Junio visto a través de los Editoriales de El Comercio

Ante la confirmación de la llegada del fenómeno de El Niño global, el Ejecutivo anunció las medidas que adoptará en el futuro inmediato a fin de mitigar sus efectos en el territorio nacional. Durante el “Encuentro intergubernamental de preparación ante el fenómeno de El Niño”, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, informó que el Gobierno ha previsto un alto presupuesto para financiar acciones preventivas en puntos críticos de siete regiones del país. En ese sentido, el dinero, dijo, tendría por propósito “ejecutar lo que nunca se ha hecho”. Sin embargo, urge ver de qué manera sus palabras se llevarán a cabo, pues el riesgo de que se termine haciendo lo mismo de siempre –con los resultados por todos conocidos– está latente.

“Es importante que el Ejecutivo tome en cuenta quiénes van a gestionar estos fondos y el uso adecuado de los mismos. Es urgente capacitar a las autoridades que estarán a cargo de esta labor. No podemos repetir los errores del pasado”.

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Una mayoría de legisladores votó a favor de inhabilitar a la extitular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, de su cargo de fiscal suprema y acusarla por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. La decisión se tomó a partir de la denuncia constitucional presentada por la legisladora Patricia Chirinos en diciembre del 2021, en la que se acusa a la exfiscal de la Nación de haber infringido el artículo 159 de la Constitución, que estipula que le corresponde al Ministerio Público “conducir desde su inicio la investigación del delito”. Esta decisión, sin embargo, abre un escenario peligroso para que una mayoría de legisladores pueda determinar la inhabilitación de un fiscal supremo solo porque no concuerda con su criterio.

“La decisión es peligrosa porque implica que el Congreso pueda sancionar a la cabeza de la Fiscalía de la Nación solo porque discrepa de la manera en la que esta ha decidido proceder, invadiendo sus fueros y sus competencias y, de paso, generando un precedente –más allá de las personas, están siempre las instituciones– que más adelante podría terminar cortándoles la cabeza a otros titulares de la entidad”.

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En medio de la peor crisis sanitaria por el dengue en el Perú de los últimos tiempos y de la justificada renuncia de Rosa Gutiérrez al Ministerio de Salud (Minsa), la designación del excongresista César Vásquez como su reemplazo levantó fundadas preocupaciones por sus nada auspiciosos antecedentes. Todo ello, recordemos, luego de años en los que el Minsa ha estado bajo las órdenes de funcionarios claramente incompetentes para el cargo, como los exministros Hernán Condori o Kelly Portalatino.

“Se trata, en pocas palabras, de un nombramiento que está bastante lejos de lo que se esperaba y eso que lo que se esperaba no era más que una persona con conocimiento del sector y una hoja de vida intachable. Algo que, por lo visto, era mucho pedir para este gobierno”.

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El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, en el contexto de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Lo que el Ministerio Público indaga, como se sabe, es cuál pudo haber sido su rol en el golpe de Estado protagonizado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado. Las pruebas, sin embargo, dejan poco espacio para la duda y sugieren que el papel de la hoy reclusa en el zarpazo no fue menor.

“No hay que olvidar el comportamiento altanero y desafiante de la ex titular del Consejo de Ministros con relación al golpe. Lejos de pedir disculpas, ella ha tratado de responsabilizar de todos sus males a la prensa”.

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La renuncia de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, fue inesperada, pero eso no quiere decir que haya sido inmerecida. Su gestión no había dado la talla ante el desafío histórico de atajar el que ya es, por lejos, el brote de dengue más despiadado de los últimos tiempos. En este Editorial, hicimos un repaso de todos los –catastróficos– jefes que ha tenido la cartera de Salud en los últimos tres años.

“Si a algunos políticos el COVID-19 no los había convencido de la necesidad de rescatar al Minsa y colocar allí a los más calificados, tanto ética como técnicamente, este desborde del dengue es un buen recordatorio de ello. Ojalá que este gobierno lo entienda así también”.

