(Ilustración: Giovanni Tazza).
(Ilustración: Giovanni Tazza).
Juan José Garrido Koechlin

Nuestro sistema político puede definirse, por distintas razones y de acuerdo a la usanza, como democrático: existe una alternancia en el poder, se realizan elecciones libres y generales, se da un balance de poderes, entre otras. Pero si a la acepción original del término –‘capacidad de hacer cosas’– tuviésemos que referirnos, siguiendo los estudios del historiador Josiah Ober al respecto, parece que estamos alejándonos de ella.

Dice Ober en “El sentido original de la ‘democracia’”, que para los griegos clásicos (estamos hablando de los siglos V y IV a.C.), democracia no significaba, como muchos sostienen hoy, ‘el gobierno del pueblo’ (una composición de demos, pueblo y kratos, poder o gobierno). Esta acepción sería, digamos, la lectura etimológica de la palabra. El problema que plantea Ober es que, en simple, los griegos no utilizaban el sufijo ‘kratos’ para identificar al sujeto o a los sujetos que gobernaban (léase, cuántas personas se sentaban en la oficina donde reside el poder o, en la práctica, cuántas personas se adueñaban del poder). Esto, en cambio, sí ocurría con el sufijo ‘arche’, usado en monarquía (cuando el dominio del gobierno residía en una persona) u oligarquía (cuando residía en unos pocos).

En efecto, ‘kratos’ –explica Ober– es una raíz para ‘poder’, pero también para ‘dominación’, ‘gobierno’ y ‘capacidad’. En resumen, si los griegos clásicos hubiesen querido definir un sistema de gobierno ‘del pueblo’, este no se hubiese llamado ‘democracia’, sino más bien ‘poliarquía’ (de ‘polloi’, o los muchos, que no es otra cosa que la ciudadanía o el pueblo).

La democracia para los clásicos, entonces, significaría algo así como la capacidad colectiva del ‘demos’ para llevar adelante ciertos asuntos en el ámbito público, así como también que el dominio de lo público –a través de los representantes del pueblo– pueda actuar a favor de los ciudadanos. No es, pues, un tema de número y poder, sino –según Ober– de fuerza y capacidad, de interés público y de las acciones que consigan llevar dicho interés a cabo.

Si la democracia es, efectivamente, la capacidad del sistema político para trabajar a favor de la ciudadanía –tanto para la mayoría como para las minorías–, habría que preguntarse en serio si nuestra democracia cumple en este sentido. No es una cuestión menor. Si observamos la estructura organizacional y el comportamiento diario de nuestra burocracia y de nuestra clase política, tendremos la impresión de que los objetivos del sistema son otros. En la usanza actual, democracia implica, para los grupos de poder, un juego de sillas en el que el ganador se lleva todo para, a partir de esto, utilizar el poder no en atención a la ciudadanía y a sus necesidades, sino a los intereses y objetivos políticos y económicos de la cúpula y sus allegados. Esto es, el uso del poder por el poder mismo.

Si la casta política (buena o mala, la nomenclatura sigue siendo válida) es percibida como ajena a los quehaceres y a las preocupaciones ciudadanas, ¿en base a qué exigiremos a los ciudadanos el cumplimiento de sus deberes, valga la redundancia, ‘ciudadanos’? ¿En qué contexto se cobran impuestos y se establecen obligaciones y exigencias cuando los que comparten el poder se encuentran enfrascados en sus propias labores particulares, y cuando, peor aun, la mayoría de dirigentes se comporta como una hueste de oportunistas y buscadores de rentas?

Las nomenclaturas importan y mucho. Si el término ‘democracia’ sigue sirviéndole a la clase política para acceder a beneficios propios y de allegados, lejos de las necesidades reales de aquellos que conceden dicho poder, entonces se le hace un flaco favor al concepto de representación y al empoderamiento que supone nuestro sistema político.

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