El informe técnico del INEI sobre la evolución de la pobreza monetaria en el país evidencia los efectos de la inestabilidad institucional y de las políticas populistas que han marcado al país desde el 2016. A tres años del final oficial de la pandemia del COVID-19, el país aún no recupera los indicadores sociales del 2019, mientras que desde el 2020 la pobreza urbana se ha mantenido persistentemente elevada. Esto es sumamente crítico pues, como explica la Dra. Carolina Trivelli, “no hemos entendido que la pobreza cambió”. Trivelli advierte sobre el rápido empobrecimiento del ámbito urbano, en particular de Lima Metropolitana, promovido principalmente por la inflación y el incremento de la informalidad. Esta situación está directamente conectada con la afirmación del Dr. Julio Velarde sobre el impacto del crecimiento informal y no planificado de las ciudades en la capacidad del Estado para atender la demanda de vivienda. El diagnóstico es claro, por lo que sería razonable esperar que los planes de gobierno de los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta presenten propuestas concretas.
Para el partido Juntos por el Perú, la pobreza constituye un problema central, pero la única solución concreta pareciera ser el cambio de Constitución y la “regeneración moral de la sociedad y el Estado”, seguida de propuestas generales asociadas al incremento del gasto en rubros como educación y protección infantil. Asimismo, para la problemática habitacional se plantea la construcción de viviendas y la participación del Banco de la Nación en el otorgamiento de créditos. Sin embargo, no se mencionan propuestas concretas vinculadas a la planificación urbana ni a la reducción de brechas de infraestructura.
Por su parte, el partido Fuerza Popular propone reducir la pobreza en un 50% al finalizar su gobierno, principalmente a través del acceso al crédito, la reducción de la informalidad económica, el cierre de brechas de infraestructura básica y el fortalecimiento de los programas sociales. Proponen la construcción de 1,25 millones de viviendas, la ampliación de los programas del Fondo Mivivienda, el desarrollo del mercado formal de alquiler, el reforzamiento estructural de las edificaciones, planes urbanos obligatorios, así como el desarrollo de ciudades inteligentes y polos urbanos regionales. Estas propuestas evidencian un mayor reconocimiento de la complejidad del problema habitacional. Sin embargo, todas ellas colisionan con el proyecto de “titulación masiva y digital de viviendas urbanas”, que termina funcionando como un incentivo para la consolidación de la informalidad y de las redes delictivas vinculadas al tráfico de tierras.
Cuando el Estado prioriza la titulación como principal herramienta de acceso a la vivienda, las políticas orientadas a promover el desarrollo urbano planificado y la vivienda formal terminan debilitándose frente a la inmediatez política, el rédito populista y las economías ilegales que sostienen la informalidad. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se promovieron las dos principales políticas habitacionales de las últimas décadas: la titulación a través de Cofopri y los créditos hipotecarios respaldados por el Estado mediante el Fondo Mivivienda. Según estimaciones de Grade, a 30 años de su implementación el 93% del nuevo suelo urbano del Perú es de origen informal y más del 70% de las viviendas son autoconstruidas; mientras que la oferta formal logra cubrir apenas una fracción de la demanda.
Entonces, tenemos por un lado a un candidato que desconoce una de las principales problemáticas de la población nacional y, por el otro, a una candidata que evidencia una mayor comprensión del problema urbano, pero que termina subordinando sus propuestas a la continuidad de un modelo que ha fortalecido la informalidad, alejando a millones de familias de una vivienda adecuada en un entorno urbano seguro, accesible y equipado.
En ese contexto, resulta indispensable exigir mayor claridad sobre las políticas urbanas y de acceso a la vivienda que marcarán los próximos cinco años. Durante la segunda vuelta, los gremios, la academia y los actores vinculados al desarrollo urbano están llamados a impulsar una discusión técnica seria sobre el futuro de nuestras ciudades.
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