Sobre el tamaño del Estado

Desde un punto de vista más ideológico, algunos libertarios plantean que el tamaño del Estado debe ser el mínimo posible. Lo suficiente pequeño para solo garantizar la seguridad interna y externa, el sistema judicial, las relaciones exteriores y un mínimo de gasto en los pobres extremos y los más desvalidos de la sociedad (huérfanos y enfermos mentales).

Al otro extremo están los defensores de los derechos ciudadanos (léase, casi gratuitos) a los servicios básicos, educación, salud y hasta vivienda. Algo que claramente un país en desarrollo (ni ningún país) puede solventar.

¿Qué dice la evidencia empírica en los últimos 250 años? Solo un grupo pequeño de países (35) ha logrado ser desarrollado. En ellos, los Estados eran pequeños al inicio de sus procesos de acumulación. Hoy en día, el tamaño del Estado en los países desarrollados es –en promedio– 45% del PBI. Algunos tendrán que reducirse algo, sobre todo en materia pensionaria, pero dudo de que se reduzcan a su mínima expresión.

¿De qué tamaño debería ser el Estado en una economía en desarrollo como el Perú? Por tamaño entendemos el gasto público como porcentaje del PBI. No a la tramitomanía ni los aspectos regulatorios sectoriales. Eso lo dejamos para otras columnas *.

El gasto público debería estar financiado en gran parte con impuestos neutrales entre sectores (IGV y Renta) y –estos últimos– no tan altos para que permitan una mayor acumulación de capital físico y humano, funcionales al crecimiento económico.

El tamaño del Estado es un equilibrio político. Y a veces este no es sostenible fiscalmente. En la región tenemos varios ejemplos. En Bolivia, durante el predominio del MAS, el tamaño del Estado fue creciendo. Al principio financiado con el gas, luego con deuda pública y finalmente con el ‘impuesto inflación’, recurriendo al Banco Central. Como eso no es sostenible, menos en un régimen democrático, ahora el presidente Rodrigo Paz tendrá que hacer un ajuste fiscal. Lo mismo ocurrió en Argentina, que por décadas tuvo un Estado muy grande –casi de tamaño europeo–, pero que no se pudo financiar. El ajuste lo viene realizando el presidente Javier Milei.

Algo similar pasa con Brasil, que tiene un tamaño del Estado que ha sido financiado con una pesada deuda pública y con tasas de interés altas que afectan a sus empresas y familias.

Colombia ha tenido un mal desempeño fiscal, que lo ha llevado a perder el grado de inversión, lo que ha encarecido el crédito a su sector privado y restado recursos en favor del servicio de la deuda pública.

En el caso chileno –a diferencia de Argentina o Bolivia–, el tamaño del Estado es relativamente pequeño, dado su grado de desarrollo relativo. Más allá de los jóvenes extremistas chilenos de izquierda que estuvieron por meses asediando al gobierno de Sebastián Piñera, había –al inicio– un reclamo de las amplias clases medias chilenas por un mayor tamaño del Estado en salud, educación y pensiones.

En el caso peruano, el tamaño del Estado que podemos financiar sin inflación y cumpliendo nuestras propias reglas fiscales es –más o menos– el tamaño actual (23% del PBI). Para reconstruir el espacio fiscal, bastaría con cumplir las reglas fiscales en los próximos años. Para ello, el Congreso deberá responsablemente derogar la mayoría de las normas que atenta contra la solvencia fiscal, sean de mayores gastos o de menores ingresos.

Por el lado del Ejecutivo, hay espacio en el gasto público para reordenar las prioridades y sus respectivos presupuestos, y para combatir la corrupción y alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en el gasto público.

* Luego de tres años de sabático, vuelvo como columnista de El Comercio.