Extorsiones, chips y cuotas de mercado

La seguridad ciudadana continúa ocupando un lugar central en la preocupación de los peruanos y no hay visos de que deje de ser así en un futuro cercano. Es cierto que solemos concentrarnos en los datos que evidencian un aumento progresivo de la victimización, como el continuo incremento en los casos de robo y tentativa de robo en Lima y el Callao (27% para marzo del 2023, según el INEI). Pero también es crucial recordar lo que estas cifras tienen detrás: un impacto directo y significativo en la estabilidad emocional, el bolsillo, la propia vida y la integridad de las personas.

Son dos los problemas donde se hace evidente este impacto. Primero, no podemos pasar por alto el hecho de que más de 7 mil teléfonos móviles se reportan como perdidos o robados diariamente, según se estima a partir de las cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Si consideramos que el valor promedio de un celular puede rondar los S/500, podemos estimar que cada día se pierden aproximadamente S/3,5 millones de los bolsillos de los ciudadanos que son víctimas de estos robos.

Segundo, las denuncias por extorsión han experimentado un asombroso aumento del 800%, llegando a casi 15 mil durante el 2022, según los registros policiales. La cifra negra (extorsiones no denunciadas) fácilmente podría triplicar este número. Aunque resulta positivo que las personas denuncien estos delitos para activar la persecución penal, esta cifra también revela la expansión vertiginosa y la cercanía de las extorsiones, muy en especial hacia nuestros emprendedores. La evidencia demuestra que estos delitos se expandieron de las regiones costeras hacia cada rincón de todas nuestras ciudades. Una muestra de ello es el casi millar de denuncias que ha recibido la SBS por las llamadas extorsivas asociadas a préstamos irregulares y fraudulentos durante el último semestre.

En ese orden de ideas, es posible sostener que los robos de celulares y las extorsiones son los problemas más extendidos y perjudiciales para los ciudadanos peruanos. Estos asuntos comparten un elemento en común: los teléfonos móviles son las herramientas utilizadas para cometer las extorsiones. Las investigaciones policiales han revelado la existencia de centrales telefónicas dedicadas intensivamente a estos fines, muchas de ellas operando desde las cárceles. Por lo tanto, cuando se realizan intervenciones policiales a organizaciones y bandas criminales, no solo vemos que se encuentran armas de fuego, sino también numerosos chips y teléfonos móviles.

Todo indica que los extorsionadores han encontrado una forma demasiado sencilla de operar: solo necesitan un teléfono móvil y acceso a uno o más chips activados. ¿Dónde pueden conseguir estos chips? Es sorprendentemente fácil: en abierta resistencia a la autoridad algunas empresas de telefonía los siguen vendiendo en la vía pública. Así, cualquier persona puede adquirir uno o más chips activados de manera irregular, sin necesidad de presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o someterse a un lector biométrico. Esto ocurre a pesar de las multas impuestas por Osiptel y las recientes medidas legislativas y estrategias del Ministerio del Interior para combatir esta modalidad de venta. En este abierto y doloso desacato, lo único que parece válido es la ganancia, sin importar que ese chip pueda destinarse a actividades delictivas, afectando la vida e integridad de los ciudadanos víctimas de extorsión y estafa.

Para muchos de nosotros resulta especialmente indignante que, en lugar de compartir la preocupación por los enormes riesgos que implica la venta de chips en la vía pública para la seguridad ciudadana, algunos ejecutivos de las operadoras argumenten que abandonar esta peligrosa y prohibida práctica perjudica su cuota de mercado. ¿Acaso no tienen claro que una parte considerable de esa cuota facilita el accionar de la delincuencia común? ¿Qué los diferenciaría entonces de otros operadores del crimen organizado? Al parecer, la filosofía de vida que los guía es el ‘salvo el dinero, el resto es ilusión’.

Durante mucho tiempo, la ciudadanía ha demandado medidas concretas contra la inseguridad ciudadana. Si tenemos que priorizar algún aspecto en este momento, sin duda deberíamos enfocarnos en el problema de las extorsiones, junto con los robos de celulares. Es innegable que el Estado es el llamado a desempeñar un papel fundamental en brindar una respuesta correcta. La Policía Nacional, con la dirección adecuada, sabe cómo hacer su trabajo. Sin embargo, además de la labor policial, es indispensable que el Ministerio Público, el Poder Judicial y en especial las autoridades locales se sumen a este esfuerzo conjunto.

Pero como ciudadanos y consumidores también debemos convocar a las entidades reguladoras como Osiptel y a las empresas de telefonía, ya que se hace evidente que desempeñan un papel relevante en este esfuerzo. Tenemos el derecho de exigirles que tomen medidas concretas y acaten los mandatos de las autoridades. De pedirles que sean sensatos y tomen en cuenta que, al final del día, serán nuestras familias las que pierdan millones y pongan los muertos. Aún están a tiempo para evitar que alguno de nosotros (o incluso alguien cercano a ustedes) reciba una llamada extorsiva facilitada por su cuota de mercado.