Chile está retomando el camino que produjo un crecimiento alto por décadas, pero del que se desvió durante los últimos 15 años. Tras la elección de José Antonio Kast con 58% del voto y tras cuatro meses en el poder, el Senado aprobó su propuesta Ley de Reconstrucción Nacional hace unas semanas.
El proyecto de ley reduce impuestos y ciertas regulaciones y promueve mayor seguridad jurídica para los inversores. Se espera que, además de dinamizar su economía, dé el ejemplo a sus vecinos del norte para retomar el sendero liberalizador también.
Hacía falta el cambio de dirección. Durante el extravío chileno se cuestionó y hasta se rechazó el modelo económico que hasta entonces había sido ampliamente apoyado por un consenso democrático. El incremento importante del papel del Estado en la vida de la gente, que se intensificó con el gobierno anterior de Gabriel Boric, generó pobres resultados económicos y sociales.
La economía chilena se estancó. En una conferencia en la Universidad de Desarrollo en Santiago a la que fui invitado a participar la semana pasada, el director ejecutivo de Faro, Ernesto Silva, mostró cómo el crecimiento anual promedio de Chile entre 1990 y el 2013 fue de 4% y cayó a 1,1% desde el 2014 hasta hoy (en los años noventa, el crecimiento anual promediaba 6,3%). Dice Silva que la productividad de la economía ha sido negativa casi todos los años desde el 2012.
El gasto público y los impuestos han subido y las regulaciones se han multiplicado. Gerardo Varela de la Fundación para el Progreso observa que en 1990 hubo 18 ministerios y, hoy que el gobierno tiene 25, “funciona peor”. Agrega que el presupuesto del Estado “se multiplicó por 10 en estos años y los servicios públicos prestan peores servicios, pero con más gente. En 1999 había nueve funcionarios por cada 1.000 habitantes; en el 2024, terminamos con 25 por cada 1.000; y durante el gobierno pasado, eso se disparó”. La deuda pública también se disparó del 17,3% en el 2015 a 41,5% ahora.
Las regulaciones se han vuelto más pesadas. Silva da un ejemplo: en el 2008, tomó 355 días para tramitar un estudio de impacto ambiental a la hora de proponer un negocio; en el 2025, ese proceso burocrático llegó a demorar 1.175 días. Según un estudio de la Universidad Diego Portales, en la última década los costos laborales han subido un 50%. Gran parte se debe al aumento en alrededor del 40% del salario mínimo –sobrepasando el aumento de productividad que no se dio– y a la reducción por ley de la jornada ordinaria. Esto ha producido un desempleo de 9,4%.
Uno de los logros importantes de la nueva ley es que reduce el impuesto corporativo del 27% –muy por encima del promedio mundial o de los países ricos– a 23%. Es significativo porque es la primera vez en más de 36 años que se reduce tal impuesto. Subió continuamente a lo largo de los años desde 0% a principios de los ochenta a 27% con Bachelet en el 2018.
La rebaja es significativa también porque reduce un impuesto que el centro de investigación Horizontal destaca en un estudio reciente como una causa importante de la caída de la inversión. También identifica como causas la permisología, los déficits fiscales constantes y los retiros de fondos previsionales.
No sorprende que, según una encuesta del Centro de Estudios Públicos, la mayoría de los chilenos ahora critica la burocracia estatal y el 83% favorece reducir el gasto público. El gobierno de Kast va por buen camino económico y político. Pero es solo el comienzo y tiene que ir más allá. Es hora de que Chile regrese a las bases de su modelo y profundice mucho más en las reformas que ha iniciado el gobierno.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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