La caída de Benavides

La destitución de Patricia Benavides por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cierra un ciclo de la confrontación política por el control del Ministerio Público. Este período tuvo que ver con su permanencia al frente de la institución.

Aunque puede apelar ante la JNJ, sería un mero formalismo, considerando la contundencia de la votación. La vía judicial subsiguiente también está abierta, pero en el tema de fondo –la remoción por Benavides de la magistrada Bersabeth Revilla– el Tribunal Constitucional (TC) dijo hace un mes que la JNJ es competente para supervisar los nombramientos que hace un fiscal de la Nación. Carece de poder discrecional, pues, dado el caso, debe rendir cuentas a la JNJ. Antes no estaba claro. Es un buen punto para discutir, porque, dependiendo de la calidad del criterio de los miembros de una JNJ, puede ser fuente de problemas. En el Ministerio Público muchos se consideran inamovibles. Algunos, ininvestigables.

La JNJ consideró que Patricia Benavides sacó a Revilla para que no investigara a su hermana Enma. Así también fue percibido por la opinión pública, pues la tesis de la baja productividad, quizás vendible técnicamente, nunca pudo imponerse a la del conflicto de intereses. La votación estuvo marcada por la cercanía de su retorno al cargo del que había sido suspendida por seis meses. Destituirla pronto era la única manera de impedir su regreso a comienzos de junio (un pedido de suspensión ante el Poder Judicial lucía débil). Esta inminencia quizás explique la unanimidad, el sentido de votos que se suponían inciertos, como los de Marco Falconí y Augusto Thornberry. Benavides podía remover a Marita Barreto de la coordinación del Eficcop, el equipo de fiscales que investiga la corrupción política, entre otras medidas. Algunas de sus acciones pueden ser controversiales, pero ese terremoto nadie lo quería.

La existencia de una causa bien posicionada no niega que hubiera un complot. Existió una concertación que permitió, el 27 de noviembre pasado, la captura del asesor Jaime Villanueva, las imputaciones subsiguientes a Benavides y su suspensión por la JNJ. De acuerdo con la tesis más plausible, los concertados fueron el ex primer ministro Alberto Otárola, la congresista de Fuerza Popular Martha Moyano y la fiscal Marita Barreto.

Otárola buscaba impedir la denuncia constitucional que Benavides presentaría en el Congreso, contra él y la presidenta, por las muertes durante las protestas sociales. Sabiendo de dónde venía el golpe, Benavides presentó la denuncia el mismo día de la captura de Villanueva. Fuerza Popular pretendía que el Gobierno se allanara al indulto de Alberto Fujimori y habría aportado los chats del “agente Roberto”. A su vez, Marita Barreto deseaba continuar en la coordinación del Eficcop. Sin embargo, la destitución halló dificultades por este camino.

El proceso en la JNJ se paralizó porque el Congreso destituyó a dos de sus miembros y nunca pudo perfeccionar la desprolija suspensión. Fue acordada sin mayor evidencia: el Eficcop solo aportó fotocopias de chats y el testimonio sin corroborar de Villanueva. La JNJ ni siquiera convocó a una audiencia para ver la apelación. Por eso cambió de planes y aceleró el caso Revilla con los resultados conocidos.

Muerta la reina, ahora falta el procesamiento a los súbditos. El Ministerio Público debe demostrar que Benavides dirigía una organización criminal favorecedora de congresistas a cambio de votos para inhabilitar a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y destituir a la JNJ. Hay otras importantes imputaciones, incluso no políticas. Villanueva admitió haber recibido pagos ilícitos. Al menos uno sin que supiera Benavides, y otro que habría compartido con la magistrada destituida, sin presencia de terceros. Un empresario ya admitió que pagó sobornos para una compra de computadoras. Villanueva dijo también que el asesor Miguel Girao recibió pagos, aunque este lo ha negado.

El juez Raúl Justiniano viene evaluando la solicitud de prisión preventiva por 36 meses solicitada por el Eficcop para Girao. Cuando Villanueva fue detenido, Girao, el jurista del equipo, se negó a convertirse en colaborador eficaz, pese a que le presentaron un texto ya redactado de una solicitud. Sigue resistiéndose después de 15 días en la sombra. Es prematuro desgranar, por el momento, el cúmulo de imputaciones que se le hacen. Ha optado por ejercer su defensa sin beneficios de delación, arriesgándose a recibir 36 meses de prisión preventiva. La tensión entre los descargos de Girao y lo que aduzca el Eficcop marcará, a lo largo del proceso, el destino judicial de la tesis de la organización criminal. En el camino deberá esclarecerse cómo apareció el “agente Roberto”, una construcción probablemente artificial del Eficcop, que no logró convertirse en evidencia fuerte pese a que Villanueva admitió la veracidad de los chats que ambos intercambiaron.

De otro lado, en la investigación que llevan a cabo fiscalías supremas a partir de las confesiones de Jaime Villanueva quedan preguntas abiertas, sobre todo después de la destitución de Benavides. Villanueva se salió del libreto del Eficcop, donde es aspirante a colaborador eficaz y responde solo lo que le preguntan. En las fiscalías supremas sigue manifestándose con amplitud, con dichos aún sin corroborar que tocan al poder de turno en el Ministerio Público.

Villanueva dijo, por ejemplo, que algunos casos de lavado de activos en los que tuvo interés personal los resolvió a través del coordinador Rafael Vela. Hasta donde se sabe, a Vela no se le investiga al respecto. Esto no se comprende en una situación por la que hay personas que están en prisión o fueron allanadas. Pablo Sánchez sí es investigado por Juan Carlos Villena por un supuesto intercambio de favores −archivamiento de carpetas− con Patricia Benavides. El ex fiscal de la Nación lo ha negado. Será digno de observación cómo se investigan entre miembros de la Junta de Fiscales Supremos, donde deberá elegirse al próximo fiscal de la Nación, con o sin alianzas entre ellos.

Estas observaciones son válidas porque hay evidencias de abuso y doble rasero en algunas actuaciones del Ministerio Público. La fiscal Delia Espinoza recusó al juez Juan Carlos Checkley para apartarlo de los casos contra Patricia Benavides, tras involucrarlo en una investigación contra ella. Sencillamente porque deseaba un magistrado a su medida. Para imputar al juez se basó en expresiones que en diciembre del 2023 Villanueva dijo haber escuchado, del mismo modo en que se ha referido a muchas personas en las más de 30 manifestaciones que lleva brindadas, y que siguen los acontecimientos por televisión. Así como ocurre en el público, en la fiscalía puede haber un Villanueva bueno y un Villanueva malo según de quien se trate. En cuanto a Checkley, hasta que emitió resoluciones que agradaron, no hubo inconformidad. Esta falta de ética procesal, por decir lo menos, menoscaba el prestigio de una magistrada como Espinoza, que podría ser fiscal de la Nación.

Otro paso en falso fue el encarcelamiento de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta, a pedido del Eficcop. La Quinta Sala Penal de Apelaciones, al disponer su libertad, explicó la ilegalidad de encerrarlos por presuntos delitos que pueden investigarse sin llegar a ese extremo. Ni obstaculización de la justicia, ni peligro de fuga, solo falta de objetividad. El juez Richard Concepción Carhuancho, fiel a su tradición, fue comparsa de la fiscalía y copió y pegó elementos de convicción para detenidos con distintas imputaciones. Hubo otro dudoso empleo de un “agente encubierto” para apresar a Castañeda. El contexto es el de evidencias de corrupción de Dina Boluarte, con ella maniobrando para protegerse. Es necesario vigilar que el Ministerio Público la investigue apoyándose en la legalidad.