Ética y quebrantamiento de la democracia

El término ‘corrupción’ viene de la voz latina ‘corruptio’ o ‘corrupcionis’. Tiene diversos significados. Uno de ellos es, según el “Diccionario de la Lengua Española” de la RAE: “en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de funciones y medios de aquellos en provecho económico y de otra índole de sus gestores”.

La ética pública, sea esta de una autoridad elegida o de un funcionario de carrera, significa actuar en beneficio de todos los ciudadanos y tener una capacidad de servicio hacia la comunidad. Ello quiere decir que no puede usar su cargo para enriquecerse, para negociar poder, hacer clientelismo, o influir en beneficio propio o de terceros; situación que consigue aprovechando el privilegio que le otorga dicho cargo o función.

La palabra ‘ética’ viene de la voz griega ‘ethos’, que entre diversos significados, quiere decir “recto, conforme a la moral” o también “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida” (RAE). De lo que resulta que, etimológicamente hablando, ética y moral significan lo mismo: costumbre, buenas costumbres, vinculadas a actuar de acuerdo a un conjunto de valores asumidos en una cultura por una civilización. Por eso lo inmoral, lo antiético, significa la ruptura de una o varias conductas vinculadas a esos valores y al resquebrajarse esas conductas se corrompe, es decir, se descompone. Precisamente, ‘corrupción’ significa descomposición de una conducta que se niega o no sabe distinguir entre el bien y el mal.

Como se sabe, a lo largo de la historia, las personas que ocupan un cargo elegido o desempeñan una función pública pueden corromperse. Esto no quiere decir que todos los políticos y funcionarios, por el hecho de serlo, son corruptos, pero cuando esta corrupción es secuencial, tiene una constante, ensombrece lo positivo que puede haber en una gestión política o en una gestión pública –que son cosas distintas aunque a veces se confundan porque se entrecruzan–.

Si la corrupción tiene una cierta constante, ello afecta la estabilidad de un sistema político, lo pone en riesgo, incluso lo puede llevar a su resquebrajamiento total, como sucedió en algunas monarquías de antaño, dictaduras y democracias más recientes.

Por ejemplo, la crisis del aparentemente estable bipartidismo venezolano pre-Chávez fue porque se produjeron diversos actos de corrupción. Claro que el chavismo no fue una solución al problema porque la corrupción aumentó.

La caída de la dictadura fujimorista, que algunos llaman fujimontesinista, se produjo por denuncias de corrupción. Asimismo, el pasado referéndum para la reforma parcial de la Constitución vigente tuvo relación, en parte, con las denuncias de corrupción que hubo contra el otrora Consejo Nacional de la Magistratura que tambaleó los cimientos del mismo Poder Judicial.

Es cierto que el quebrantamiento de un sistema político también puede deberse a factores no éticos, pero, sin duda, donde predomina el robo organizado y sistemático por diversas autoridades, el relajamiento de las buenas costumbres, la indecencia en el uso de un bien público para hacer negocios y poner ese bien público al servicio de grupos de poder económico y campea la corrupción; se termina por afectar la legitimidad pública de cualquier sistema político, o con mayor rigor, la de las instituciones que son el soporte del sistema político, es decir, su legalidad.

Este estado de cosas produce una gran desconfianza en la opinión pública, que empieza a dejar de creer en las instituciones, en sus gestores, en los liderazgos y sus capacidades para resolver las demandas provenientes de la sociedad y finalmente de toda la estructura del Estado.

Así se produce un desencanto con la política como medio para resolver estas demandas ciudadanas, sobre todo cuando la corrupción se convierte en una costumbre social aceptada como un hecho normal que se traduce en la frase “robó pero hizo obra”.

La ética pública no debe ser solo de la autoridad elegida, del funcionario público, sino sobre todo del ciudadano. Desde luego un buen gobierno, para ser tal, no solo debe solucionar las demandas ciudadanas, sino que sus miembros deben tener una ética pública intachable.

Bien decían los romanos: no hay que mezclar los negocios públicos con los privados.