Gobierno confirma que planta siderúrgica en construcción en Chilca no cuenta con permisos ambientales

Este nuevo episodio ha vuelto a encender las alarmas sobre la legalidad de una obra que fue denunciada a mediados del 2025 por la asociación de defensa de los derechos del ciudadano, Cívica, y posteriormente por el programa Punto Final de Latina.

La protagonista de esta historia es la empresa Acero Lima Sheng Long S.A.C., una compañía siderúrgica de capital chino creada en julio del 2024 y que inició actividades el 14 de enero del 2025, según datos de la Sunat.

El 11 de agosto de ese año, la empresa presentó ante Produce una solicitud de aprobación del Plan de Participación Ciudadana (PPC) para la construcción de una planta siderúrgica para la producción de alambres, láminas y barras de acero en el sector de San Bartolito, distrito de Chilca, provincia de Cañete.

El PPC fue aprobado por el ministerio el 29 de septiembre. Al proyectarse que la planta -que se extenderá por 14 hectáreas- produciría unas 700 mil toneladas de material al año se requería que esta obtuviera un EIA detallado (EIA-d).

Sin embargo, una supervisión realizada por el OEFA al terreno el 12 de diciembre revela mediante el testimonio de quien se identificó como representante del administrado, y asegura haber ingresado a la empresa el 15 de agosto, que los trabajos en la zona iniciaron “mucho antes” de su llegada.

Al momento de esa primera inspección, la obra no contaba con un EIA-d aprobado, pese a ello los supervisores constataron que se registraba alrededor de un 80% de trabajos preliminares sobre el terreno.

En respuesta a una solicitud de información enviada por El Comercio, OEFA confirmó que a la fecha Sheng Long “no cuenta con IGA (Instrumento de Gestión Ambiental) aprobado”.

Pese a ello, la obra siguió avanzando, por lo menos hasta febrero de este año, según pudo constatar este Diario tras comparar fotografías de la zona registradas en diciembre del 2025 y agosto del 2026.

OEFA informó a El Comercio, además, que el 11 de marzo realizó una segunda supervisión la cual “concluyó con la elaboración del Informe Final de Supervisión 00398-2026-OEFA/DSAP-CIND, recomendando el inicio de (un) procedimiento administrativo sancionador”.

“Asimismo, se puso en conocimiento de PRODUCE, SENACE y Municipalidad de Chilca, la supervisión realizada a la empresa Acero Lima Shenglong S.A.C. y se les solicitó información sobre la tramitación de instrumento de gestión ambiental y autorizaciones otorgadas a la citada empresa, respectivamente”, agrega el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

En paralelo a las intervenciones de OEFA, Sheng Long solicitó a Produce acogerse a un PAMA. Este instrumento correctivo permite que actividades en curso se adecúen a la normativa ambiental sin tramitar el EIA.

Sin embargo, la normativa nacional es bastante clara al indicar que solo podrán acceder a este mecanismo quienes iniciaron actividades antes del 27 de junio del 2019. Por esa razón, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI) rechazó el pedido de Sheng Long el 15 de junio de este año.

Esta decisión de DGAAMI, sin embargo, fue declarada nula de oficio el 24 de agosto mediante una resolución firmada por el viceministro de MYPE e Industria, Eloy Durán Cervantes.

La anulación se sustentó en un vicio formal en la motivación, luego de que la DGAAMI citara una norma procesal derogada y otra inexistente. Con ello, el despacho viceministerial ordenó retrotraer el procedimiento para que la DGAAMI vuelva a pronunciarse conforme a ley.

El Comercio envió una lista de preguntas al área de prensa de Produce sobre la situación de Sheng Long, pero al cierre de este informe no fueron atendidas.

Tras la publicación de este informe, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del ministerio se comunicó con este Diario para trasladar la respuesta del viceministro Durán.

“La solicitud de evaluación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) presentada por la empresa Shenglong fue declarada improcedente mediante Resolución Directoral N.° 00432-2026-PRODUCE/DGAAMI, sustentada en el Informe N.° 00000052-2026-PRODUCE-DEAM-ldonayre. La nulidad de la Resolución Directoral N.° 00304-2026-PRODUCE/DGAAMI corresponde a un vicio de forma. En consecuencia, dicha nulidad no implica un pronunciamiento diferente sobre la solicitud de la empresa, pues existe un pronunciamiento de fondo que declara expresamente la improcedencia de la solicitud de evaluación del PAMA", precisan desde Produce.

El exgobernador de Ica y fundador de Cívica, Fernando Cillóniz, detalló a El Comercio que fueron alertados por “Aceros Arequipa, que es miembro de Cívica, a mediados del 2025. Observamos y nos encontramos con una situación escandalosa. A nosotros las municipalidades nos multan por construir un muro de seguridad de un metro y acá se construye una fábrica enorme sin permiso, y los municipios y los ministerios no hacen nada”.

