El presupuesto municipal, compuesto por las previsiones de ingresos, egresos y fuentes de financiamiento para un período anual, es clave para garantizar la prestación de servicios y la ejecución de obras que mejoren la calidad de vida de la población. Su adecuada ejecución es supervisada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuya misión es asegurar el equilibrio y la sostenibilidad fiscal del país. En ese contexto, el MEF ha propuesto recientemente una serie de recortes presupuestarios en la revisión de la programación de los compromisos anuales, lo que ha generado un rechazo mayoritario de las municipalidades.
Es importante que no analicemos este hecho de manera aislada. En el 2023, la ejecución presupuestal para proyectos de la mayoría de las comunas fue considerablemente baja. Según el portal de Transparencia Económica del MEF, la inversión cayó un 11% con respecto al 2022, y la media de ejecución fue del 62,3%. A la fecha, solo una región supera el 50% del gasto en promedio, lo que genera una presión excesiva en el último trimestre y aumenta el riesgo de un uso ineficiente de los recursos.
Diversas instituciones, como la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, han advertido sobre el costo social de esta situación, resaltando su impacto en el aumento de la informalidad y la pobreza. La Contraloría General de la República y otros organismos coinciden en que las causas estarían asociadas a la limitada capacidad técnica, la casi inexistente planificación urbana y territorial, la excesiva complejidad de los procesos administrativos, la opacidad en la toma de decisiones y la falta de continuidad en las políticas y proyectos de las gestiones precedentes.
En cuanto a la planificación urbana, según la plataforma de Datos Abiertos, solo el 6% de los distritos del país cuenta con un plan urbano vigente y el 7% adicional ha tenido alguno en el pasado. De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, estos instrumentos cumplen funciones claves como la de garantizar un desarrollo sostenible, inclusivo, competitivo y resiliente mediante la adecuada ocupación del territorio; y determinar los mecanismos y proyectos necesarios para alcanzar estos objetivos.
Actualmente, los planes urbanos no son un requisito obligatorio para que los gobiernos subnacionales determinen las inversiones a realizar y el reglamento que establece los contenidos mínimos de dichos planes no precisa una metodología clara para identificar y priorizar la cartera de proyectos. En consecuencia, los pocos instrumentos que se han elaborado no son utilizados por las municipalidades como base para promover iniciativas, y muchas de las propuestas carecen de un análisis económico y financiero adecuado que garantice su viabilidad.
Por otro lado, la fragmentación política del país en 26 regiones, 196 provincias y 1.891 distritos genera, entre otros problemas asociados a la gestión y la gobernanza, la imposibilidad de que cada municipalidad cuente con un equipo mínimo de especialistas en planificación urbana y territorial. Esta situación dificulta enormemente la elaboración, implementación y actualización de los instrumentos necesarios para una planificación eficaz.
Para estos problemas existen soluciones claras. Primero, es esencial que el MEF y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) trabajen coordinadamente para mejorar la calidad del gasto público mediante el uso eficaz de la planificación urbana. Para ello es necesario reforzar la metodología que permite identificar los proyectos prioritarios, y que estos sean registrados en la plataforma Invierte.pe mediante un formato similar al de la ficha técnica simplificada. En segundo lugar, es importante que el Viceministerio de Gobernanza Territorial y los gobiernos regionales impulse la creación y el fortalecimiento de mancomunidades municipales, con el objetivo de mejorar la gestión del suelo y la ejecución de proyectos mediante una planificación urbana y territorial adecuada. Además, esto permitirá optimizar el uso de recursos destinados a la contratación de especialistas, pudiendo atraer a profesionales mejor capacitados.
Como podemos ver, las soluciones están a nuestro alcance. Es necesario que presionemos a nuestras autoridades para que actúen sobre estos temas cruciales para el desarrollo sostenible de nuestro territorio y el bienestar
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