Cuando un gobierno entra a su etapa final, la responsabilidad institucional cambia de prioridad. A pocas semanas del relevo de autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, el deber principal ya no consiste en impulsar una agenda de última hora, sino en garantizar una transición ordenada, transparente y responsable para quienes asumirán la conducción del Estado.
Cuando un gobierno entra a su etapa final, la responsabilidad institucional cambia de prioridad. A pocas semanas del relevo de autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, el deber principal ya no consiste en impulsar una agenda de última hora, sino en garantizar una transición ordenada, transparente y responsable para quienes asumirán la conducción del Estado.
Nadie cuestiona que las autoridades salientes conserven plenamente sus facultades constitucionales hasta el último día de su mandato. Lo que sí resulta cuestionable es utilizar ese tiempo final para acelerar el nombramiento de nuevos funcionarios, aprobar ampliaciones presupuestarias, crear nuevas obligaciones financieras o comprometer recursos públicos cuya ejecución corresponderá exclusivamente a las próximas autoridades. Gobernar hasta el último día no significa comprometer el futuro y el último centavo hasta el último minuto.
Cuando decisiones de alto impacto fiscal se aprueban de forma apresurada, sin el debate suficiente y en plena transición, surge una duda legítima: ¿responden al interés nacional o a intereses particulares? La experiencia demuestra que, con demasiada frecuencia, estas iniciativas tienen un claro componente clientelista y populista. No es ético ni políticamente responsable trasladar cargas financieras y administrativas a quienes no participaron en ellas y que, además, recibieron un mandato ciudadano para desarrollar una agenda propia.
El respeto a la voluntad popular también exige respetar el margen de acción del nuevo gobierno. Cada nombramiento apresurado de funcionarios claves, cada ampliación presupuestaria de última hora, cada obligación permanente creada sin necesidad urgente y cada compromiso adquirido en la recta final reducen la capacidad de las nuevas autoridades para establecer sus prioridades y responder a las expectativas de la ciudadanía.
Hoy, más que protagonismo político, el país necesita madurez institucional. La prioridad debe ser entregar información completa, cerrar las cuentas con transparencia, facilitar el proceso de transmisión de mando y asegurar la continuidad de los servicios públicos. Todo lo demás puede y debe ser discutido por quienes tendrán la nueva responsabilidad de ejecutarlo.
La grandeza de una democracia no se mide únicamente por la forma en que se conquista el poder, sino también por la responsabilidad con que se entrega. Las autoridades salientes todavía pueden dejar un legado importante: demostrar que entienden que el Estado pertenece a los ciudadanos y no a quienes circunstancialmente lo administran, y menos aún si llegaron a él “de casualidad”.
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