Estamos todos locos, Lucas

Petro-Perú opera con pérdidas desde hace años. Esto no es noticia. Cualquier peruano mínimamente informado sabe que la empresa estatal está quebrada, que tiene un manejo corporativo desastroso y que su transparencia es nula. Y, pese a que todos lo sabemos, guardamos silencio frente a las mentiras del ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, y los disparates del Gobierno. David Tuesta calcula que la deuda de Petro-Perú bordea los US$7.000 millones, si incluimos intereses y gastos financieros. En el 2022, la capitalización de la deuda y la inyección de liquidez estuvieron supeditadas a una condición clara: que la petrolera estatal iniciara un proceso de reestructuración para fortalecer su gobernanza y sostenibilidad financiera. Nada de ello ocurrió y el Estado siguió inyectando dinero. Pese a que los últimos tres ministros de Economía aseguraron que no habría más salvatajes para Petro-Perú, Raúl Pérez-Reyes –quien podría disputarse el título de peor ministro de Economía de los últimos 35 años– ha anunciado que se reestructurará la deuda de la empresa y que, para lograr mejores condiciones, se recurrirá a garantías soberanas.

Déjeme explicarle. Como las deudas de Petro-Perú son tan altas y su pésima gestión es conocida en el mundo, ninguna institución financiera quiere prestarle dinero ni reestructurar sus deudas. O, al menos, no a tasas aceptables. Por eso, para lograrlo, el Estado –en lugar de buscar capital privado y una gestión eficiente– ha decidido avalar a la petrolera. En otras palabras: Pérez-Reyes pretende hipotecarnos, a todos los peruanos, de por vida.

¿Por qué no logramos resolver los problemas de Petro-Perú? Toda empresa pública está sujeta a la supervisión del Fonafe, entidad estatal encargada de dirigir la actividad empresarial pública bajo reglas estrictas. Sin embargo, hacia el final del gobierno de Toledo, el Congreso decidió que Petro-Perú quedara fuera del ámbito del Fonafe. Ahí empezaron los problemas.

Humberto Campodónico, el gran impulsor de ese despropósito llamado la Refinería de Talara, es también uno de los grandes opositores y, por ello, responsable de que Petro-Perú no haya regresado al Fonafe. Esto es gravísimo porque, en la práctica, quienes dirigen Petro-Perú hacen lo que les da la gana y no rinden cuentas a nadie. Salvo, claro, a sus 12 sindicatos. Hoy la empresa tiene US$2.000 millones en capital de trabajo negativo y la situación es tan ridícula que el gerente de Recursos Humanos ha decidido comprar bicicletas para reemplazar los buses y camionetas de transporte interno. Eso es lo que se entiende hoy por gestión estratégica en Petro-Perú.

La Constitución establece que el Estado solo puede participar en actividades empresariales de manera subsidiaria. Es decir, prohíbe que el Estado se dedique a los negocios. Primero, porque el sector privado puede hacerlo mejor y sin costo para el país. Segundo, porque las empresas públicas son vulnerables a la interferencia política y carecen de incentivos para una buena gobernanza. Por eso la izquierda quiere cambiar el modelo económico: para instaurar un sistema que le permita al Estado hacer empresa, capturar recursos y repartir prebendas, como con Petro-Perú.

Mientras tanto, millones de niños asisten a escuelas sin agua, sin baños y sin techos seguros; cientos de hospitales carecen de médicos, medicinas y equipos; y la desnutrición infantil es una vergüenza nacional. Pero, claro, prioridades son prioridades: es más urgente seguir arrojando miles de millones a Petro-Perú que invertirlos en algo tan poco rentable, tan poco estratégico, tan poco glorioso como la salud, la educación o la nutrición.