El Índice de Chapultepec 2023, presentado durante la asamblea 79 de la SIP, muestra que la libertad de expresión (y de prensa) se sigue deteriorando en el Perú. Hemos descendido un nuevo puesto, y es que, desde el 2020, hemos pasado del puesto 8 (de 22) al 12. Hemos, además, pasado de la franja de baja restricción a los que presentan restricciones. Un comentario rápido sería decir que no solo nosotros, sino que toda América Latina está enfrentando este embate contra la libertad de expresión, pero ciertamente ese dato no nos debería consolar.
¿Qué ha ocurrido? El embate contra la libertad de expresión puede verse desde diferentes aristas. Empezando por los diversos intentos de incrementar las sanciones (cuando no de crearlas exprofesamente) al ejercicio de la libertad de prensa. La percepción del poder de turno es que la prensa mina su credibilidad mostrando los actos, hechos y situaciones que no quieren ser conocidos. Desde los casos de corrupción que se develan, hasta los mecanismos de favorecimiento a familiares, allegados y cercanos. La prensa, en efecto, emerge como un pilar para una democracia fortalecida, porque protege a la ciudadanía del poder de turno brindándole información.
Pero es continua la utilización de instrumentos legales para buscar acallar las investigaciones por vías administrativas o judiciales. Desde malas utilizaciones de las acciones de hábeas data e interpretaciones cuestionables de la ley de datos personales, hasta el impedimento de acceso a la información pública que fuerza a procesos ante el Tribunal de Transparencia en los que las mismas entidades públicas, lejos de aceptar la crítica, inician acciones legales para impedir el libre acceso a la información.
Es también lamentable que desde el ejercicio del poder –sea local, regional o nacional– se realicen acciones no directamente legales, pero que por influencia terminan afectando a diversos medios periodísticos. A eso se suma que otros mecanismos de poder, en especial el económico, también perciban a la prensa como contraria, porque no se comprende que la transparencia, que ayuda a brindar la libertad de expresión, es de relevancia para una economía sana y moderna, más en estos tiempos digitales.
Esta acción desde el poder cala en la ciudadanía, que cambia su foco de cercanía con el ejercicio de la libertad de expresión desde el hecho de ver a la prensa como un elemento de democracia hasta verla como aquella que está en contra de algo específico. De esta manera, se producen acciones de amedrentamiento, agresión, violencia física y en redes hacia la prensa, los periodistas y aquellos que expresan sus ideas en medios digitales, sean o no periodistas.
Pero ¿por qué la libertad de expresión es tan relevante para nuestra democracia? Porque es un derecho humano fundamental para expresar nuestras ideas, porque nos permite conocer las ideas de otros y porque ayuda a fortalecer el ejercicio de otros derechos. La libertad de expresión es un elemento sustancial que ha encontrado en los tiempos digitales el poder para ser ejercido por todos los ciudadanos y, por eso, la obligación de la prensa es convertirse en curadora de la información para ayudar a la toma de decisiones y a la transparencia pública.
Finalmente, hay también una responsabilidad clave por parte del Consejo de la Prensa Peruana que debe tomar lo expresado por la SIP, analizarlo, interiorizarlo y convertirlo en un instrumento para seguir fortaleciendo la libertad de expresión y de prensa con la diversidad de posiciones que permite precisamente dicha libertad de expresión, cuya misión es convertirse en una luz en esta oscuridad que se cierne sobre toda la sociedad peruana.
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