La justicia en el Perú

He sido invitado por el comité de CADE Ejecutivos de IPAE Acción Empresarial a elaborar un documento sobre la justicia en el Perú, cuya discusión constituye un eje central en la agenda del foro de noviembre.

La crisis de la justicia no es nueva en nuestro país, ni lo son los intentos por ofrecernos su reforma. Siempre se mencionan tres grandes problemas: la falta de autonomía, la ausencia de infraestructura y recursos, y la provisionalidad. Sin embargo, el factor que más influye en la calidad de la justicia es el factor humano.

Sería injusto afirmar que todos los jueces son malos o faltos de independencia, pues existen magistrados honorables y capaces. Lo preocupante es que los mejores alumnos de las facultades de Derecho de las universidades más prestigiosas no aspiran a seguir una carrera judicial, a diferencia, por ejemplo, de los egresados de Economía, que buscan ingresar al Banco Central de Reserva.

¿Por qué ocurre esto? No porque la excelencia académica esté reñida con el servicio público: el sistema judicial ha tenido juristas de enorme prestigio. Pero hoy, además de la falta de liderazgos, las reglas desincentivan el mérito. Un ejemplo es el sistema de ratificaciones, convertido en un callejón oscuro al que todo magistrado debe someterse cada siete años; urge eliminarlo.

Tampoco ayuda insistir en bonificaciones por maestrías o libros –cuando estos títulos muchas veces se compran– ni aplicar porcentajes por discapacidad o cuotas de género que distorsionan los concursos. El mérito debe ser el único criterio válido para el ingreso y ascenso en la carrera judicial y fiscal.

Para iniciar el cambio, propongo una reforma constitucional que, de manera temporal, encargue la invitación y nombramiento de nuevos jueces y fiscales supremos, así como la evaluación de los actuales, a una comisión que genere confianza. Esta podría estar integrada por expresidentes del Tribunal Constitucional, quienes representan diversas posiciones ideológicas y conforman una verdadera élite jurídica.

Asimismo, es necesario captar nuevas generaciones de magistrados mediante un fondo económico que retribuya de manera atractiva a los alumnos del décimo superior de Derecho que realicen prácticas en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, supervisadas por convenio con sus universidades. Este fondo podría incluir aportes privados.

Si se logra incorporar a unos dos mil practicantes y que al menos un 10% continúe su carrera judicial o fiscal, habremos iniciado un círculo virtuoso que devuelva prestigio, mérito y excelencia al servicio de justicia en el Perú.