¿Sostenibilidad sin democracia?

Esta semana se está realizando en Lima la Cumbre de Perú Sostenible, el principal evento del año en materia de sostenibilidad empresarial. Cada vez son más las empresas que participan en este encuentro y muestran las iniciativas que están desplegando para impactar en sus comunidades y reducir su huella ambiental. Me entusiasma ver cómo la intensidad de los compromisos va aumentando con cada nueva edición.

Quisiera, sin embargo, plantear una pregunta que puede resultar desafiante pero oportuna en ese contexto de mayor exigencia: ¿debe la democracia figurar de alguna manera en las estrategias de sostenibilidad de las empresas?

Quizá convenga partir diciendo que ese no suele ser el caso. Las empresas que desarrollan estrategias de sostenibilidad suelen considerar tres pilares básicos: uno relativo a personas, que normalmente se enfoca en cómo valorar y beneficiar en mayor medida a quienes trabajan en la compañía; un segundo relativo a sociedad, que enmarca las iniciativas filantrópicas o de impacto que se desarrollan; y un tercero relativo a medioambiente, que establece objetivos para ir disminuyendo o eliminando la afectación de la empresa en su entorno. Algunas que están en rubros con problemáticas muy específicas añaden un cuarto o quinto pilar según corresponda.

¿Pero suele haber algo relativo a institucionalidad o democracia más concretamente? Tal vez en algunos casos contados, pero no es frecuente. La explicación quizá esté en que no conviene tener en una estrategia algo que no se puede gestionar, y mucha gente en el sector empresarial piensa que la disfuncionalidad de la democracia es un tipo de problema que no se puede contribuir a resolver con las herramientas que típicamente tiene a la mano una organización empresarial.

Yo no creo que este sea el caso. Muchas empresas ya tienen capacidades desarrolladas para gestionar desafíos con enormes niveles de complejidad. Varias operan en industrias con marcos regulatorios difíciles de navegar y con voceros o gremios representativos que necesitan intervenir técnicamente en el debate de políticas públicas aplicables a sus negocios. No saber qué hacer no parece una excusa razonable si uno realmente valora aquello que necesita hacer funcionar.

O tal vez esté operando lo que los economistas conocen como ‘free-riding’ o comportamiento del polizón. Algunos líderes empresariales podrían pensar que quienes deben ocuparse de los problemas más complejos o transversales son quienes tienen los bolsillos más profundos. Y aquí también estarían equivocándose. La disfuncionalidad de la democracia tiene que ver con problemas de oferta política, pero también de demanda; es decir, con el hecho de que los ciudadanos no ejercemos responsablemente nuestros deberes de cara a la sociedad.

Las estrategias de sostenibilidad suelen comprometer a las empresas con el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores. Entonces, yo me pregunto: ¿no supone eso que se preocupen también de formarlos como mejores ciudadanos? ¿Que promuevan pensamiento crítico y reflexiones convocantes sobre el tipo de país que queremos y qué nos toca hacer para conseguirlo? ¿Que hablemos sobre los antivalores que son problemáticos para la empresa pero también, de manera general, para la vida en sociedad?

La democracia no solo requiere de reformas para fortalecerse. Necesita, sobre todas las cosas, de valores cívicos y de una cultura democrática que se impulse desde casa, desde la escuela y, por supuesto, desde el lugar de trabajo. Yo no creo que exista una sola empresa en el Perú que no esté en la capacidad de contribuir a ello, cuando menos promoviendo valores y dando el ejemplo.