Mientras la legítima protesta e indignación por el desborde de extorsiones y crímenes crece, sumando a nuevos y diversos actores sociales directamente afectados, corren en paralelo varios otros intereses políticos o de grupo tratando de aprovechar la ola y pescar a río revuelto.
La fiscalía tratando de recuperar poder y competencias luego de perderlas por vía legislativa. Algunos jueces haciendo lo propio para evitar una nueva norma que los obligue a acatar (bajo pena de sanción) decisiones sobre facultades exclusivas del Congreso, ante la presentación de acciones cautelares de los supuestos afectados. El Gobierno soplándole la pluma al Legislativo para que este asuma la responsabilidad de modificar o derogar la Ley 32108 (sobre crimen organizado) o la creación de la figura del “terrorismo urbano”.
La “izquierda progresista” y la vinculada a algunas ONG insistiendo con meter de contrabando en la protesta otros cambios legislativos e incluso la vacancia de Dina Boluarte. Mientras que sus cuadros afines, infiltrados en un sector de la dirigencia de transportistas, venden la idea de que la derogación de la norma antes citada es la condición ‘sine qua non’ para derrotar la criminalidad.
Y por el lado de un sector de congresistas, que ven en dicho texto un blindaje ante las actuales investigaciones que se les sigue y frente a las que se les abrirá próximamente, ceder lo mínimo con los cambios normativos para no verse expuestos.
Cada grupo con su agenda y, muy pocos o casi nadie, con la de los principales afectados, las reales víctimas de la extorsión, el crimen y la muerte.
Solo la ineptitud y la indolencia de quienes encabezan los tres órganos de poder del Estado explican que no reconozcan su obligación de hacer lo correcto. Está demostrado que gran parte de la solución está en el reforzamiento del trabajo de inteligencia operativa para identificar y capturar a cabecillas y asesinos; y, si algún cambio o precisión normativa especial o de emergencia es requerida, es aquella que apunta a evitar la impunidad de este tipo de delitos con penas efectivas, lo que a su vez supone fortalecer el sistema penitenciario o invertir en este para albergar la mayor cantidad de delincuentes.
Seguir lanzando fuegos artificiales al aire, como las declaraciones de estados de emergencia, “entregar” el control territorial de la zona al ejército o crear el delito de terrorismo urbano, no hace más que aumentar la indignación y agravar la escasa legitimidad de nuestra democracia.
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