¿Cuán grave debe ser para reaccionar?

Estamos tan acostumbrados al escándalo político que ya nada nos asombra. Hemos normalizado la decadencia. Nos hemos resignado a ser gobernados por personas con muy baja moral, sin principios y cuya trayectoria pública está marcada por denuncias, cuestionamientos éticos y conflictos de intereses. Entonces, ¿de verdad alguien puede sorprenderse por las reuniones del presidente Jerí con un empresario chino?

Cuando integró una de las listas para presidir la Mesa Directiva del Congreso, ya circulaba mucha información sobre su historial: era investigado por violación sexual, desobediencia judicial, enriquecimiento ilícito y maniobras destinadas a archivar graves denuncias contra él y algunos colegas. Aun así fue elegido presidente del Congreso. Se invocó la presunción de inocencia como excusa. Pero aquí la discusión no era penal, era política y moral: no se trataba de si podía ejercer un cargo, sino de si debía hacerlo alguien con ese nivel de controversia encima. Porque cuando todo se relativiza y todo se justifica, la integridad deja de ser un criterio y se convierte en estorbo.

Semanas después, ese mismo Congreso decidió que Jerí asumiera la presidencia luego de la vacancia de Dina Boluarte. Hubo protestas, pero no fue suficiente. Jerí juró y se instaló en Palacio, se remangó las mangas y comenzó a circular por Lima con capucha y lentes oscuros. Eliminó algunos tuits, se volvió caserito del TikTok y de Capón. Entonces, ¿realmente nos pueden sorprender los videos? Lo que sí debería escandalizarnos es la reacción tibia: como si el cálculo fuera que, dado que la economía no se ha desplomado, que quedan pocos meses de gobierno y que “no conviene otra crisis”, lo mejor es mirar al costado. De integridad, silencio.

Las mentiras de Jerí son burdas y las excusas del primer ministro vergonzosas. Pero hay algo más de fondo: alguien lo está golpeando con material que lo compromete. Es evidente que existe una pugna de poder. Quien haya sido, no es un buen samaritano haciendo una buena acción en aras de la transparencia. Aquí hay intereses, represalias, cuotas de poder en disputa. Y eso no es un síntoma de salud institucional, sino de descomposición.

Nuestro país se ha convertido en un paraíso para las mafias, el crimen organizado y las economías ilegales que operan impunemente, y muchas veces desde dentro del Estado. Los casos se acumulan. El ‘club de la construcción’, Sada Goray y el programa Mivivienda, capturas sectoriales, las redes en salud pública. El Congreso ha formado una comisión para investigar las licitaciones en las que participaron empresas chinas, ha hecho ruido... y luego ha archivado los informes incómodos. El mensaje es claro: se investiga para simular control, no para ejercerlo. Pero, ¿estabilidad para quién? Estabilidad para que nada esencial cambie. Para que las redes sigan funcionando, los favores sigan circulando y los nombres se reciclen. Se confunde estabilidad con inmovilidad y gobernabilidad con tolerancia a la podredumbre.

Un país no se destruye solo por malas leyes o mala economía. Se destruye cuando pierde la capacidad de indignarse de manera efectiva. Esa resignación es el verdadero triunfo de la corrupción. Si la política peruana quiere seguir jugando a la impunidad con cálculo frío, que lo haga. Pero que nadie se engañe: no están administrando estabilidad, están administrando la erosión final de la legitimidad democrática. Están sosteniendo mafias y criminales en nombre de la estabilidad del país.