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Finalmente, el Congreso llevó a cabo la segunda votación de la conocida como ‘ley mordaza’, que buscaba endurecer las penas por los delitos de difamación y calumnia en nuestro Código Penal. La propuesta fue derrotada con el voto en contra de 56 legisladores, lo que reforzó la tesis difundida durante las semanas en las que su ratificación estuvo en el limbo de que sus impulsores venían buscando que su refrendo se pospusiera porque ya no contaban con los respaldos necesarios.

“Sin embargo, sería ingenuo pensar que con la votación de ayer las embestidas contra la prensa provenientes del Congreso han quedado conjuradas. […] Los impulsos autoritarios que permitieron que una norma como esta prosperara en un primer momento y que han llevado a que se presenten otras iniciativas que buscan afectar el trabajo periodístico siguen presentes en el hemiciclo”.

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A pesar de estar involucrada en este presunto entramado delictivo tanto o más que varios de sus coimputados y de que las evidencias apuntan a que era ella, más bien, quien manejaba todos los hilos, Sada Goray, la protagonista del escándalo de corrupción más importante de la gestión de Pedro Castillo que tuvo lugar al interior del Ministerio de Vivienda, ha venido recibiendo de la fiscalía un trato que llama la atención por su tibieza.

“Es inaudito, pues, que, aun cuando no se ha logrado establecer todavía los alcances de sus tentáculos dentro y fuera del Estado, Sada Goray goce del trato diferenciado y privilegiado que aquí describimos. Con frecuencia nuestras autoridades repiten que, en materia de investigaciones y procesos de limpieza para borrar cualquier trazo de corrupción en el Estado, aquí nadie tiene corona”.

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Una ciudad como Lima, con más de 10 millones de habitantes, tiene muchas necesidades. No obstante, es claro que la prioridad ciudadana está en el combate a una delincuencia que ha ido evolucionando desde el crimen común hacia el crimen organizado, que es, además, cada vez más violento. A pesar del reclamo ciudadano, sin embargo, los alcaldes en Lima Metropolitana no parecen priorizar el combate a la delincuencia, a pesar de que todas las encuestas la suelen ubicar entre los primeros lugares de las preocupaciones ciudadanas.

“Cualquier esfuerzo serio de seguridad requiere un trabajo coordinado y de inteligencia con la policía y la fiscalía, y cada una de estas dos instituciones enfrenta sus propios problemas. Pero los alcaldes no pueden hacerse de la vista gorda”.

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A pesar de las críticas, el Congreso decidió llevar adelante un cambio legal para poder elegir a su propio procurador y el Gobierno optó por mirar hacia otro lado y consagrar el despropósito, al no observar la autógrafa de la norma. Hasta ahora, tales funcionarios eran elegidos por la Procuraduría General del Estado (PGE) y respondían a ella, pero ahora esto ya no será así.

“Llama la atención que en este mismo período parlamentario se haya presentado un proyecto de reforma constitucional para que sean los congresistas quienes elijan también al procurador general del Estado y para que puedan removerlo del cargo, lo que hace pensar que cierto sector del Congreso busca tener influencia sobre el sistema de defensa jurídica del Estado”.  

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La fiscalía halló en Palacio de Gobierno un decreto ley con fecha 7 de diciembre del 2022 que termina por lapidar al expresidente Pedro Castillo. En él, se dispone la disolución extraordinaria del Congreso y se convoca a elecciones para un nuevo Legislativo. El documento provee una prueba incontrastable de que el depuesto mandatario planeó el zarpazo a nuestro sistema democrático con tiempo y cómplices, y, sobre todo, que realmente pensaba llevar su ruptura del orden constitucional hasta las últimas consecuencias.

“En honor a la verdad, es claro que, aun sin el descubrimiento de este documento, los elementos para acusar al exmandatario de golpista resultaban suficientes, y su permanencia en donde está, garantizada. Pero el hallazgo no solo lo lapida a él”.

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