Sociología de una renuncia

Necesitaríamos hacer una sociología o una politología del despido del ex ministro de Economía José Salardi para entender por qué el mayor intento de reforma de los últimos años no resistió ni tres meses.

Una lástima, porque Salardi había apuntado a dos problemas críticos que impiden el crecimiento y nos hunden en la pobreza: la sobrerregulación de la economía y la impotencia constructiva, es decir, la imposibilidad de ejecutar obras de infraestructura y la corrupción endémica a ella.

El shock desregulador solo pudo sacar a duras penas un decreto supremo, el de las barreras burocráticas identificadas por Indecopi en el Ejecutivo. El silencio administrativo positivo no vio la luz y el anuncio de un apagón normativo a partir de agosto ya es una ilusión. Para la burocracia, que es una máquina de generar regulaciones, eliminar trabas o requisitos u obligaciones es perder no solo poder sino eventualmente ingresos.

El anuncio de un régimen tributario emprendedor, simplificador y facilitador al estilo del combo formalizador de Elmer Cuba, generó la inmediata reacción de la CGTP, que alucinó una voluntad de arrebatar derechos laborales. El propio ministro de Trabajo se asustó. La sola idea de la desregulación, que supone reimplantar libertad económica para que sea posible crecer, es percibida por esa dirigencia como una amenaza al pequeño poder sindical rentista y vitalicio al que se aferra.

La reforma de Proinversión y las asociaciones público-privadas (APP), aprobada por ley, concentra las decisiones en esa entidad para que los proyectos no demoren lustros en gestarse y empezar a ejecutarse. Una reforma indispensable para recuperar velocidad en la construcción de infraestructura, pero naturalmente chocó con los ministerios, particularmente con el de Transportes (MTC), que no quieren perder el poder decisorio que entraña el poder de coima. No es casualidad que el MTC prefiera los proyectos de gobierno a gobierno (ya suman US$40 mil millones) que son carísimos y no ofrecen operación y mantenimiento, a las APP que son autofinanciadas o cofinanciadas y ofrecen operación y mantenimiento. La ley, naturalmente, será observada.

Y el solo anuncio de la transferencia de 14 programas de obras públicas a la ANIN hizo temblar al enjambre corrupto conformado por ese entramado de intercambios de obras y dinero por apoyo político entre el gobierno y congresistas, gobernadores regionales y alcaldes, en el que se sustenta la precaria gobernabilidad de la presidente.

El fracaso de los intentos de Salardi habla de la medida en que en los últimos años se ha afirmado la naturaleza patrimonialista del Estado peruano, bien instrumentada y alimentada, a la vez, por el clientelismo político. No hay meritocracia ni trabajo por objetivos sociales y nacionales, sino argollas que laboran para su propio beneficio y que aprovechan la debilidad política del régimen. No tenía Salardi un Milei que lo respalde. La presidente ni siquiera fue capaz de convocar a los gremios y partidos para solicitar nombres para un nuevo premier independiente que consolidara la recuperación y levantara la propia legitimidad y aprobación del gobierno. Se refugió en los suyos, en los allegados, en los incondicionales, como si el Estado fuera su hacienda personal y no de todos los peruanos.