Esta alerta habría resonado en el sector formal siderúrgico peruano, donde se teme que el tablero podría estar inclinado en beneficio de ciertas empresas.

“Llevamos 70 años en el mercado y nos gusta la competencia porque nos hace fuertes. Estamos a favor de la inversión privada y no distinguimos en cuanto a la procedencia del capital. Lo que menos necesitamos es que nos protejan, pero sí queremos un tablero que no esté inclinado, cumplir la ley no puede convertirse en una desventaja competitiva”, comentó a El Comercio Andrés Balta, gerente legal de Siderperú.

La compañía peruana dedicada a la fabricación y comercialización de productos de acero asegura haber recibido la información sobre el caso directamente por parte de Cívica tras hacer pública la denuncia.

Tras ello, detalla Balta, “esperamos pacientemente a que OEFA, a través de sus medios de comunicación, cargara la denuncia a los efectos de que inmediatamente nosotros, bajo el ejercicio del derecho de petición, pudiésemos realizar pedidos de información. Obtuvimos la denuncia, la revisamos y empezó una actividad propositiva para hacerlo comunicar entre las instituciones públicas involucradas: Produce, SENACE y OEFA. Nuestra labor ha sido de escudriñar para lograr hacer surgir la verdad de los hechos clara y notoriamente denunciados”.

En ese sentido, el gerente legal de Siderperú explica que un EIA-d “tiene que ver con todos los impactos que pueden producirse respecto de un proyecto que aún no está construido”. En dicho estudio, agrega, se analiza la superficie donde se realizará el proyecto, las comunidades aledañas y especies impactadas, y sobre todo las medidas que se adoptarán para su posterior fiscalización.

Por ello, Balta también cuestiona el accionar de la Municipalidad Distrital de Chilca. “Las municipalidades, para otorgar una licencia de construcción, evidentemente piden un EIA, todas hacen eso. Si se construye tan notoriamente la municipalidad no puede taparse los ojos, se debe fiscalizar y parar la edificación no autorizada. Es una situación en la que resulta muy difícil que no se hayan enterado o no supiesen cómo actuar”, señala.

Cillóniz también cuestiona el rol de las entidades de control frente a este caso. “Estamos sorprendidos por la nula reacción de OEFA y de la Municipalidad Distrital de Chilca, siendo las dos principales instituciones involucradas. Esta es una obra que no ha pasado por los procedimientos que pasamos todos”, enfatiza el fundador de Cívica.

Sobre el intento de Sheng Long por obtener un PAMA, Balta afirma que “no hay un marco legal que permita regularizar este tipo de infracciones. Esta empresa ha recurrido a Produce para obtener un plan de adecuación de manejo ambiental pero se encuentra en una situación en la que eso no es posible. Lo que se hace con las infracciones es sancionarlas”.

Por ello, explica, lo que correspondería con esta obra sería “demoler y volver a realizarla bajo los controles respectivos”.

Luego de ser entrevistado por El Comercio, Cillóniz reportó haber sido querellado penalmente por Liu Daishun, gerente general de Sheng Long, quien lo acusa de difamación agravada y solicita dos años de prisión en su contra, además del pago de una reparación civil de 500 mil soles a favor de la empresa. En la denuncia también fue incluida Cecilia León Reyes, presidenta de Cívica.

Daishun sostiene que las acusaciones presentadas por la asociación civil ante la Municipalidad de Chilca y en medios de comunicación se apoyan en “hechos falsos” que afectaron la reputación comercial de su empresa.

Para ello, argumenta que el OEFA archivó en enero del 2026 una supervisión preliminar al no hallar evidencia inicial que vinculara las obras en Chilca a la firma china.

Cabe resaltar, además, que en la segunda visita de OEFA a la zona, realizada en marzo de este año, el ciudadano Erick Jerónimo León, quien se presentó como representante de Manuel Portocarrero Giles, aseguró que Sheng Long no tenía injerencia en los trabajos y que el predio solo le había sido cedido temporalmente a la empresa como depósito para almacenar maquinaria, atribuyendo la ejecución total de las obras a Portocarrero.

Sin embargo, los propios trámites realizados por Sheng Long y los registros oficiales contradicen esa versión.

En el PPC presentado ante Produce en el 2025, la empresa consignó tanto la ubicación del proyecto como la existencia de un contrato preparatorio de compraventa sobre el terreno.

En una consulta al registro predial de la Sunarp, El Comercio constató que la operación inmobiliaria se formalizó mediante la Partida N° 21346135 de la Oficina Registral de Cañete, en la que Acero Lima Sheng Long S.A.C. figura inscrita como compradora activa del predio.

Este Diario intentó comunicarse con la empresa para recoger su versión; sin embargo, esta no cuenta con portal institucional, números telefónicos o correos electrónicos de contacto públicos.

*Este artículo fue actualizado el 24 de septiembre para incluir una declaración enviada por Produce a El Comercio.