Las elecciones del 2026

Hay varios vectores que pueden configurar el voto en las elecciones del 2026. El primero es el económico. Con 3% de crecimiento, este año volveremos a ser el país de América Latina con mayor crecimiento (salvo Argentina) y menor inflación a la vez. Pero ese 3% apenas alcanza para reducir la pobreza. De todos modos, la sensación será mejor que el 2021, cuando la situación era desesperada porque salíamos de la pandemia. Recién las familias han recuperado el ingreso promedio del 2019, prepandemia: ¡6 años después!

Lo que sí se agrava es la inseguridad. Las extorsiones, que destruyen negocios y matan choferes, siguen aumentando. La policía no detiene a los extorsionadores y el Gobierno no adopta las medidas necesarias. La presidenta Boluarte no refirió en su discurso ninguna estrategia para combatirlas, salvo que se han bloqueado 3,5 millones de celulares robados, lo que hasta ahora no ha tenido efecto.

Por eso en la última encuesta de Ipsos la proporción de gente que quiere un líder fuerte que gobierne con mano dura aumenta en relación con abril. Eso en teoría debería favorecer a un candidato de derecha.

Pero al mismo tiempo hay un rechazo muy grande a la política, a los partidos, a la institucionalidad democrática, que se expresa en la altísima desaprobación a la presidenta y en que el Perú es el país de Latinoamérica con la más baja satisfacción con la democracia (11% -Latinobarómetro). La lucha campal en torno al Ministerio Público y la elección de un presidente del Congreso con varias acusaciones, agravan esta percepción. Y esa puede ser la causa de que la proporción del voto blanco/viciado/ninguno aumente en lugar de disminuir en la misma encuesta de julio, y que ese voto sea porcentualmente mucho más alto en el interior y en el sur, lo que podría esconder la inclinación por un radical de izquierda o antisistema.

Ese sentimiento antisistema en el interior podría atenuarse si el gobierno tiene éxito en el único plan en el que sí tiene convicción: la formalización de 31 mil inscritos en el Reinfo (algunos de los cuales son cooperativas con muchos mineros) antes del 31 de diciembre. Si alcanza esa meta, el resultado sería el que expresó Boluarte en su discurso: “A fin de año la MAPE formal dará empleo de calidad a más de 300 mil trabajadores y ventas anuales superiores a los US$5 mil millones”. Si eso ocurriera, y todo ese sector andino se integra al sistema legal y accede al Fondo Minero, el ambiente para un antisistema tendería a diluirse. Pero el problema es que muchos gobernadores regionales, desacatando la ley, no entregan los expedientes de formalización. Deberían ser denunciados.

Otro vector es una cierta tendencia a la derechización, que se expresa en las redes y se verá en las próximas elecciones en Bolivia y Chile, donde ganará la derecha. El problema acá es que la derecha va muy fragmentada, con solo una alianza de tres partidos, mientras la izquierda lograría formar dos o tres alianzas que concentrarían el voto de izquierda en un número menor de candidatos, aumentando sus probabilidades de pasar a la segunda vuelta.

Dios nos ayude.