Tronco torcido

Desde 2016 hasta el presente año, el Perú ha tenido más de siete presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y el recientemente destituido José Jerí, quien estuvo no más de cinco meses en el cargo. El Congreso peruano, amparándose en interpretaciones legales sobre “incapacidad moral”, ha recurrido de manera reiterada a mecanismos de destitución presidencial, convirtiéndose así en el principal actor en la interrupción de los mandatos presidenciales en este periodo.

Al respecto, diversos actores políticos y mediáticos sostienen que este Congreso concentra un alto nivel de poder y que, en la práctica, parece no tener límites.

Los límites siempre establecen orden. En las relaciones personales generan respeto; en las relaciones entre Estados delimitan la soberanía evitando intromisiones indebidas. Y en el plano político, por supuesto, es fácil distinguir cómo la ausencia de límites deriva en abuso de autoridad y crisis de gobernabilidad.

La teoría es conocida, pero cuando en la aplicación no hay firmeza para establecer límites a tiempo se genera el riesgo de quedar atrapados en situaciones de abuso que, una vez consolidadas, resultan muy difíciles de transformar. Como advierte el dicho: “árbol que crece torcido, su tronco no endereza”.

Como bien lo ilustra la metáfora: un tronco torcido, ya endurecido con el tiempo, difícilmente puede enderezarse sin quebrarse. De igual forma, cualquier desequilibrio que no se corrigen desde el inicio terminan por consolidarse. En el caso peruano, son ya diez años de rotación presidencial acelerada; es mucho el tiempo que evidencia una inestabilidad persistente, marcada por la falta de límites claros entre los poderes del Estado.

Irónicamente, la idea del Estado de Derecho surgió hace siglos como respuesta a experiencias caracterizadas por la concentración y el ejercicio arbitrario del poder. Distintos pensadores comprendieron que no era razonable confiar en las personas en liderazgo, pues hasta el más bondadoso puede cambiar cuando no existen límites. A partir de esta premisa, se planteó un diseño institucional en el que el poder no fuera absoluto, sino distribuido, limitado y contenido por reglas. De esta lógica surge el fundamento del Estado de Derecho, sobre el cual se apoyan las democracias contemporáneas.

Lamentablemente, en estos días la democracia muestra signos de deterioro, y esta realidad se refleja en diversos contextos de América Latina, donde el caso del Perú resulta especialmente ilustrativo.

Desde el punto de vista constitucional, nuestro país tiene un sistema de control entre poderes del estado; sin embargo, los controles sobre el Congreso son predominantemente políticos y carecen de contrapesos técnicos o institucionales que limiten su actuación de manera efectiva.

Desde una perspectiva de gestión, este problema puede entenderse como una desconexión entre la capacidad operativa y los mecanismos de control propios de una buena administración. En cualquier organización, la falta de sistemas efectivos de supervisión y evaluación genera desequilibrios que afectan su funcionamiento, algo que cualquier administrador reconoce con facilidad. En el plano político ocurre algo de manera similar: cuando el poder legislativo ejerce sus funciones sin contrapesos eficaces, se produce desorden y no se avanza de manera eficiente.

Cuando un diseño, ya sea constitucional, institucional o incluso social, se altera o se amplía más allá de su intención original, surgen desequilibrios difíciles de corregir. Así lo demuestra el caso peruano: Desde 2016 se inició una dinámica de destituciones que no se ha detenido, en un escenario donde las mismas fuerzas políticas continúan concentrando poder y proyectan mantenerse en él.

El Perú es, en teoría, un Estado de Derecho. Sin embargo, cuando el Poder Legislativo puede remover al Ejecutivo con tanta facilidad, el poder deja de estar realmente limitado y se abre paso la inestabilidad. En este sentido, el pensador francés Montesquieu, uno de los principales teóricos que sentaron las bases del Estado de Derecho, explicó que no basta que exista la separación de poderes: es indispensable que exista un equilibrio real entre ellos.

La naturaleza habla por sí misma, y lo hace sin palabras. Cada detalle de la creación sigue un diseño original perfectamente delimitado, donde nada parece dejado al azar; los límites son claros e inherentes, tal como lo refleja un texto bíblico bastante representativo que indica que: “se puso arena por límite al mar, por Decreto Eterno que no se puede traspasar. Y aunque las olas se levanten, no prevalecerán; bramarán, mas no lo pasarán”.

Las fuerzas más poderosas de la naturaleza dependen de límites claros para mantener un orden y evitar el caos. Y lo que vemos en lo natural suele tener un significado profundo. El mundo físico puede ser un espejo de la realidad de distintos ámbitos. Y sobre este caso puntual, es claro que, en la política, en la vida personal y en lo social, la ausencia de restricciones efectivas genera desequilibrio e inestabilidad, como ocurre actualmente en nuestra realidad nacional.

Nuestro país se ha convertido en uno de los casos más extremos de inestabilidad presidencial en la región. Mientras otras naciones de Latinoamérica han enfrentado destituciones ocasionales, el ritmo y la frecuencia de los cambios en Perú destacan por su rapidez y persistencia. Desafortunadamente, cada destitución tuerce más el “tronco democrático”, que “no fue diseñado para estar doblado sino para sostener con firmeza”. Recordemos que la democracia tiene un diseño pensado para garantizar estabilidad, límites y control.