El anti-modelo peruano

“¿Cómo dueles, Perú?”, murmulla al terminar de leer, en su iPad Air, la última edición de “New York Times”. Una sensación de derrota lo embarga mientras fija su mirada en el titular del artículo que no consigue digerir del todo: “Democracies Die Without a Dictator”. “So true”, suspira. Como hombre de negocios informado y liberal, pasa revista mentalmente a la literatura especializada –casualmente todos los autores son sus amigos– que ha descrito tan acuciosamente la evolución de esta muerte anunciada: “democracia sin partidos”, “partidos sin políticos”, “democracia vaciada”, “autoritarismo parlamentario”, y otros juegos de palabras que más que diagnósticos certeros sirven de pastillas para la moral, para ponerse el alma y las New Balance, y tomar las alamedas nuevamente. Torna sus ojos hacia el cielo panza de burro que asoma por el ventanal de su despacho en Las Begonias, y recuerda los noventa, cuando él y sus amigos –casualmente todos intelectuales poderosos según el ránking anual de una de esas revistas que llegan a la oficina– hicieron una travesía al Centro de Lima para sacar de Palacio al ‘Chino Rata’. “Y va a caer y va a caer, la dictadura va a caer”.

Este hombre de negocios, liberal, casi socialdemócrata en sus momentos de espiritualidad, revisa los reportes financieros que se apilan en su bandeja de entrada cada vez que se suscita un nuevo episodio de la recurrente crisis política en el país. Se mantiene el pronóstico del crecimiento del PBI, el riesgo país no se mueve ni una décima, el dólar está cayendo y el sol viene subiendo (¿acaso no era al revés?). Los mercados han entendido el Perú más rápido que la ciencia política. Cada caída presidencial solo fortalece la predictibilidad de la economía peruana: no va a pasar nada.

El modelo peruano depende precisamente de su debilidad institucional. (Llamémosle antimodelo, pues no fue planificado como tal y funciona a su pesar). Hasta el momento, los científicos sociales (y macroeconomistas) habíamos planteado lo contrario: que, si tuviésemos instituciones más sólidas, creceríamos más y más sostenidamente. Traducción: entiéndase por solidez predictibilidad. Pero ¿acaso el caos no es predecible? Sobre todo, si desentrañamos la lógica informal detrás de lo que luce caótico, si dejamos de etiquetar como retroceso democrático a la falta de capacidad estatal, si dejamos de inventar una mano invisible dictatorial ahí donde predomina la intermediación política de una sociedad altamente informalizada. Les propongo ensayar una economía política de la informalidad.

La producción legislativa del Congreso de la República genera dos tipos de dolores de cabeza. A los economistas, todas aquellas normas que elevan el costo fiscal. A los politólogos, aquellas que permiten la expansión de los “poderes ilegales”. Las primeras apuntan a mayores beneficios para sectores que sufren de precariedad laboral, jubilación indigna e incertidumbre de sus ingresos: homologación de trabajadores CAS, mejoramiento de condiciones para cesantes públicos, exoneraciones tributarias para microempresarios. Lo que podrían ser entendidas como regulaciones redistributivas, causan urticaria en la tecnocracia del ajuste. La prioridad por mantener las macrocifras, expulsa a bolsones de trabajadores formales fuera de los brazos de la protección estatal, es decir, los devuelven al mundo de la sobrevivencia informal. El segundo tipo de normas es promovido por quienes he llamado “informales con plata” (y con capacidad de presión política): mineros “artesanales” que quieren perennizarse en su óptimo paretiano de la transitoriedad, transportistas de servicio público que negocian asumir los riesgos de la inseguridad a cambio de amnistías de papeletas y extensión temporal de rutas, todos aquellos actores económicos que persiguen redefinir qué es el “crimen organizado” con el propósito de dejar a amplias “zonas grises” dentro de la ley. En este caso, el problema es, sin dudas, la filtración de intereses ilegales por esta vía.

Podemos ver a estos tipos de normas socavando la eficiencia del modelo, por supuesto. Nuestra economía crecería más si nuestro gasto social disminuyese y sin los costos asociados a la violencia ilegal. Pero también podemos entender esta dinámica legislativa como partera del antimodelo, nuestro mal menor. Piense: ¿cuáles serían las alternativas? Una redistribución del ingreso socialistoide y/o una toma real y visible del poder de parte de actores ilegales. No llegamos a ser socialismo del siglo XXI ni sultanismo centroamericano, afortunadamente. Nuestro antimodelo concibe, espontáneamente, estas vías redistributivas menores y esta tolerancia a la economía informal. Así, luce el galardón de haber impedido un giro a la izquierda y un cambio constitucional por presión popular. Entiéndase la paradoja: nada más caótico que encontrar el veneno y el antídoto, la herida y la espina en el mismo lugar. No tenemos un modelo de economía de mercado y de instituciones políticas autónomas, como el chileno, sino un antimodelo de libre mercado y libre institucionalidad.

Que una lectura superficial gringa vea este funcionamiento como una “dictadura sin dictador” no me preocupa, por anecdótica. Un poco, sí, que voces del empresariado y sus acólitos, dizque ofendidos, le responda en sus mismos términos. Me parece más serio, eso sí, que varios directorios empresariales caigan en esta dicotomía de interpretación molarizante y maniquea de la realidad social peruana. Que hayan abandonado el análisis y abrazado la confrontación. Pero, sin lugar a duda, lo más grave es que la oligarquía intelectual limeña haya (re)caído en el simplismo. Ha degradado la investigación social académica al nivel del cliché. Sus máximos exponentes se han convertido en creadores de contenidos para la indignación barata de sus propias audiencias, ya sean aulas del pensamiento único o prensa alternativa del yapeo. Mientras este regodeo endogámico se reproduce, se asienta la dinámica de nuestro antimodelo, pasando inadvertida ante los ojos de supuestos expertos.