¿Qué hacer con los problemas de representación?

En las últimas semanas hemos constatado hasta qué punto nuestro Congreso parece responder, no a la defensa de los intereses generales de la sociedad, sino a la de intereses muy particulares, muchas veces vinculados a debilitar esfuerzos en la lucha contra la corrupción, con evidentes conflictos de interés.

Por ejemplo, la Ley 31751, aprobada por el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo en mayo, por la que se reduce a un año el plazo de la suspensión de la prescripción para todos los procesos penales. Este cambio podría afectar casos como el de “Los Cuellos Blancos”, Lava Jato, procesos contra el expresidente Pedro Castillo y otros. Súmese, además, la ley que modifica el Código Procesal Penal afectando los procesos de colaboración eficaz, aprobada en junio y observada parcialmente por el Ejecutivo.

He comentado antes en esta columna que este tipo de situaciones se explican en buena parte porque la debilidad extrema de los partidos políticos ha hecho que estos terminen siendo plataformas para la postulación de “personalidades” regionales o provinciales. En los últimos años, buena parte de quienes aspiran a hacer política y están en condiciones de lanzar candidaturas exitosas (en las que la disposición de recursos para implementar campañas resulta clave) son personajes que entienden la política como la extensión de sus actividades empresariales (no perder de vista que en los últimos años el crecimiento regional ha estado muy asociado a la expansión de diferentes actividades informales) o personajes con visibilidad de otro tipo, pero que con el tiempo han sido capaces de “levantar” recursos (y compromisos) de campaña. En suma, cada vez más terminan llegando al Legislativo personajes que arrastran denuncias, juicios y múltiples cuestionamientos. Para ellos, el acceso al poder es parte de una estrategia de defensa legal.

No es un fenómeno totalmente nuevo, pero se ha agravado en los últimos años por el debilitamiento de los partidos, en dos sentidos: de un lado, estos han terminado siendo reducidos a pequeños núcleos básicamente asentados en Lima o en algunas capitales de regiones, sin militantes o cuadros suficientes, sin presencia nacional, con lo que la presencia de representantes con una mínima identificación con los partidos se ha reducido drásticamente. Y, del otro, como una consecuencia de lo anterior, las dirigencias nacionales partidarias han perdido incluso un mínimo papel de ‘gatekeeping’, de control de la agenda de sus propios representantes, una mínima capacidad de imponer disciplina y acción colectiva, con la excepción relativa del fujimorismo. Ya no se ven como antes líderes de bancada con conexiones con los aparatos partidarios, capaces de inspirar respeto y de asegurar un mínimo de coherencia en las acciones de los grupos parlamentarios.

En este marco, sigue el debate sobre la necesidad de cambios institucionales y reformas políticas. La presidenta Dina Boluarte, en su discurso del 28 de julio, propuso, siguiendo la opinión de “la comisión de expertos constitucionalistas que he convocado”, ir abandonando la lógica de la representación proporcional para acercarnos a un sistema mayoritario de elección de congresistas en distritos uninominales. El problema es que, en nuestra realidad política, con partidos sin militantes y sin presencia en todo el territorio, lo que puede terminar ocurriendo es generar un sistema más favorable para estos personajes políticos provinciales que ya tienen gran presencia en nuestra política. Quizá conscientes de ese riesgo, se plantea también la elección de un Senado elegido en distrito nacional único, buscando balancear la representación territorial mayoritaria con una representación proporcional nacional.

En este debate, acaso lo mejor sea optar por salidas intermedias: achicar circunscripciones electorales grandes y apuntar a tamaños medianos, de modo que se pueda mantener cierta proporcionalidad y, al mismo tiempo, acercar la representación a los territorios. En el Senado se debería combinar representación de las regiones con un distrito nacional más pequeño y, además, ser conscientes de que, mientras los partidos sigan siendo cascarones y plataformas de lanzamiento de intereses particulares, las cosas difícilmente cambiarán. Por ello, también habría que actuar en ese frente.