La lucha entre el Perú formal y el ilegal, por Alfredo Torres

Hoy se inaugura CADE 2014, el encuentro más representativo de ejecutivos interesados en el desarrollo del Perú. A diferencia de otros eventos empresariales, CADE convoca no solo al sector privado, sino también al sector público y a líderes de opinión. Es una buena representación del Perú formal. Lamentablemente, el Perú formal solo abarca a uno de cada tres peruanos y, lo que es más grave, sufre el asedio de un conjunto de actividades ilegales que penetran cada vez más ámbitos de la sociedad. Entre ambos extremos, el de la formalidad y el de la ilegalidad, la mayor parte de los peruanos sigue desarrollando sus actividades en la informalidad, jaloneada entre estas dos visiones del país. Los organizadores de CADE han hecho bien en poner en la agenda esta confrontación entre la cultura del respeto a la ley –a veces difícil de cumplir– y la de la violación de la ley, crecientemente acompañada de violencia.

En realidad, el Perú se mueve a diferentes velocidades y no siempre en la misma dirección. El sector privado normalmente avanza más rápido. Así ha venido ocurriendo en el último cuarto de siglo en que las empresas se han multiplicado, tanto en tamaño como en número y en la variedad de sus productos y servicios. La mayor parte del sector público también avanza, aunque más despacio. La infraestructura, la educación y la salud, por ejemplo, están mejor ahora que hace 25 años, pero sus avances han sido claramente insuficientes. Muchos emprendedores informales también progresan, pero todavía la gran mayoría con bajos niveles de productividad. El problema es que hay una parte del Perú que retrocede y es la que cae víctima del crimen organizado. El narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de terrenos, el pago de cupos, la tala ilegal, la corrupción y otras mafias empujan al país en la dirección opuesta al desarrollo.

Lo bueno es que el sector privado y el sector público que años atrás estaban enfrentados hoy se ven con mejores ojos. Diversas encuestas han mostrado, por ejemplo, que los empresarios respaldan la conveniencia de contar con funcionarios públicos más calificados y mejor remunerados. Menos conocido es que también el sector público ve hoy mejor al sector privado: una encuesta que efectuó Ipsos por encargo de Ciudadanos al Día en la entrega de los premios a las Buenas Prácticas Gubernamentales el 86% señaló que el sector público debía tener una actitud de colaboración con el sector privado para impulsar el desarrollo. No todo el Estado piensa así, pero al menos sus funcionarios más destacados, aquellos que ganan premios por su gestión, lo tienen claro.

El principal problema ahora ya no es el de la cooperación público-privada, sino el de la infiltración del Estado por el crimen organizado. Instituciones fundamentales para el país como la Policía Nacional y el Ministerio Público (la fiscalía), pero también el Congreso de la República, el Poder Judicial, varios gobiernos subnacionales y quizá hasta el gobierno central han sido infiltradas y están siendo corrompidas por el crimen organizado. El lado sano del organismo estatal, con la ayuda de la prensa, viene combatiendo esta infección, pero no se vislumbra todavía una recuperación del paciente. Lo peor es que no se percibe en el sistema político la determinación para defender al Estado de esta infiltración porque los propios partidos políticos tienen rabo de paja al haber recibido apoyo económico de dudosa procedencia para sus campañas políticas.

El lema que convoca a CADE 2014 es Hagamos del Perú un País del Primer Mundo. Una mirada complaciente y autorreferencial del sector privado podría llevarnos a pensar que falta poco para conseguirlo. La verdad es que el objetivo es alcanzable, pero no está garantizado. El camino para lograrlo será arduo y demanda no solo acelerar el paso en campos donde el Perú está rezagado como educación e infraestructura sino que exige ganar las batallas que hoy se vienen perdiendo en el campo de la seguridad y la corrupción.

Para llegar a ser un país desarrollado en que las instituciones funcionen, con igualdad de oportunidades, sin pobreza extrema y en el que impere la ley, el Perú requiere que todas sus fuerzas estén alineadas y avancen en la misma dirección. El concepto de alianza público-privada, en boga ahora como una herramienta para avanzar en infraestructura, puede ir mucho más allá y llevar a que el sector privado y la sociedad civil contribuyan con iniciativas que ayuden a enfrentar los problemas donde el sector público está perdiendo batallas. El gobierno actual y quienes aspiran a liderar el país a partir del 2016 deberían estar muy atentos a los aportes de este CADE.