Sodalicio: ni colaboración ni contrición, solo impunidad

En una reciente columna publicada en “El Comercio” (14.07.25), el abogado del Sodalicio, Claudio Cajina, respondió a un artículo previo en el que sostuve que su cliente y la justicia peruana tienen una deuda histórica con los cientos de víctimas de esa organización. Dicha réplica, omite elementos esenciales de contexto y contiene afirmaciones que no se ajustan a la verdad.

Coincido en que el debido proceso legal es un pilar irrenunciable en la búsqueda de la justicia. Sin embargo, en el caso del Sodalicio, no existió porque simplemente hubo una negativa sistemática del sistema a procesar y sancionar a los culpables. Desde los años 80 se acumularon decenas de denuncias graves contra miembros de esta organización, las que fueron totalmente ignoradas por el SCV, que, en la casi totalidad de los casos, optó por encubrir a los autores y más bien denostar de las víctimas, denigrándolas al interior de la organización, y sometiéndolas a “tratamientos” para “corregir su debilidad de espíritu”. Las víctimas, reclutadas en su gran mayoría cuando eran menores de edad, quedaron atrapadas en un contexto de poder y control que dificultó —y en muchos casos impidió— que pudieran denunciar a tiempo. Y cuando para algunos fue posible hacerlo, se estrellaron con la indiferencia del Estado.

El Dr. Cajina sostiene que el Sodalicio tuvo una actitud colaborativa, y que gracias a ella y a la información que entregó, “la investigación penal avanzó sustantivamente”. Nada más lejos de la verdad. El SCV y los investigados negaron todos los cargos con versiones tan disparatadas, como que las agresiones y acciones vejatorias a las víctimas fueron actos de disciplina propios de una institución religiosa, llegando a la osadía de señalar que éstas y las llamadas “órdenes absurdas” con las que maltrataban a sus miembros, estaban inspiradas en la espiritualidad jesuita (lo que fue tajantemente negado por un representante de dicha orden).

Desde un inicio, los varios abogados que defendieron a los perpetradores y a la institución que los cobijó y encubrió, lejos de reconocer los delitos cometidos por sus defendidos y ayudarlos a expiar sus conciencias, se opusieron tenazmente a los cargos penales, razón por la que se generaron tantos incidentes procesales y archivos indebidos con los que lograron el tiempo necesario para “ganar” el caso por prescripción.

La información oficial sobre reparaciones, denominada “Informe Final sobre las Reparaciones en el Sodalicio de Vida Cristiana” (2016-2025), difundida en su web institucional, nunca fue auditada ni validada por un ente independiente, y desapareció del acceso público tras la disolución de la organización. Aun si se consideraran ciertos sus datos, éstos no comprenden a la totalidad de víctimas identificadas por instancias previas, ni permiten verificar si las reparaciones fueron proporcionales al grave daño causado, pese a que a estas alturas, conocidos los hechos, resultan claramente insuficientes.

La Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, convocada por el propio Sodalicio en el 2015, modificó su mandato inicial de “esclarecer imputaciones”, y presentó un informe con recomendaciones. Varias de ellas —como la expulsión de Luis Fernando Figari, el reconocimiento de todas las víctimas o la compensación por el sometimiento a actos de servidumbre impuestos— fueron parcial o totalmente incumplidas. Posteriormente, el SCV contrató a un grupo de expertos internacionales, ninguno con experiencia en representación de víctimas, cuyo encargo se enfocó más en la gestión reputacional de la organización contratante que en asegurar justicia.

A la fecha está pendiente una línea de investigación clave: la estructura patrimonial del Sodalicio. Reportajes periodísticos y registros públicos revelan que la organización administró un conglomerado de colegios, cementerios, universidades, inmobiliarias, agroexportadoras y otros negocios a través de empresas gestionadas a través de testaferros, fideicomisos y estructuras corporativas opacas, como entidades offshore, precisamente para evitar ser alcanzadas por la justicia y encubrir su realidad. Según el Dr. Cajina, esto se hizo para proteger el derecho de propiedad de la organización (faltó decir, de un patrimonio cuyo origen legítimo es cuando menos cuestionable). La hipótesis que investiga la Fiscalía y la misión canónica es que parte de ese patrimonio se habría construido aprovechándose de las familias de las víctimas y de beneficios tributarios otorgados por el Concordato entre el Perú y la Santa Sede, y que se habría ocultado mediante esquemas que dificultan su trazabilidad.

Frente a ello, el objetivo debe ser claro: identificar ese patrimonio, congelarlo y destinarlo a la reparación de las víctimas si se comprueban irregularidades.

Acierta el Dr. Cajina cuando sostiene que ninguna reparación puede sanar el daño causado por su cliente, menos cuando éste ha tenido una actitud esquiva, negacionista y entorpecedora de la justicia. Un proceso justo ampara el derecho a la defensa, pero exige también el respeto al derecho de las víctimas y una conducta procesal leal de parte de los imputados.

El escándalo del Sodalicio es un hecho de la realidad generado por la propia organización que decidió abusar y perjudicar el proyecto de vida de cientos de adolescentes y jóvenes que creyeron en su falso apostolado.

Nos hubiera gustado escuchar la misma enérgica defensa del honor e inocencia de los perpetradores, cuando se habla de las víctimas de un abuso sistemático, destructivo y alevoso, por haberse realizado sobre niños y adolescentes cuyo único pecado fue creer en la prédica religiosa de quienes se arroparon tras el SCV para lograr sus perversos y lucrativos objetivos. La única demolición sin garantías ni defensa en este caso ha sido la de las víctimas de ese abuso.

Es fácil pedir profundidad, equilibrio y respeto, cuando no se ha vivido el trauma del dolor producto del ultraje sistemático ni se padece diariamente el daño emocional de una vida perjudicada. En estos casos, gritar, y hacerlo fuerte, no es un acto de justicia, es un derecho. Así lo ha estimado nada menos que el representante de Dios en la tierra.