En los 10 últimos años se ha producido un monstruoso crecimiento del crimen organizado. De estar confinado a Trujillo, Piura y Tumbes, el fenómeno se ha extendido a todas las regiones del país. Las razones: la transnacionalización del crimen, los garrafales errores en la respuesta de sucesivos gobiernos y leyes del Congreso para protegerse ellos de sus investigaciones por corrupción, que mermaron la capacidad de confrontar al crimen violento.
La data es irrefutable. Un informe reciente del diario “Correo”, con data oficial del Sinadef, encontró que el promedio diario de homicidios, con Kuczynski como presidente, era de 1,88. Sus sucesores, y luego Castillo, lo elevaron a 4,22. Boluarte lo disparó a 5,26. Jerí mantuvo la tendencia y Balcázar culminó la faena, dejándolo en 5,85.
De su lado, el Observatorio del Crimen y la Violencia, con información propia, confirma que en el 2026 la tendencia ha seguido en aumento. El Índice del Crimen Violento –que a las personas asesinadas suma aquellas que sobrevivieron de un atentado con ese propósito– registró 558 casos en el primer trimestre, y 826, en el segundo.
Otro indicador de lo grave de la situación es cómo el control territorial del Estado, un problema histórico en las zonas rurales que explica en mucho el ‘boom’ de las economías criminales en ellas, ahora empieza a manifestarse hasta en el corazón de la capital de la República. Algunos ejemplos: tanto en el circuito de playas como en Circunvalación –bastante cerca del Pentagonito– grupos mafiosos protagonizaron balaceras con armas largas; unos para conservar y los otros para arranchar una fortuna en oro ilegal. Una variante del mismo fenómeno: el intencional incendio –no muy lejos de Palacio de Gobierno– en el que se quemaron vivas a 10 personas, cinco de ellas niños, por negarse a pagar extorsiones. Recientemente, situaciones no tan diferentes han estremecido los céntricos distritos de Chorrillos y Surquillo. Todo esto en estado de emergencia y sin que policías o militares se hicieran presentes.
¿Cuál es la respuesta del nuevo gobierno a este grave problema? ¡Que los militares se hagan cargo de todo!
Para empezar, designando a un general en retiro del Ejército a cargo del Ministerio del Interior, mellando aún más la ya deteriorada moral policial. Les encargan, también, liderar los estados de emergencia subordinando a la policía. Por cierto, una medida que ha fracasado desde que Castillo la estrenó y la siguieron idealizando Boluarte, Jerí y Balcázar, sin resultado alguno.
La presidenta les agrega la protección física de decenas de miles de transportistas –urbanos e interurbanos– diezmados y aterrorizados. Por si esto fuera poco, anuncian que los pondrán al cuidado de los penales –105.939 internos en 69 penales–, una función que, además de ajena, requeriría otros miles de soldados. A su vez, el ‘experimentado’ ministro de Defensa no quiere quedarse atrás y anuncia que los militares también se harán cargo de las fronteras –solo en Tumbes, la más pequeña, hay cientos de pasos ilegales–.
Hay que añadir que el fenómeno de El Niño global –probablemente extraordinario– está a la vuelta de la esquina y que demandará de las Fuerzas Armadas –esta sí es una de sus misiones– dedicación y esfuerzos nunca vistos.
Dejemos de lado por un instante su idoneidad para las nuevas funciones que les encargan. Si en los estados de emergencia nunca lograron algo relevante, ¿qué hace pensar que encima podrían cumplir todas las adicionales mencionadas?
Se fantasea con que son un remedio infalible y se alucina con que hay decenas de miles esperando en un enorme cuartel, listos para lo nuevo que les pidan. Tamaña ingenuidad los llevará pronto a una tragedia mayor, ya que el crimen organizado seguirá creciendo y multiplicando las víctimas.
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