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Estado mudo y ciudadanos desinformados, por Francisco Miró Quesada Rada

“Nuevamente en el Perú se vuelven a enfrentar la lógica democrática y la arbitrariedad autoritaria, que quiere estrangular económicamente a la prensa en general”.

Francisco Miró Quesada Rada Ex director de El Comercio

Giovanni Tazza

"Todo Estado tiene el deber –no solo legal sino moral– de vigilar que la población esté bien informada" (Ilustración: Giovanni Tazza)

En recientes declaraciones a RPP, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifestó su extrañeza de que una norma como la que regula (pero que en el fondo prohíbe) el gasto en publicidad del Estado en los medios de comunicación privados haya sido aprobada por la mayoría de congresistas. Por lo general, esta clase de leyes son elaboradas e impuestas desde los poderes ejecutivos porque tienen la intencionalidad de maniatar y afectar económicamente a los medios de comunicación independientes, que son críticos de los gobiernos de turno.

Como se sabe, normas como la aprobada por insistencia en el Congreso –que el presidente Martín Vizcarra ha calificado de “ley mordaza”– provienen de regímenes autoritarios que atentan contra la libertad de expresión, de prensa y de contratación. Con ellas se pretende desinformar a la ciudadanía manipulando, de acuerdo a los intereses de estos gobiernos, la información.

En el caso peruano, lo que sucede es que los autoritarios están en el Congreso. Se trata de los fujimoristas, herederos de una larga trayectoria dictatorial y de un golpe desde Palacio propinado por su líder máximo Alberto Fujimori.

Fujimori intervino la prensa y, al darse cuenta de que ello iba a afectar aun más la imagen internacional de su gobierno, decidió cambiar de estrategia para seguir controlando la comunicación y la información, corrompiendo a los dueños de algunos medios –que bien sabemos quiénes son– y creando con dinero del Estado medios a su servicio para realizar campañas calumniosas contra todo político, periodista o ciudadano que se oponía a su política. Además, estableció el sistema de corrupción más grande de la historia del Perú cuya secuela todavía continúa.

El fujimorismo no ha perdido su costumbre autoritaria que ahora se expresa desde el Legislativo. La ley que aprobaron, que es inconstitucional, en realidad tiene como principal objetivo afectar económicamente a los medios de comunicación que le son incómodos y critican la pésima gestión que realizan como parlamentarios (cada uno de los medios a su manera). Desde luego que no solo a los parlamentarios fujimoristas sino también a otros que ahora se han coaligado con el mismo fin, causando un tremendo daño al Estado que ahora solo nos informará por los medios de comunicación que le pertenecen o por redes sociales. Como ha quedado demostrado por recientes encuestas, muy pocas personas leen, ven, escuchan e ingresan a los medios de comunicación públicos. No se trata de criticar a estos medios, porque algunos son de calidad, pero lamentablemente el acceso ciudadano a ellos es muy bajo.

Todo Estado tiene el deber –no solo legal sino moral– de vigilar que la población esté bien informada. Ello porque presta servicios de diversa índole. En consecuencia, la difusión de sus campañas en los medios de comunicación privados no es producto de un “mermeleo”, como dijo hace poco un congresista ex PPC subido al micro fujimorista que dejó de lado lealtades políticas y compromisos ideológicos.

Por eso la política anda muy mal, porque los intereses materiales, la ambición de poder y de figuración priman sobre los principios y valores. En consecuencia, el gasto del Estado en publicidad en los medios es por necesidad pública y también para que la información estatal se difunda a una mayor cantidad de personas.

En el fondo, además de los medios de comunicación privados, con esta ley los más afectados son los ciudadanos de a pie, que necesitan enterarse de los servicios que, por ejemplo, dan las municipalidades, los gobiernos regionales, los ministerios, la policía, los mismos poderes del Estado, las universidades públicas, entre otras instituciones.

Para mí, lo que más prueba la mala intención de esta ley, aprobada por los fujimoristas y un amplio furgón de cola parlamentario, es que se ha hecho a sabiendas de que existe otra ley que regula la publicidad estatal (la Ley 28874), pero que no discrimina a los medios de comunicación particulares.

Nuevamente en el Perú se vuelven a enfrentar la lógica democrática y la arbitrariedad autoritaria, que quiere estrangular económicamente a la prensa en general afectando derechos fundamentales sancionados en la Constitución. Esto demuestra la clara intencionalidad de grupos políticos por afectar a medios críticos de su gestión. Como bien ha señalado el ministro de Justicia, Salvador Heresi, cuando presentó la demanda de inconstitucionalidad: “No se puede aceptar que quienes no están de acuerdo con las críticas de los medios utilicen las argucias de una norma legal con una intencionalidad política”.

La verdadera prensa independiente jamás debe congraciarse con el poder, está para fiscalizarlo desde la sociedad civil. Si no es así, se vuelve genuflexa, se envilece, se vuelve anodina y esclava de los poderosos de turno. Se atonta.

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