En su columna publicada en El Comercio, el Dr. José Ugaz aborda el caso del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV) desde una legítima preocupación por los derechos de las víctimas. Como abogado que acompañó al SCV en los procesos internos de investigación y reparación, considero que su análisis contiene algunas imprecisiones que conviene aclarar para evitar una visión sesgada sobre uno de los casos más complejos que ha afrontado la Iglesia Católica en el Perú.
En cuanto a las reparaciones, y a diferencia de lo que el Dr. Ugaz afirma, el Sodalicio sí publicó datos oficiales sobre los casos y montos: entre el 2017 y el 2025 se atendieron 98 solicitudes, muchas con acompañamiento terapéutico. Se destinaron más de US$6,49 millones en indemnizaciones, tratamientos psicológicos, asistencia legal, educación y vivienda, siguiendo estándares internacionales, con asesoría de especialistas externos como la organización española Eshmá y el irlandés Dr. Ian Elliott.
La investigación penal avanzó sustantivamente gracias a la información proporcionada por el SCV, que desde el 2016 encargó una evaluación integral a expertos como Kathleen McChesney, exsubdirectora ejecutiva del FBI y especialista en abusos y encubrimientos en la Iglesia. Los resultados fueron entregados a las autoridades civiles y eclesiásticas, y difundidos públicamente.
En todas las investigaciones, el SCV mantuvo una actitud colaborativa y entregó documentación para esclarecer hechos, identificar responsables y defender a quienes eran injustamente señalados. En la investigación penal, el Ministerio Público dispuso su archivo hasta en seis oportunidades por insuficiencia probatoria y prescripción, decisión confirmada por un fiscal superior. Aun así, el SCV continuó entregando documentación en investigaciones internas, facilitando el trabajo fiscal.
El Dr. Ugaz sostiene que “la justicia peruana no ha cumplido con su responsabilidad”. Si bien hay limitaciones estructurales, el Ministerio Público siempre contó con colaboración institucional. No hubo encubrimiento ni obstrucción, y muchas de las denuncias actuales se originan o nutren de información entregada por el SCV. Los hechos investigados ocurrieron, en su mayoría, entre los años 70 y 90. Esto impone límites legales para su judicialización, pero no impidió al SCV impulsar mecanismos de evaluación ética y reparación.
En relación con la investigación por presunto lavado de activos, se trata de una investigación preliminar en la que aún no se ha acreditado la comisión de delito alguno. Confundir una hipótesis incipiente con una declaración de culpabilidad vulnera principios básicos del Estado de derecho, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la protección del derecho de propiedad. Estos principios deben ser respetados incluso en contextos marcados por alta sensibilidad mediática.
Ugaz afirma que el SCV controlaba una “red de negocios” con entidades jurídicamente independientes. Aboga por “identificar ese patrimonio, congelarlo y destinarlo a la reparación de las víctimas si se comprueban irregularidades”. Aquí también, los derechos fundamentales –como el derecho a la propiedad– deben ser respetados: ¿con qué justificación se congelaría un patrimonio ajeno al SCV?
Ninguna reparación puede sanar el daño causado. Pero tampoco pueden ignorarse los esfuerzos emprendidos, aun con limitaciones y errores. La justicia exige reconocer el derecho a un proceso justo. Incluso tras la supresión del SCV, sus miembros conservan su derecho al honor y a la presunción de inocencia frente a imputaciones sin prueba ni oportunidad de defensa.
Debemos distinguir entre el escándalo como realidad y como herramienta. Lo primero debe sancionarse. Lo segundo se convierte en instrumento de demolición sin garantías. El Dr. Ugaz recuerda la deuda con la justicia. Pero también hay una deuda con el Estado de derecho: la de sostenerlo incluso cuando las emociones claman venganza.
La verdadera justicia no es la que grita más fuerte, sino la que actúa con profundidad, equilibrio y respeto por los derechos de todos.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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