El daño que no necesita mayoría

Hay una frase que circula como calmante en los círculos políticos y empresariales: “Si no tiene mayoría en el Congreso, ¿qué puede hacer?”. La pregunta suena razonable. El problema es que parte de una premisa falsa: que gobernar mal requiere pasar leyes.

No requiere. Y hay números que lo demuestran.

El Centro Wiñaq publicó un informe —“Más allá del Congreso”— que documenta diez mecanismos a través de los cuales un Ejecutivo puede afectar el desarrollo del país sin tocar el Legislativo. No son hipótesis: son hechos con fechas y fuentes. Debería leerse antes de votar.

El primero es el más elocuente. En el 2020, con pandemia, con restricciones de movilidad, con medio mundo paralizado, el gobierno ejecutó obra vial. En el 2022, sin pandemia, esa ejecución cayó 31%. El mismo Estado, el mismo presupuesto, las mismas normas. Lo que cambió fue quién tomaba las decisiones. La ineficiencia no es un accidente: es una política.

¿Cuánto cuesta eso? La contraloría registraba 1.879 obras paralizadas por S/21.595 millones. Transportes, agricultura, salud. No por falta de dinero. Por falta de gestión.

Y la gestión también falla cuando el país más la necesita. En el 2022, cuatro ministros sucesivos no lograron comprar urea en los meses críticos de siembra. No fue un problema burocrático: fue un incremento directo en el precio de los alimentos. La consecuencia no llegó por decreto ni por ley. Llegó por incompetencia, y la pagaron los que menos tienen.

A eso se agrega la rotación. Cincuenta ministros en un año no es anécdota: es la destrucción sistemática de equipos técnicos, proyectos en curso y memoria institucional. Para ponerlo en perspectiva: una empresa mediana que cambia 50 gerentes en 12 meses no está gobernando, está colapsando. Cada cambio es un reinicio. Cada reinicio, un costo que nadie vota pero todos pagan.

El siguiente vector es regulatorio. Sin mayoría legislativa, un gobierno puede igualmente imponer rigidez laboral por decreto o simplemente nombrar a los titulares de Sunat, Sunafil o el Tribunal Fiscal. Criterios más restrictivos, líneas resolutivas más hostiles, costos de cumplimiento más altos. No hace falta una ley para deteriorar el clima de inversión: basta con elegir quién interpreta las que ya existen.

En comercio exterior, el Ejecutivo tiene control total. Roberto Sánchez, como titular de Mincetur, frenó negociaciones de TLC con India e Indonesia y redujo campañas de promoción turística. Colombia, Chile y Argentina ya superaron sus niveles prepandémicos. El Perú todavía los persigue.

Y, finalmente, el aparato estatal puede convertirse en instrumento político: funcionarios designados por lealtad, no por mérito; programas sociales operando como capital electoral. Con un agravante: la sostenibilidad fiscal —esa que no requiere votos para deteriorarse— es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. Un gobierno que gasta con criterio político en lugar de técnico no necesita mayoría para desequilibrar las cuentas. Le basta con controlar el presupuesto.

El próximo Congreso bicameral exigirá dos tercios para cualquier reforma constitucional. Eso es real y es un límite importante. Pero el Ejecutivo controla una cantidad significativa de decisiones que no necesitan votos, no pasan por comisiones y no generan titulares hasta que el daño ya está hecho.

En conclusión, aun cuando el próximo presidente no tenga mayoría en el Congreso hay mucho daño que puede hacerle al país. No lo subestimemos a la hora de votar.