Ni hechos ni palabras

Desde que asumió el cargo de ministro de Economía y Finanzas, José Arista ha prometido volver a poner orden en las cuentas fiscales, luego de que el país incumpliera por primera vez en 20 años la meta del déficit fiscal en el 2023.

Pese a que su perfil y su paso por el Viceministerio de Hacienda podía hacernos creer que podía lograrlo, un último decreto de urgencia muestra la limitada capacidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para resistir las presiones para gastar más y peor que, por ejemplo, los gobiernos locales.

Recordemos que un decreto de fines de febrero firmado por el propio ministro Arista les había quitado la libertad para endeudarse sin límite a entidades que tienen una calificación crediticia de BBB+ como la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), luego de que emitiera bonos por S/1.205 millones el año pasado.

Sin embargo, ante las quejas de la comuna, el MEF ha tenido que ceder y abrirle la puerta al alcalde Rafael López Aliaga para endeudar a la municipalidad durante el 2024 hasta por S/1.400 millones –según cifras del propio ministro de Economía–, creando una situación incluso más complicada para los próximos burgomaestres.

Después de la capitulación del MEF, habrá que ver si las agencias calificadoras de riesgo como Moody’s y Fitch Ratings, que mantienen una perspectiva negativa de la calificación de la MML, deciden en los próximos meses rebajar la nota crediticia de la comuna, pero eso no nos asegura que el Ejecutivo no vuelva a cambiar las reglas de juego a su favor.

De cara a los gobiernos locales, el reciente decreto de urgencia también retrocede en otro punto del decreto de urgencia de fines de febrero, que impedía que las cajas municipales transfieran sus utilidades del 2023 a las comunas, obligándolas a enfrentar las mareas económicas de este año con mejores ratios de capital. El MEF ha decidido priorizar el gasto de las municipalidades frente al necesario fortalecimiento patrimonial de estas entidades.

Además, se están anulando una serie de restricciones que se habían impuesto en la Ley de Presupuesto del 2024 para mejorar el gasto, como las limitaciones para contratar locadores de servicios.

La clave del poder del Ministerio de Economía y Finanzas es la confianza que genera en los agentes económicos. Sin embargo, este tipo de retrocesos hace que no solo sea difícil creer en lo que dice, sino que también tengamos que empezar a tener dudas sobre si perdurará lo que hace.