Pobreza 2024: tres alertas desde la evidencia

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó las cifras oficiales de pobreza 2024. Para comprender el alcance de estos resultados, es necesario precisar cómo se obtienen. La metodología de medición de pobreza monetaria empleada por el Perú estima a la población pobre, vulnerable y no pobre a través del gasto en bienes y servicios, sobre la base una canasta básica de consumo por persona (equivalente a 454 soles para la pobreza total y 256 soles para la pobreza extrema). A continuación, destacamos tres alertas que emergen del análisis de los datos.

En primer lugar, el Perú aún no recupera los niveles de pobreza prepandemia. Si bien la tasa de pobreza nacional pasó de 29% en el 2023 a 27,6% en el 2024, lo cual significó que 386.000 peruanos superaron la línea de pobreza, estamos aún lejos de alcanzar los niveles de pobreza previos a la pandemia (20,2% en el 2019). Sin duda, es una buena noticia la reducción de pobreza reportada en el 2024, pero aún es muy pronto para marcar un cambio de tendencia: en la práctica hemos vuelto a niveles de pobreza similares al 2022. Más de 9 millones de compatriotas están debajo de la línea de pobreza. Cerca del 60% de la población es pobre o vulnerable.

En segundo lugar, es urgente que reaccionemos ante el incremento de la pobreza urbana. Desde el 2018, las cifras oficiales venían alertando sobre el incremento de la pobreza en las ciudades, situación acelerada por el choque de la pandemia. Observemos lo ocurrido en la capital, donde se concentra un tercio de la población del país. La pobreza en Lima Metropolitana prácticamente se duplicó en cinco años: pasó de 14,2% en el 2019 a 27,6% en el 2024. En el Callao, la tasa de pobreza saltó de 14,3% en el 2019 a 33,9% en el 2024, colocándose por encima de Huancavelica y Ayacucho. Las políticas públicas aún no reaccionan ante esta nueva realidad. Si bien el Midis presentó una estrategia de pobreza urbana a fines del 2024, no hay claridad sobre su implementación y financiamiento. No se percibe sentido de urgencia en los gobiernos municipales frente al deterioro de las condiciones de vida en las ciudades. El gran peso demográfico de la capital supone un enorme desafío para el sistema de focalización.

Finalmente, la pobreza rural continúa recrudeciéndose. La pobreza extrema –aquélla que supone hambre– se concentra en ámbitos rurales, siendo muy alta en la sierra y selva rural. Si bien la gestión pública cuenta con experiencia acumulada e instrumentos dirigidos a la pobreza rural, se requiere adaptarlos a los nuevos retos en los territorios: la expansión de las economías ilegales, el cambio climático y la persistencia de la pobreza en contextos indígenas (43,5% de los pobres extremos tiene origen aimara, quechua o nativo amazónico).

Recuperar el ritmo de reducción de pobreza requiere mejorar el crecimiento económico, aumentar la inversión y el empleo, así como fortalecer los servicios públicos universales (educación, salud) y focalizados (programas sociales). Contamos con diagnósticos, medidas y propuestas, pero carecemos de liderazgos comprometidos con la lucha contra la pobreza.