Durante décadas aprendimos a mirar la economía internacional desde la lógica de la eficiencia: especialización, ventajas comparativas, cadenas globales de valor y reglas comunes para reducir la incertidumbre. Esa lógica no ha desaparecido, pero hoy convive con otra: la geoeconomía. Es decir, el uso deliberado de instrumentos económicos para alcanzar objetivos de poder, seguridad e influencia internacional.
La diferencia importa. Un arancel ya no busca solamente proteger a una industria. Puede pretender modificar decisiones de inversión, forzar la relocalización de una cadena productiva o reducir la dependencia de un rival. Una restricción a las exportaciones puede convertir minerales críticos, tierras raras o tecnología en instrumentos de negociación. Las prohibiciones de importación, cuotas, licencias y requisitos vinculados al origen de insumos de terceros países extienden incluso el alcance de una política nacional más allá de sus fronteras.
La frontera entre economía y política exterior también se ha vuelto más porosa. Sanciones financieras, controles de inversión, compras públicas condicionadas y amenazas de retirar el acceso preferencial a mercados pueden utilizarse para alterar decisiones de gobiernos o empresas extranjeras. La interdependencia deja así de ser solamente una fuente de prosperidad y se convierte también en una fuente potencial de coerción. Esto obliga a países como el nuestro a evaluar no solo precios y oportunidades comerciales, sino también la concentración de proveedores, las dependencias tecnológicas, las vulnerabilidades logísticas y la capacidad de respuesta ante decisiones externas.
No estamos, entonces, ante una simple guerra comercial entre EE.UU. y China. Estamos frente a un cambio más profundo en la relación entre mercados y poder. La seguridad económica comienza a prevalecer sobre la eficiencia; la resiliencia, sobre el menor costo; el “con quién produzco” importa tanto como el “cuánto cuesta producir”. Y cuando la excepción por seguridad nacional se expande, las disciplinas de la OMC, los acuerdos comerciales y otros mecanismos de cooperación pierden capacidad para contener decisiones unilaterales.
Esto tiene otra consecuencia preocupante. Los grandes desafíos globales requieren bienes públicos globales y cooperación. Un mundo fragmentado tiene mayores dificultades para producirlos. La OMC ha advertido precisamente que dividir la economía mundial en bloques tendría costos especialmente elevados para las economías en desarrollo.
¿Qué puede hacer el Perú? Lo primero es resistir la tentación de escoger apresuradamente un bando. No por neutralidad pasiva ni por ingenuidad, sino por interés nacional. Somos una economía pequeña, abierta, rica en recursos naturales y necesitada de inversión, tecnología, mercados y conocimiento. Nuestra fortaleza está precisamente en poder relacionarnos con múltiples socios bajo reglas previsibles.
Necesitamos una diplomacia económica mucho más sofisticada. Defender el multilateralismo, pero reconocer sus debilidades. Profundizar nuestras relaciones con EE.UU., China y Europa, pero, simultáneamente, diversificar mercados y alianzas hacia Asia-Pacífico, América Latina y otros socios confiables. Usar activamente nuestra red de acuerdos comerciales, APEC, el CPTPP y la Alianza del Pacífico. Y construir coaliciones con países ‘like-minded’, interesados en economías abiertas, reglas claras y autonomía para decidir sus propias estrategias de desarrollo.
También debemos mirar nuestros activos estratégicos con inteligencia. El cobre y otros minerales críticos, la biodiversidad, la energía, los alimentos, la ubicación en el Pacífico y la capacidad de generar energías renovables no deberían convertirnos en piezas de una disputa ajena, sino en plataformas para atraer inversión, desarrollar proveedores, incorporar tecnología y agregar valor.
La geoeconomía recién está escribiendo sus reglas. Nadie conoce todavía su punto de llegada. Precisamente por eso, en tiempos de incertidumbre, la mejor política exterior no es alinearse por reflejo, sino ampliar opciones. Para un país como el Perú, soberanía económica significa tener más socios, no menos; más mercados, no menos; y suficiente capacidad propia para que nuestras decisiones respondan, ante todo, a nuestro desarrollo.
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