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Misericordia y justicia, por Alfredo Torres

“La explicación de la compasión que siente un sector de la ciudadanía por la familia Humala Heredia radica, sin duda, en la situación de sus menores hijos”.

Alfredo Torres Analista político

giovanni tazza

“La expectativa de la ciudadanía ahora es conocer qué beneficios ilegales concedieron cuando fueron gobierno a cambio de los desmesurados aportes de campaña”. (Ilustración: Giovanni Tazza)

Conmoción causó esta semana la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de incautar la vivienda de la familia Humala Heredia y ordenar su desalojo. La reacción de Nadine Heredia –“Prefiero mil veces a que se la agarren contra mí a que se la agarren con mis hijos… esta es su casa, se la quieren quitar”– conmovió hasta a la conferencia episcopal, que sacó de inmediato un comunicado citando –aunque parcialmente– a Santo Tomás de Aquino: “Justicia sin misericordia es crueldad”.

En el mismo sentido, muchos calificaron la medida como un exceso o, cuando menos, un desatino, posición que comparto. Es difícil justificar la necesidad del desalojo inmediato de una vivienda que ya está embargada. La encuesta de El Comercio-Ipsos de esta semana permite ver que la medida conmovió, en efecto, a 27% de la opinión pública, que la calificó de exagerada, aunque no a un mayoritario 69% que la consideró justa. Del mismo modo, el levantamiento de la prisión preventiva del ex presidente y su esposa fue aprobado por 33% de la opinión pública informada mientras 64% lo rechazó. Parafraseando al episcopado, podría decirse que un tercio de los peruanos siente misericordia por los Humala Heredia, mientras dos tercios prefieren la segunda parte de la famosa frase de Santo Tomás de Aquino, que el comunicado del episcopado omitió: “Y misericordia sin justicia genera disolución”.

La explicación de la compasión que siente un sector de la ciudadanía por la familia Humala Heredia radica, sin duda, en la situación de sus menores hijos. En cambio, el sector mayoritario que apoyó la prisión preventiva y aprobó también la incautación seguramente recuerda con más indignación la reiterada negación de Heredia sobre sus comprometedoras agendas –incluyendo la falsificación de su letra en una diligencia judicial– y los testimonios sobre compra de testigos que habría hecho Humala en el Caso Madre Mía.

En los temas de fondo, sin embargo, la opinión pública no está dividida: más del 80% de la ciudadanía cree que tanto Humala como Heredia son responsables de haber recibido dinero de Venezuela para la campaña del 2006, de Brasil para la campaña del 2011 y de haber cometido actos de corrupción durante su gobierno, y menos del 10% cree en su inocencia.

La evidencia de que el patrimonio acumulado por los fundadores del Partido Nacionalista supera ampliamente sus ingresos declarados –sueldo de comandante retirado él y extrañas consultorías vinculadas a Venezuela ella–, sumada a las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata sobre los millones de dólares otorgados, sobra para que la opinión pública tenga ya un veredicto de culpabilidad para la otrora poderosa pareja. La expectativa de la ciudadanía ahora es conocer qué beneficios ilegales concedieron cuando fueron gobierno a cambio de los desmesurados aportes de campaña.

Del mismo modo, en el Caso Madre Mía, 78% de la opinión pública informada cree que Humala es culpable de las acusaciones en su contra y solo 10% que es inocente. En este caso, sin embargo, es preocupante que solo 55% de la población declare estar informada, porcentaje que cae a 41% entre los menores de 25 años. Como se sabe, el caso se remonta a 1992, cuando Humala era capitán del Ejército en la base militar Madre Mía y se lo acusa de torturas y ejecuciones extrajudiciales. El caso es muy grave porque, como ha destacado la organización Human Rights Watch, en el 2017 surgieron “nuevas evidencias que implican de manera creíble al ex presidente Ollanta Humala en atrocidades cometidas durante el conflicto armado que se desarrolló en el Perú en la década de 1990”.

Si bien el caso que ha tenido mayor atención mediática durante las últimas semanas ha sido el de lavado de activos, que condujo a la ex pareja presidencial primero a prisión preventiva y luego al embargo e incautación de sus inmuebles y vehículos, el caso más delicado que enfrenta el ex presidente Humala es Madre Mía.

La comisión investigadora del Congreso sobre el caso y la fiscalía vienen trabajando en paralelo y es probable que antes de Fiestas Patrias se solicite a la Corte Suprema que se reabra la investigación debido a que el caso fue sospechosamente sobreseído en el 2009 (Humala ya había sido candidato en el 2006, su partido era la primera fuerza de oposición en el Congreso y se preparaba para volver a serlo en el 2011). La ciudadanía espera que la Corte Suprema apruebe la reapertura debido a los nuevos testimonios de soldados que participaron en las ejecuciones por órdenes del entonces ‘Capitán Carlos’, los testigos que han reconocido haber sido sobornados para testificar a su favor y los cuerpos de víctimas que han sido exhumados en los alrededores de la base militar. Según todos los indicios, en Madre Mía no hubo misericordia ni justicia.

*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú.

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