En las últimas semanas, algunos desarrollos en instancias claves del Ejecutivo parecen haber empezado a alterar la modorra en la que venían moviéndose los actores políticos. No deberían afectar el precario equilibrio en el que se mantiene el régimen, pero podrían originar, propiciar o consolidar algún cambio; romper la inercia.
Dos de los cambios mejor recibidos en el Gabinete empiezan a mostrar claramente el nuevo rostro al que parece aspirar el Ejecutivo. Por un lado, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de José Arista se vienen dando nombramientos en la alta dirección del despacho, que transmiten una voluntad por retomar el peso técnico –y la consecuente solvencia política– que la cartera solía tener.
Al cambio en los dos viceministerios –uno confirmado y otro en camino– se agrega el relevo en la Sunat, cuyo liderazgo se mantenía firme desde el 2020. A ello debe sumarse gestos de cercanía de Arista hacia el Banco Central de Reserva del Perú y el Consejo Fiscal en sus primeros días de gestión, algo que contrasta con la tirante relación que parecía mantener su predecesor con estos organismos.
En tanto, en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a la retórica proinversión de Rómulo Mucho en sus primeras declaraciones a la prensa se suman acciones concretas en uno de los temas más espinosos que se tenían pendientes: la situación de Petro-Perú. El nombramiento de cuatro directores dado ayer –entre los que destaca David Tuesta– es un claro mensaje por corregir los pasivos que la gigante empresa estatal viene arrastrando.
En una situación regular, tales pasos deberían originar un saludable reposicionamiento para el Gobierno. Pero la actual no es una coyuntura estándar: un gobierno con escaso apoyo popular, dependiente del humor congresal o de las agendas particulares, había tolerado gestiones algo laxas y erráticas en los estratégicos despachos que hoy tienen nuevos ocupantes.
En el MEF, el contexto en el que se aprobó el presupuesto nacional del 2024, en noviembre del 2023, dejaron la sensación de un ministerio muy debilitado. Además, las circunstancias en que Alex Contreras extendió su gestión o los recurrentes entredichos sobre aspectos técnicos evidenciaban un despacho muy desgastado.
En el caso del Minem, en tanto, la ligazón laboral que unía a Óscar Vera con la empresa estatal constituyó a lo largo de toda su gestión una invitación a la sospecha. “¿Favorecerá o no el ministro a la empresa de la que ha pedido licencia?” era la pregunta constante.
Lo mostrado por Arista y Mucho en sus primeros días representaría, pues, una intención por marcar un claro contraste. Hace falta ver si el ánimo de enmienda del Ejecutivo constituye una sólida convicción o un pasajero recodo. Pasos adicionales podrían despejar la duda, pero no necesariamente se darán de manera inmediata.
También será importante ver si los aliados del Ejecutivo en el Parlamento –expresos o tácitos– respaldan el viraje o si, más bien, empiezan a marcar distancia del Ejecutivo. Algunas señales podrían tenerse con la reanudación de la legislatura, a partir de mañana, aunque el Legislativo alberga solo a una parte de los actores con peso relevante.
En la mirada del plazo que separa al país de las elecciones de abril del 2026, las eventuales mejoras que puedan generarse a partir de la promoción más clara de la inversión o en el manejo serio de las empresas públicas deberían reducir la presión e impaciencia en la ciudadanía por los nulos resultados del gobierno que lidera la presidenta Dina Boluarte desde diciembre del 2022.
La apuesta de estas dos carteras claves, en cualquier caso, denota una voluntad casi inédita en el Ejecutivo. Voluntad que, como bien se sabe, tendrá que contrastarse con la realidad: toda acción tiene una reacción.
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