativa concertada, corta y pública, con metas medibles en seguridad, economía familiar, salud y prevención de desastres; autorregulación antes de que los obliguen, corrigiendo un régimen de ética que duplicó comisiones con idénticas sanciones y unas reglas de votación en el Senado donde aprobar una ley cuesta menos votos que reconsiderarla; y presencia territorial verificable, con informes públicos por circunscripción en la semana de representación. La representación que no se trajo de la urna se construye en el territorio o no se construye.
Pero mi apuesta central es otra: que senadores y diputados asuman la reforma de la representación. Retomar de una vez la renovación por tercios oxigenaría el mandato a mitad de período y corregiría, en la práctica, los resultados pírricos del voto preferencial. Un Congreso que recibió del voto el cargo, pero no la confianza, tiene cinco años para ganársela. El cronómetro arranca el 27 de julio.
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