La mejora en la seguridad y la reducción de la criminalidad es la prioridad número uno que debe tener en cuenta el próximo gobierno (Datum). Y es que, como hemos comentado en una columna anterior, vemos seis muertos diarios, 15 trabajadores de transporte público asesinados por no pagar cupos este año, el 60% de empresas de transporte público extorsionadas, 500 instituciones educativas también extorsionadas, etc. Mientras tanto, Dina sigue viajando.
En aquella oportunidad (ver “Más mano dura”), también comentábamos que es absurdo seguir enfocando el tema de los extorsionadores y sicarios desde las garantías que deben tener los presos, e implementar, por ejemplo, un sistema donde se les reduzcan las garantías procesales y se les recluya en cárceles de seguridad masiva donde los presos no vean la luz del sol.
Algo esencial, en medio de todo esto, y que creo no será objetado ni por los propios defensores de los derechos humanos de los presos, es que estos deben estar incomunicados con el mundo exterior. En su lugar, lo que tenemos es una suerte de ‘call centers’ criminales que operan desde los penales.
Me comentan que solo 28 de los 79 centros penitenciarios y juveniles del país (37% del total) cuentan con bloqueadores de señales de telecomunicaciones. Más todavía, el Ministerio de Justicia y el INPE no han instalado bloqueadores de señales de última generación en estos penales, con lo cual la posibilidad de evadir los bloqueadores es incluso mayor.
Las empresas de telecomunicaciones, encargadas del despliegue de las redes, desde luego pueden ayudar, aunque a mayores restricciones que impongan desde fuera, más se afecta la vida de la gente que vive alrededor de los penales. Pero, si desde dentro los bloqueadores no funcionan −o son un saludo a la bandera−, no hay medida externa que sea suficiente.
Es algo de sentido común. No hace falta ser expertos en tecnología para darse cuenta de que es un tema de bloqueo interno y no de redes externas a los penales. A pesar de eso, desde el Congreso abundan los proyectos que buscan que las operadoras de telecomunicaciones se responsabilicen de las llamadas que salen desde los penales.
En el 2014, el Minjus contrató a Prisontec S.A.C. para implementar sistemas de bloqueo en 33 de las 69 cárceles del país (en el resto no hay ni contrato). Pero no se contrató a quien fiscalizara el correcto funcionamiento. En regiones como Trujillo, la Defensoría del Pueblo identificó que los bloqueadores no cumplían los objetivos del contrato, y que incluso se interfería la señal fuera del penal sin impedir el uso de celulares dentro de las celdas.
Luego, un artículo de este año de El Foco, cuyos datos he podido corroborar, señaló que, según la contraloría, el sistema de bloqueo de señal de celulares en 33 cárceles del país como Lurigancho, Castro Castro y el penal de Mujeres de Chorrillos no opera correctamente. En 16 penales, el sistema nunca fue instalado y en otros 17 presenta fallas críticas. La empresa Prisontec detuvo las actualizaciones y mantenimiento desde el 2022 alegando falta de pagos del INPE. De hecho, los equipos tienen más de una década sin actualizarse, lo que los vuelve obsoletos frente a la tecnología actual.
Los bloqueadores implementados hace más de una década no están diseñados para cubrir las bandas de frecuencia que usan los smartphones actuales. Las operadoras utilizan hoy redes 4G y 5G, en cambio algunos bloqueadores solo funcionan en frecuencias 2G o 3G. Así, aunque los dispositivos estén instalados, los reclusos pueden seguir usando celulares con acceso a otras bandas no bloqueadas.
Es inaceptable que seamos tan incompetentes como para no lograr algo básico: la incomunicación de los presos para prevenir los delitos.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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