Belmont, el radical tardío

En política, la juventud suele ser terreno fértil para el idealismo —y el radicalismo—, mientras que la madurez tiende a traer prudencia, matices y sentido común. Pero Ricardo Belmont ha recorrido ese camino en sentido inverso.

Proveniente de una familia acomodada, formado en buenos colegios y universidad, su irrupción original en la política podía incomodar a muchos, pero no asustarlos. Era un ‘outsider’, sí, pero uno más cercano al centro que a una aventura refundacional. Había en él una mezcla de pragmatismo personalista, pero no una vocación de ruptura con el sistema.

Hoy, Belmont encarna un radicalismo tardío, a partir de una mirada de la política como una causa moral. Su discurso no propone gestionar mejor el sistema, sino cambiarlo. Y lo hace desde la típica narrativa del populista que divide al país en el pueblo bueno frente a la “mafia” mala que saquea y captura todo —política, medios y élites económicas—.

Antes que propuestas de política pública, que no exhibe, lo que ofrece es un proyecto de “transformación” más amplio e incierto. El eje central inicial es una ruptura institucional que pasa por regresar a la Constitución del 79 y convocar a una Asamblea Constituyente. Mismo Antauro Humala.

En la práctica, esto implica desarmar el marco jurídico que ha regido al país durante las últimas tres décadas. No es solo cambiar una Constitución; es abrir la puerta a revisar —y eventualmente reescribir— contratos firmados desde 1993, particularmente en sectores extractivos a los que acusa de saquear nuestros recursos naturales. Es decir, cambiar las reglas de juego sobre las cuales se ha construido la inversión en el Perú, la cual ha permitido una reducción drástica de la pobreza.

Además, el discurso no es abstracto. En minería, la idea de revisar contratos y aumentar la presión fiscal y social introduce un nivel de incertidumbre que difícilmente convive con proyectos de largo plazo. En energía e hidrocarburos, la crítica a las privatizaciones y la defensa de un rol más activo del Estado —incluida la defensa de Petro-Perú— apuntan en la misma dirección. En el sistema financiero, la narrativa de que los bancos “le roban al pueblo todos los días” anticipa regulaciones más duras, con el consiguiente riesgo de distorsionar el crédito. Y en comercio exterior, su escepticismo frente a los TLC sugiere un giro hacia un proteccionismo de la industria local, una política de Velasco que nos condujo al abismo.

La propuesta abandona el sistema social de mercado con apertura económica al mundo, y muta hacia un esquema de nacionalismo proteccionista económico, donde el Estado gana fuerte protagonismo para “promover” las industrias nacionales. Y, al hacerlo, se lleva de encuentro a la seguridad jurídica —que hoy funciona como cimiento del sistema—, debilitando la base sobre la que se toman decisiones de inversión.

En paralelo, su visión política refuerza esta lógica. Belmont propone una relación directa entre líder y pueblo. La democracia representativa, con sus contrapesos y limitaciones, aparece más como obstáculo que como garantía. La alternativa implícita: una democracia de corte plebiscitario, donde la legitimidad emana más de la conexión emocional que de la arquitectura institucional.

Al momento de escribir esta columna, no se sabe si Belmont pasará a la segunda vuelta. Pero su protagonismo ya dice algo importante: en un país donde la desconfianza es la norma, el que logra encarnar el enojo tiene media elección ganada; a pesar de que ese enojo para sorpresa de muchos no incluya propuestas de mano dura para luchar contra la inseguridad.

La señora que trabajó por años en mi casa fue una de las decenas de miles que financió a Belmont para fundar Canal 11, y murió sin ver algo a cambio. Si pasa a segunda vuelta tocará luchar para que no llegue a ser presidente.