Las bancadas Reinfo

En el debate sobre la minería ilegal no hay ideología que valga en el Congreso, donde la mayoría de bancadas surfean entre los intereses de agrupaciones que operan amparados en un sistema que cada vez los deja avanzar más en sus objetivos. Ni siquiera la masacre de 13 mineros en Pataz parece haber despertado algún tipo de reacción en el Parlamento.

En la Junta de Portavoces del pasado lunes, Acción Popular propuso incluir en la agenda el proyecto que prohíbe la ampliación del Reinfo, pero siete bancadas bloquearon la iniciativa con sus votos en abstención: Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza País, Bloque Socialista, Honor y Democracia, Bloque Magisterial, y Podemos Perú. De estas mismas bancadas salieron los votos para que en el pleno del Congreso se aprobara, en noviembre del 2024, la última ampliación del Reinfo por seis meses.

Las únicas agrupaciones que parecen haberse dado cuenta de lo peligroso de seguir ampliando el Reinfo son Acción Popular, Renovación Popular, APP, Perú Libre, JPP-Voces por el Pueblo y el Bloque Democrático. Rectificando su voto de noviembre pasado, esta vez impulsaron una medida para evitar una nueva ampliación más. La bancada de la lampa ha sido la más activa en esta lucha e incluso vienen recolectando firmas para interpelar al ministro de Energía y Minas por el dispositivo legal dado por el gobierno para establecer un Reinfo hereditario.

La cercanía de la campaña electoral ha empezado a moderar las posturas de algunos partidos políticos, pero no resulta suficiente en la correlación de fuerzas para la lucha contra los grupos criminales que han encontrado a sus aliados perfectos en el actual Congreso. Mientras bancadas con peso numérico como Fuerza Popular o Podemos Perú no entiendan la necesidad de marcar una línea clara frente a la minería ilegal, la guerra estará perdida y sucesos como Pataz serán episodios cada vez más comunes que dinamitan nuestro sistema democrático.

Y en esta guerra contra la infiltración de grupos ilegales aún quedan batallas por definir en el Congreso. La Comisión de Energía y Minas, presidida por Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), ha presentado un texto sustitutorio de la nueva ley MAPE que apunta a dar legitimidad a actividades informales e ilegales. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha advertido que la fórmula planteada “orienta a prolongar los fallidos intentos de formalización minera en el país y promover la ilegalidad”.

Es conocido que las opiniones técnicas no suelen ser tomadas en cuenta en el espacio legislativo, pero no se debe claudicar en la batalla por frenar a los intereses ilegales que pululan en el ‘hall’ de los Pasos Perdidos. Principalmente en las bancadas que enarbolan las banderas del desarrollo económico y disfrutan de asistir a todo evento empresarial, pero que a la hora de bloquear a los grupos ilegales que buscan perpetuarse en el sector de la minería, optan por la abstención. Que este Congreso represente a la informalidad de nuestro país es una cosa, pero que empiecen a representar a la ilegalidad es un asunto que no deberíamos perder de vista con miras a las elecciones que se avecinan en el 2026.